"Las críticas a la propuesta no deben transformar en virtud lo que tenemos".
Luis Cordero —abogado, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile y agudo columnista— repetirá la frase varias veces. Ella bien resume su aproximación al debate constitucional: la de quien, convencido de la necesidad de este proceso y de los puntos que estima positivos en el texto, no renuncia ni a ejercer su capacidad cuestionadora ni a intentar sacar lecciones de lo vivido.
—En mayo usted escribió una columna muy crítica de la Convención, que hablaba de "confianzas rotas". ¿Recuperó la confianza después de que se entregó el texto final o siempre quedó algo roto ahí?
—Hay confianzas que terminaron rotas por varias razones. Y en algún sentido, parte de lo que hoy señalan las encuestas da cuenta de que esa confianza no fue posible recuperarla. Cuando uno mira el texto, los temas que aborda, son debates que tenemos en Chile hace 30 años. De hecho, aunque algunos convencionales crean que están comenzando un nuevo Chile, en verdad es una discusión en la que algunos temas vienen ya desde la administración Aylwin. El proyecto toma todos esos temas y los releva a la vez. Entonces, la sensación de que estás moviendo todo al mismo tiempo te genera ciertos niveles de incertidumbre y de temor que me parecen legítimos. En un contexto de esas características, generar confianzas requería no solo de empatías internas, sino que también de una comprensión de lo que estaba sucediendo afuera. Porque el proyecto de nueva Constitución no triunfaba solo teniendo dos tercios al interior de la Convención; su triunfo de verdad está en el plebiscito. En algún sentido, uno no solo debía preocuparse de lo que dice el texto; los contextos son relevantes también. Y a veces en el derecho, no solo en la política, el contexto lo es todo.
—¿Es posible separar la obra de los autores? ¿Es realista pedírselo a los votantes?
—Valentín Letelier lo decía más o menos así: las leyes no son lo que dice su letra, las leyes no son lo que dice su historia, las leyes son lo que dice su aplicación. Lo que está diciendo es que la aplicación del derecho, en este caso la aplicación de la Constitución, inevitablemente en algún momento se va a separar de sus autores. ¿Y por qué tiene que separarse? Porque es la única manera en que la interpretación constitucional logre cierta progresividad. Si uno mira la propia Constitución del 80, en su aplicación por la Corte Suprema se ha separado de sus autores en varios ámbitos, como medio ambiente y seguridad social.
"Ahora, ¿qué pasa hoy con la propuesta? Eso probablemente explica la disonancia entre los expertos extranjeros que, con algunos matices, dicen que este es un buen texto, porque en rigor no tienen la presencia de los autores cerca. Se separa el texto del contexto y sus autores. Yo creo que esta o cualquier Constitución que tengamos requiere separar esos elementos".
—Y el texto, ¿se acerca, como dijo la expresidenta, a lo que usted simplemente soñó?
—Nadie se pone a redactar una Constitución porque decidimos expresar algunas ideas; son fruto de procesos críticos. Por eso los procesos constitucionales son exitosos o fracasan. A mí me parece que el texto aborda temas que tienen una trayectoria histórica. Por ejemplo, descentralización y Estado regional. En verdad, este es un problema que tenemos pendiente desde la Constitución del 25, cuando nunca se dictó la ley de las asambleas provinciales. Descentralizar ha sido extremadamente difícil; desde los 90, cuando se crean los gobiernos regionales, todas las administraciones han tratado de forzar procesos de descentralización. Entonces, claro, la idea del Estado regional es una consecuencia inevitable de todo ello. El debate de derechos sociales, si uno lo mira, más o menos está en los contornos en que se mueve en la experiencia comparada. Estado social era otra cosa que veníamos discutiendo desde hace muchísimos años; de hecho, en las reformas de 2005 se discutió y no se aprobó, por la oposición de la derecha. El tema de la aguas... Aylwin presentó el proyecto de reforma al Código de Aguas, entre otras cosas, pensando en la gestión integrada de cuencas.
"Entonces, si uno mira el texto, este se hace cargo de varios temas que tienen una larga trayectoria. ¿Cuál es mi crítica? Que hay un cierto maximalismo constitucional, si bien terminó siendo moderado durante la discusión... ¡en algún momento teníamos cerca de cuarenta instituciones autónomas! Lo segundo es que uno tenía que evitar tener definiciones de política pública en la Constitución. Pero creo que hay una explicación de por qué pasó eso, sin que explicación sea justificación: es que muchos de los temas de política pública que se llevan al texto, lo que hacen es tratar de resolver algún problema que estaba hace mucho tiempo pendiente".
—¿No termina así el texto pecando de lo mismo que se le cuestiona a la Constitución vigente: tomar definiciones de política o intentar cerrar debates que están en pleno desarrollo? Estoy pensando en el aborto, en el manejo de las aguas, etc.
—Alguien en algún momento dijo: las constituciones no solo son parte de procesos críticos y a veces no solo están pensando en el futuro, sino que también se escriben contra algo o contra alguien. La Constitución del 80 se estaba escribiendo contra el mundo de la década de los 60 y los 70. Y yo creo que la gran crítica es que trató de rigidizar en términos institucionales y evitar que la democracia pudiera abordar razonablemente algunas de esas discusiones. Yo creo que este texto lo que hace es, sin imponer esas rigideces, tratar sí de tomar opciones en algunos temas con algún nivel de detalle que limitan las opciones de política pública en el futuro o las hacen más rígidas. ¿Eran temas que inevitablemente teníamos que abordar? Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en los temas vinculados a pueblos indígenas; olvidemos la plurinacionalidad por ahora, pero los otros temas están en el Informe de Verdad Histórica, allí hay propuestas que dialogan con lo que está acá. En los temas de aguas, los estamos discutiendo desde los 90.
—Justamente en aguas, se alcanzó un acuerdo político importante este año y la Convención hizo caso omiso de ello.
—Ahí se produce una superposición. El diálogo de esa reforma se da cuando el proceso constituyente ya había arrancado. Y por eso digo que es conveniente aprender del proceso, porque, ¿por qué se produce ese maximalismo en algunos temas? Por haber resistido esas reformas por muchos años... El reconocimiento constitucional de pueblos indígenas lo venimos discutiendo desde hace muchísimo tiempo...
"Lo que muestra el proceso también es que si hay algunos temas de política pública inevitables, lo que uno no puede hacer es tratar de retenerlos, porque en algún momento te van a estallar. Yo creo que lo que hizo el proceso constituyente fue que permitió que se sumara una cantidad de temas pendientes de la política pública que habían estado ahí congelados o demorados".
—¿No hay un riesgo de que también esta Constitución, de aprobarse, termine conteniendo las discusiones, justamente por llevar a rango constitucional las definiciones?
—Todas las constituciones son proyectos institucionales incompletos. Todas. Y lo son porque requieren de leyes de implementación. La Constitución del 25 nunca terminó de implementarse: los tribunales contencioso administrativos, el error judicial, las asambleas provinciales nunca se implementaron. La propia Constitución del 80 hasta el día de hoy tiene normas que no se implementan. Es una ilusión pensar que la Constitución es un proyecto que tiene una etapa de implementación definida. Aunque esté llena de mandatos, muchos de esos mandatos no se van a llevar a cabo. Yo creo que es una priorización que no es realista en plazos. Da cuenta del ánimo de la Convención de decir que hay algunos temas, del total de asuntos que se tienen que implementar, que son prioritarios. Esos plazos en general son referenciales.
—Pero se le dice al Presidente: usted debe mandar en tal plazo tal proyecto al Congreso.
—¿Cuál es uno de los grandes problemas que existía en la Convención, sobre todo en las personas que no venían del mundo del derecho?
—Oiga, pero estamos mandándolo todo a la ley, ¿en qué momento se va a implementar?". Al mundo que no viene del derecho le cuesta comprender que la Constitución es un texto que requiere de implementación progresiva y, en algunas ocasiones, por las priorizaciones de la política, se van a demorar décadas en implementarse. Las normas transitorias son una señal de cómo priorizar, pero esa señal no va a hacer, por arte de magia, que se cumplan esos plazos. Y por el contrario, lo que van a provocar es la sensación de incumplimiento.
—Usted es más bien partidario del texto, pero dista de ser un partidario acrítico...
—Creo que es un texto que podría haber sido infinitamente más adecuado. Pero a su vez creo que representa un set de asuntos que teníamos pendientes. Hay algunos de esos temas que no necesitan entrar en la Constitución, pero al final, como el debate de la política pública con la Constitución del 80 se constitucionalizó, entonces pareciera que transformamos la Constitución en el gran espacio para resolver esos problemas. Y no es así, hay que volver a un espacio en que la arquitectura institucional permita que la política funcione. Pero uno no puede negar la explicación. Por eso insisto: el hecho de que uno tenga sus críticas al texto, no transforma lo que tenemos hoy día en virtuoso.
