Más de veinte años han transcurrido desde que Héctor Llaitul Carillanca irrumpió como uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), haciéndose conocido por su vinculación a diversos ataques en la macrozona sur. De hecho, la de ayer es una más de la serie de detenciones que ha enfrentado por incitar a la lucha armada.
La primera vez que aparece en los medios es en enero de 2001, cuando es detenido por participar en un incendio de la hacienda Lleu-Lleu, Tirúa. Sin embargo, ya en 1999 existían reportes que lo identificaban como
"comandante Héctor" dado su pasado como militante del FPMR. Así fue llamado tras un enfrentamiento con la policía en Traiguén.
Tras ser sorprendido en Tirúa, también se dio cuenta de que ya poseía antecedentes judiciales, tras haber sido procesado en Valparaíso por desórdenes en manifestaciones estudiantiles en 1987. En esos días,
se le denominó como el jefe operativo y militar de la CAM, y ya tenía a cuestas un proceso por asociación ilícita en Cañete.
Tras conocer el calificativo de "comandante", el entonces subsecretario del Interior, Jorge Burgos, desestimó la preparación militar de Llaitul, asegurando que "este señor que se identifica erróneamente como comandante militar, dando a entender que tiene armas militares, fue detenido quemando potreros".
En 2001, Llaitul, asistente social, con estudios en la Universidad de Concepción, fue condenado a 541 días de cárcel en pena remitida por maltrato de obra a Carabineros, con resultado de lesiones leves, tras los incidentes del 26 de enero de ese año en Lleu Lleu. En medio del cumplimiento de esa pena, siguió en actividad.
De hecho, el 9 de mayo de 2002 fue detenido por la policía de la provincia de Arauco por su vinculación al ataque incendiario del 15 de abril de ese año a dos camiones en la zona de Tirúa. Fue puesto a disposición de la Fiscalía Militar de Lebu, en un proceso por porte y tenencia ilegal de armas.
El 21 de mayo de ese año, la Corte Marcial de Santiago le otorgó la libertad bajo fianza. En tanto, los conductores afectados por el ataque incendiario - uno de ellos perdió un ojo- solicitaron al Juzgado del Crimen de Cañete investigar la participación de Llaitul en dicho hecho. Entablaron una querella criminal por conductas terroristas.
Su última detención ocurrió en 2003, pero fue dejado en libertad. Desde ese momento, fue declarado prófugo de la justicia por años, hasta que en febrero de 2007 fue capturado. Durante esos años, el activista nunca dio entrevistas a la prensa y se advertía que era peligroso acercarse a él porque andaba armado.
Sus primeras declaraciones
Llaitul se habría ocultado en comunidades indígenas en el límite de las regiones del Biobío y La Araucanía. Tras ser encarcelado, inició una huelga de hambre que se extendió por 57 días. Ese año, dio su primera entrevista a The Clinic, en donde dio luces de su ideario político y de los objetivos de la CAM.
Sobre el conflicto mapuche, Llaitul acusó al Estado "defender los intereses de los empresarios que hoy ocupan el territorio mapuche.
Eso implica barrer con todo lo que esté contra esos intereses", junto con advertir que sus acciones no son "otra cosa que la protesta del mapuche en defensa de su territorio".
"No hay voluntad política real y
un ejemplo de eso es la militarización del territorio Wallmapu. Sin embargo, reconocemos que hay sectores del PS que estarían más llanos a buscar una solución, con una actitud más progresista, porque les conviene como validación", indicó.
En esos días, planteó la necesidad de crear "una mesa política donde se discuta la Ley Antiterrorista y ésta se deje de aplicar no sólo en el caso de los 11 comuneros condenados a diez años y un día. Una vez resuelto eso, debe abordar el tema de la militarización del territorio".
En enero de 2008, Llaitul puso fin a la huelga, en la que perdió 26 kilos. Tras ello, su esposa, Pamela Pessoa, comentó que "al parecer lo único que pueden conseguir son algunos beneficios carcelarios menores por los que no valía la pena que se siguiera deteriorando". En junio de ese año, el juez Juan Guzmán asume su defensa.
Ese mismo mes fue absuelto. Tras la decisión, Llaitul explicó que guardaría un bajo perfil, porque "me persiguen por lo que digo, no por lo que hago, es una persecución ideológica (...) estoy feliz de haber obtenido la libertad, pero debo tener cuidado con las declaraciones que haga".
Tras ello, dio una nueva entrevista a The Clinic, en la que explicó que el concepto de control territorial. "Por ejemplo, que en una disputa con un latifundista, que él se tenga que retirar a la buena o a la mala y nosotros nos hagamos cargo. Tenemos órganos de resistencia que permiten el control territorial".
"Si vamos a recuperar diez metros de tierra, o una hectárea o mil, tenemos que ver qué hacer con ese espacio", añadió, junto con destacar que en el caso de que en una comunidad se cometa un crimen no entre un fiscal. "Sería lo ideal. Pero ya tenemos espacios donde el ejercicio del poder estatal y winka no tiene lugar".
Consultado de dónde están esos espacios, indicó que "puede ser Traiguén, puede ser Tirúa, puede ser Lleu Lleu, en donde a la gente le pueden robar un animal y nosotros ejercemos justicia. No permitimos que llegue la policía o el tribunal. Eso es control territorial".
"Ahora no cualquiera puede entrar cuando recuperamos territorio, ya sea por la vía legal, semilegal o ilegal. Nuestro ideal es que todo transite en el marco de rebeldía, fuera de la institucionalidad, que la resolución no venga del Estado, porque eso genera la inviabilidad de un proyecto autonomista", dijo.
"Construimos un proyecto de rearticulación a partir de la confrontación con el Estado, porque sabemos que pasa por eso. Esto no se resuelve con diez predios a diez comunidades. Esto se resuelve con la recuperación del territorio histórico. Y ése es un gran objetivo estratégico", recalcó.
"La CAM tiene un visión de construcción que se sigue proyectando en los conflictos territoriales (…) eso significa estar en la lucha contra las forestales y en los conflictos. Por eso reivindicamos la lucha en choque contra campamentos, guardias paramilitares y carabineros".
"Y vamos a reivindicar otros procesos de lucha contra cualquier otro tipo de inversión capitalista territorial. No vamos a permitir la entrada de inversiones, sean geotérmicas, hidroeléctricas, forestales o mineras. La CAM va a estar ahí".
Sobre su pasado en el FPMR, comentó que "primero fui parte de la resistencia, de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez del MIR. Y cuando el Frente se autonomiza, paso a integrarlo, por el giro estratégico que asume en 1988, con la Guerra Patriótica Nacional, bajo la dirección del comandante José Miguel (Raúl Pellegrín). Fue de las mejores experiencias de mi vida. Era jovencito, lleno de ansias de luchar. Militante muy consciente y disciplinado".
En esos meses volvió a estar prófugo. En ese periodo, se dio tiempo de dar una charla a rostro descubierto en la Universidad de la Frontera de Temuco, donde destacó que "cualquier esfuerzo es válido" para la causa mapuche: "visitar a los presos, ir a las marchas, escribir algo. Y si en una de esas sale un weichafe (guerrero), mucho mejor".
El 15 de julio 2009 cae preso nuevamente, tras ser acusado de perpetrar un atentado contra el fiscal que investiga con dedicación exclusiva los delitos vinculados al conflicto en la Región del Biobío, Mario Elgueta. A fines de ese año, el 3 de noviembre, ofreció abrir un diálogo con el gobierno de Michelle Bachelet.
En declaraciones a agencias extranjeras, Llaitul señaló desde la cárcel El Manzano de Concepción, que "estamos dispuestos a sentarnos a dialogar por territorio y autonomía (…) no estoy de acuerdo con la quema de camiones", agregó junto con definir como "estúpido" lanzar piedras contra los buses que transitan por la 5 Sur.
"Necesitamos ideas fuerza, no armas", enfatizó, además de acusar que "las principales forestales del país, Mininco y Arauco, constituyen un monopolio u oligopolio", en poder de grupos económicos "que poseen cinco veces más tierras que todo el pueblo mapuche".
En agosto 2010 inició otra huelga de hambre. Al respecto, señaló que "se han agotado todas las otras instancias para reclamar justicia, en nuestro caso, para acceder a un procesamiento justo, a un debido proceso. Es lo último que podemos hacer para manifestarnos, nuestro cuerpo es lo único que nos queda para protestar".
"Todas las instituciones buscan chilenizarnos. ¡Si nosotros no somos chilenos! Nunca ha existido un reconocimiento de esto, salvo en tiempos de la Corona Española. Hoy lo que se persigue es integrarnos o bien aniquilarnos como cultura, como nación, que dejemos de ser lo que somos", acotó.
En septiembre de 2010, otorgó una entrevista al Diario El Sur, en la que reiteró que "nosotros somos los más interesados en que se abra un diálogo y agradecemos a la Iglesia en su llamado a que éste se concrete: entonces la palabra la tiene el Gobierno. Pero dejamos en claro que no terminaremos nuestras demandas hasta no obtener garantías reales que nos permitan un juicio justo, porque eso es lo que queremos".
Carta a la ONU
El 21 de septiembre de 2010, en medio de la presencia del Presidente Sebastián Piñera en la Asamblea General de la ONU, Llaitul envió una carta al secretario general del organismo, Ban Ki Moon, en la que le pidió interceder en el conflicto mapuche.
"El pueblo mapuche es un pueblo originario que aún existe en gran parte del sur de Chile y en menor medida en la parte oeste de Argentina (...). Históricamente hemos sido despojados de nuestro territorio histórico y ancestral, cuestión que nos mantiene en un estado de opresión y pobreza", relató en la misiva.
A su juicio, "esa situación no ha variado en nada en el último tiempo, ya que en las últimas décadas los sucesivos gobiernos chilenos continúan aplicando políticas de represión y dominación al Pueblo Nación Mapuche (...) con las consecuencias de persecución, prisión y muerte de muchos comuneros".
Según Llaitul, los procesos de "recuperación de tierras" nacen a raíz de "la pobreza y discriminación, secuelas del despojo político y territorial del que somos objeto". Sobre la situación de los huelguistas, indicó que no existen garantías de un debido proceso y que la ley antiterrorista "posee aberraciones jurídicas como la utilización de testigos sin rostro".
"Los mapuches no somos terroristas, somos luchadores sociales (...) que no aplicamos violencia política desmedida, nuestra lucha es sólo defensiva (…) apelamos a su alta investidura y a la organización que usted representa a que vea nuestra realidad, al menos ésta, desde la arista de la prisión política y de la movilización que drásticamente estamos asumiendo".
En la carta, Llaitul pide que la ONU se pronuncie sobre los siguientes puntos: "Pedir al gobierno chileno que respete los derechos políticos y territoriales de los mapuches. Se recomiende al Estado chileno no aplicar la justicia militar ni la ley antiterrorista a mapuches que se movilizan y luchan por defender y recuperar sus tierras. Exigir al gobierno a que dé garantías para un debido proceso a los mapuches".
Nuevas huelgas de hambre y libertad condicional
Si bien la defensa de Llaitul intentó por diversas vías revertir la sentencia en su contra, en junio del 2011 la Corte Suprema confirmó el fallo, aunque rebajó su pena a 14 años de presidio. En respuesta, Llaitul, junto a otros comuneros presos, inició nuevas huelgas de hambre, algunas que se extendieron por más de dos meses. Producto de esto sufrió varias descompensaciones que lo obligaron a ser derivado a centros asistenciales.
En ese entonces, desde la cárcel, reiteró parte de su mensaje. "No somos terroristas, porque no hemos matado a nadie, sino que planteamos la resistencia mapuche frente a la injusticia histórica, por eso hemos defendido los rehues, los guillatuwes y la comunidad. La lucha tiene que ver con la tierra, el itrofill mogen (diversidad de vidas) y la identidad", afirmó.
Llaitul se mantuvo cautivo hasta mayo del 2015, cuando se le otorgó el beneficio de libertad condicional al haber cumplido la mitad de su pena. Tras salir de la cárcel, entregó sus primeras impresiones a Radio Universidad de Chile, donde criticó el proceso llevado a cabo en su contra, acusó una criminalización por luchar por sus demandas y enfatizó que seguiría participando en la causa mapuche.
"Yo soy un militante de la causa, tengo mi visión sobre una forma de entender este proceso, estoy dentro de los mapuche autonomistas y voy a seguir dando curso a estas convicciones y lo que pienso en la medida que lo requiera, tanto mi organización como el movimiento mapuche", enfatizó al citado medio.
Operación Huracán
Tras recibir el beneficio carcelario, Llaitul inició un proceso de "reinserción" y retornó a Tirúa, según él mismo señaló en distintas entrevistas, a fin de articular nuevamente el accionar de la CAM. De hecho en junio del 2016 relató a Mapuexpress que la idea era darle continuidad "al proceso emprendido, a pesar se las nuevas medidas que apuntan a la militarización y agresión hacia el pueblo mapuche".
"Considerando que la lucha de nuestro Pueblo- Nación es básicamente de orden territorial y autonómica, de la reivindicación de ciertos territorios hoy en manos principalmente de las forestales. Esa situación concreta es la que ha creado todo un cuadro de confrontación con el empresariado forestal. Nosotros siempre hemos sostenido que nuestra lucha es en contra de esa porción capitalista y jamás en contra de los trabajadores", subrayó.
Durante ese período, el líder de la coordinadora brindó una serie de entrevistas y charlas defendiendo las acciones de la CAM, hecho por el que el Gobierno de Michelle Bachelet ingresó una de querella en su contra por Ley de Seguridad Interior del Estado.
Aquella Administración presentó el recurso por los dichos de Llaitul donde indicó que "para nosotros el tema de la autonomía es un tema de lucha política y de lucha concreta hoy día, o sea, nosotros no podemos plantearnos la autonomía si no tenemos una base territorial donde ejercer la autonomía; por lo tanto, es ahí donde se genera un punto de inflexión en la relación con el Estado, que es de antagonismo, que es de confrontación, y que nosotros hoy día, de alguna forma, desarrollamos como planteamiento del weichan, de la guerra mapuche contra el Estado chileno".
Eso, hasta que en septiembre del 2017 fue nuevamente detenido, junto a otros siete comuneros, incluido su hijo. Se les acusaba de asociación ilícita y de haber perpetrado atentados incendiarios en la macrozona sur, en la famosa "Operación Huracán". Tras la formalización, todos quedaron en prisión preventiva en cárceles de Concepción, Valdivia y Angol.
Sin embargo, sólo 25 días después la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y liberó a Llaitul y al resto de los presos, ya que los magistrados consideraron que existía una falta de fundamentos que justifiquen la participación de los imputados en los hechos indagados por el Ministerio Público.
Y para peor, en enero del 2018 el Ministerio Público informó que había descubierto que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado pruebas para incriminar a los detenidos, mediante la intervención de mensajes telefónicos, hecho por el que se abrió una investigación en la institución policial y que incluso terminó con la renuncia del general Gonzalo Blu.
Reivindicaciones y última detención
Ya en los últimos años, en medio del recrudecimiento del conflicto en el sur y del aumento de los hechos de violencia, Llaitul nuevamente reivindicó atentados perpetrados en la zona, aunque se mostró abierto al diálogo con el Estado chileno.
"Siempre hemos sostenido que estamos con una disposición a establecer algún diálogo en búsqueda de una solución política a un nivel correspondiente porque tenemos razones de fondo, que son históricas", afirmó el año pasado en entrevista con la agencia de noticias EFE.
En ese contexto, en julio del 2021, mientras la macrozona se encontraba bajo estado de excepción constitucional, se informó sobre la presunta muerte del hijo de Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, en un enfrentamiento con la Armada. No obstante, finalmente se confirmó que el fallecido era otro comunero, Pablo Marchant.
"Pablo vivía en mi casa, es un militante nuestro, murió combatiendo, por lo que lo vamos a reivindicar. Una ORT de la CAM que se llama Lafkenche-Leftraru, en una acción de sabotaje a la forestal Mininco a una faena custodiada por Carabineros, desarrolló una acción de sabotaje, en ese contexto Carabineros se enfrenta a los weichafe y resultan heridos dos weichafe, uno abatido en el lugar y otro que está arrancando por los cerros herido, esa es la situación. Se hizo suponer que era mi hijo, pedimos todas las gestiones posibles poder visitar el cuerpo para identificarlo. Fuimos y tenía deformado el rostro por los tiros o tal vez le dispararon después, no lo sabemos. Estamos consternados por la caída de un weichafe destacado la CAM, Pablo Marchant", expresó aquella ocasión al medio Interferencia.
Posteriormente, y aunque se creía que la llegada al poder del Presidente Gabriel Boric podía ayudar a destrabar el conflicto, el diálogo entre ambas partes no prosperó y Llaitul sumaría dos nuevas polémicas.
La primera, tras llamar a un "levantamiento armado" luego de que el Gobierno anunciara la creación de un estado intermedio para la Macrozona Sur. "Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. La expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric. A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada, por la autonomía, por el territorio y autonomía para la nación mapuche", manifestó.
Luego, se añadiría una declaración que realizó en junio, pero que recién en agosto se conoció, donde reconoce el robo de madera de parte de la CAM. "Efectivamente recuperamos madera, pero no somos parte de las mafias del robo de madera, ese es otro tema. Nosotros recuperamos esa madera para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo Mapuche, tener los fierros (armas) y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante", expresó.
Estos dichos causaron rechazo generalizado en el mundo político, donde pidieron al Gobierno tomar acciones. Al respecto, se decidió ampliar una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado presentada contra Llaitul en 2020, la que en definitiva derivó en su detención ayer miércoles en Cañete.
