Parlamentarios del oficialismo defendieron este miércoles a la ministra de Justicia,
Marcela Ríos, en medio de las críticas que ha recibido por el acuerdo alcanzado la semana pasada entre
Gendarmería y un grupo de
presos mapuche que se encontraban en huelga de hambre en la
cárcel de Angol, Región de La Araucanía.
En el acuerdo, se acogió la solicitud de los huelguistas de trasladar a tres reos al Centro de Educación y Trabajo (CET) de la misma ciudad, hecho por el que la oposición está evaluando presentar una acusación constitucional en contra de la titular de Justicia.
Al respecto, la diputada de origen mapuche Ericka Ñanco (RD), quien representa a La Araucanía, calificó el anuncio de Chile Vamos de "triste espectáculo". "No tiene que ver con hacerse de un conflicto histórico en el Wallmapu. Sino más bien tiene que ver con esa necesidad de farandulizar la política, y no necesitamos farándula, necesitamos política", afirmó la parlamentaria.
Según dijo, "es por eso que valoramos la decisión de Gendarmería de poder llegar a un acuerdo histórico con una autoridad ancestral como lo es un lonco. El traslado de los presos de la cárcel de Angol no tiene que ver con privilegios, tiene que ver con derechos, derechos intrapenitenciarios que todo reo tiene y necesita".
Una mirada similar manifestó su par Lorena Fries (Ind-AD), quien afirmó que "esto no es novedad, en términos de que por lo menos desde el 2010 que yo tengo conocimiento de las huelgas que realizan personas mapuche condenadas, siempre han solicitado estar en CET en función del Convencio 169".
"Yo misma en mi calidad de directora del INDH promovía esos traslados. Por supuesto que condeno que esto se haga en un clima de amenaza al alcaide de la cárcel de Angol. Eso no debiera ocurrir. Los presos tiene derecho a hacer huelga y a tratar de poner sus demandas sobre la mesa, y la autoridad podrá convenir o no en esas demandas", complementó.
A su juicio, "estas son decisiones técnicas que poco tienen que ver con la ministra de Justicia. Por lo tanto se toman en función de la normativa vigente. Me parece que la ministra de Justica no tiene responsabilidad política en esto en el sentido de que se trata de decisiones técnicas que toma diariamente Gendarmería en materia de traslado de personas".
En tanto, el diputado PS, Raúl Leiva, se mostró abierto a invitar a la ministra Ríos a alguna comisión de la Cámara, aunque descartó "absolutamente que tenga algún tipo de responsabilidad constitucional que amerite siquiera intentar una acción de esa naturaleza".
"Esta es una decisión de Gendarmería que se adoptó y claramente en época electoral tratan de escalar las problemáticas eventuales. Pero la ministra Ríos no ha tenido en caso alguno incumplimiento legal o comprometido de manera alguna lo que dice relación con su cargo.
Así como sucede a nivel de presidencia, también a nivel de ministerios, cada ministro o ministra tiene que evaluar constantemente el quehacer y el cometido de sus funcionarios", puntualizó Leiva.
Los reproches se generaron luego de que se dieran a conocer los detalles del pacto, el cual fue obtenido después de que los reclusos iniciaran una huelga de hambre que se prolongó por 27 días, a lo cual se sumó un ataque incendiario contra un parque eólico en el que se dejaron pancartas con amenazas al alcaide de ese recinto penitenciario.
A esas medidas de presión se sumó la visita que realizó al penal un grupo de comuneros junto al lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, Victor Queipul, quienes habrían permanecido desde las 9 de la mañana hasta la madrugada del jueves pasado.
