El abogado Rodrigo Román junto a Héctor Llaitul el conversatorio "Operación Huracán, montaje y criminalización de la Causa Mapuche", en 2018.
Aton / Archivo.
La jornada de hoy jueves se desarrollará el control de detención de
Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien la tarde de este miércoles fue detenido por personal de la PDI en la comuna de Cañete y posteriormente trasladado a un cuartel de la institución en Temuco.
Según informó la Fiscalía de La Araucanía, la detención se dio en el marco de una investigación desarrollada por Ley de Seguridad del Estado, por una denuncia que se realizó en 2020. Más tarde, en un punto de prensa desde La Moneda, la ministra del Interior, Izkia Siches, agregó que "las querellas que han materializado esta detención son producto de la acumulación que existe desde 2020 a la fecha, y que incorpora las acciones que ha hecho nuestro propio Gobierno".
Lo anterior, en alusión a que el pasado 27 de julio, el Gobierno de Gabriel Boric amplió las querellas contra Llaitul relacionadas a violencia en la Macrozona Sur.
El líder de la CAM declinó tener un abogado de la Defensoría Penal Pública, puesto que contaba con su propio representante. Según conoció Emol, será el abogado penalista Rodrigo Román, quien ya lo defendió en el pasado en el contexto de la llamada "Operación Huracán" y aseguró que se trataba del "montaje más rasca desde el regreso a la democracia".
Román además es conocido por su intención de ser candidato a diputado por el distrito 21 (Providencia y Ñuñoa) en 2013, opción que entonces era apoyada por el Partido Igualdad.
El jurista es integrante de la Defensoría Popular, quien ha participado en diversas causas ligadas al estallido social y defensa de los llamados "presos políticos de la revuelta". De hecho, el pasado 1 de julio, en una declaración de la Defensoría Popular, donde se ve a Román, critican que habían pasado "más de 100 días del Gobierno transformador que en campaña prometió la liberación de los presos políticos, al punto de celebrar un acto de campaña en el CDP Santiago 1".
"Luego de poco más de 15 años de existencia, seguimos en la hermosa tarea de defender a las y los que luchan por un mundo mejor; a las disidencias, a los perseguidos y criminalizados por el Estado. Dentro de dicha tarea, sin perjuicio del papel que nos ha correspondido en el conflicto entre en Estado de Chile y el pueblo-nación mapuche, nos ha correspondido desarrollar diversas defensas de presos políticos de la revuelta", señalan desde la Defensoría.
El pasado 18 de mayo, Román solicitó a la Contraloría -por encargo de Llaitul- una fiscalización al Ministerio del Interior, por un presunto intento de enlodar su nombre. "Se habría realizado una actividad de propaganda fallida, que consistía en cambiar o modificar la biografía del peñi Héctor Llaitul, en esta plataforma conocida como Wikipedia", señala Román en un video.
El jurista también es conocido por lanzar constantes dardos contra la Fiscalía y la PDI, tal como ocurrió en 2020, luego que B.E.S.M. y Daniel Morales quedaran en libertada por el 7° TOP de Santiago tras pasar un año en prisión tras pasar un año acusados de coordinar e incendiar la estación Pedrero del Metro de Santiago, durante el estallido social. "Todo se basó en un montaje urdido y armado por la Policía de Investigaciones de Chile, sobre la base de un video cuyos autores y orígenes de las cámaras no se llegó nunca a conocer", acusó Román en un video.
Sin embargo, en 2021, el caso tuvo un revés y aunque Román presentó un recurso de nulidad, la Corte Suprema lo rechazó y ratificó la sentencia de cinco años de internación provisoria en régimen cerrado y semicerrado para B.E.S.M. "Se consolida la criminalización y el Estado policial en Chile", fueron parte de las reacciones que dio entonces Román a Radio Universidad de Chile. Además, anunció una denuncia a los jueces ante organismos internacionales.
En febrero de 2021, el abogado representó a la familia de Francisco Martínez, en el marco del llamado "caso Panguipulli", luego que el joven falleciera como resultado de disparos de un funcionario de Carabineros. Román puso una querella por homicidio calificado, sin embargo la causa fue cerrada y el carabinero fue sobreseído luego que la justicia determinara que hubo legítima defensa.
En 2017, el jurista también representó a parte de los imputados en el caso Luchsinger Mackay, donde afirmó que "el único resultado posible a nuestro juicio va a ser un veredicto absolutorio, toda vez que el Ministerio Público, derechamente, no tiene pruebas y los querellantes particulares tampoco". Además, planteó que los once imputados en el juicio eran parte de una estrategia de "criminalización de las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche".
También fue defensa del werkén Daniel Melinao, acusado por la muerte del carabinero Hugo Albornoz, en 2013. Tras su absolución, Román dijo a CNN que el comunero tuvo que afrontar un caso "infundado" y un "montaje policial". Asimismo, defendió a Mónica Caballero en el contexto del "caso bombas", una de las imputadas del ataque explosivo registrada en la Basílica de Pilar de Zaragoza en octubre de 2013.
