SANTIAGO.- Un duro emplazamiento a la oposición a no "sacar réditos políticos" de cara al Plebiscito, realizó este viernes el Presidente Gabriel Boric, luego de la ofensiva desplegada por la oposición tras la renuncia ayer de la ex ministra de Desarrollo Social Jeannette Vega, después de que se conociera que una de sus asesoras intentó generar un contacto con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
El hecho ha marcado la gira del Presidente Gabriel Boric, quien esta jornada salió nuevamente a abordar el tema, asegurando que "no estoy en conocimiento" de otros contactos de personeros del gabinete o funcionarios de La Moneda con Llaitul. A la vez que en Palacio, recalcaban que Vega no informó al Mandatario de su actuar ni tampoco fue instruida por él, por lo cual asumió la "responsabilidad política" de sus hechos.
Pese a la salida de la ex titular de Desarrollo Social, desde la oposición no quedaron conformes con aquello y esta jornada han realizado una serie de acciones para fiscalizar el actuar del Gobierno.
Esto, pues según afirmó el jefe de la bancada de diputados RN, Andrés Longton, "lamentablemente pareciera que esto viene dirigido desde el Ejecutivo. Así lo dijeron ayer dirigentes del PPD y eso nos habla que precisamente pueden haber nexos o lazos que van más allá de una comunicación que algunos creen que es aislada", agregando que "pareciera ser que hay detrás una operación encubierta precisamente para dialogar con organizaciones radicalizadas, causarles simpatía, generar complicidad para efectos de poder negociar -quizás- ciertas situaciones que estamos en desconocimiento".
El diputado Longton, junto a los otros jefes de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, y de Evópoli, Francisco Undurraga, enviaron una carta al Presidente pidiendo aclarar la razón de las comunicaciones con el líder de la CAM. Incluso el jefe de la bancada RN dijo que analizarían una acusación constitucional contra Vega, al igual que lo harán con la titular de Justicia, Marcela Ríos, por la situación de la cárcel de Angol.
Sin embargo, en el bloque afirman que más que ir directamente a un libelo contra Vega, se apostará primero por una comisión especial investigadora para analizar los posibles vínculos del Gobierno con terroristas a propósito del "telefonazo" a Llaitul, la cual Chile Vamos ingresó esta mañana con el apoyo del Partido de la Gente (PDG).
En su carta al titular de la Cámara, Raúl Soto, los partidos piden que "la Cámara de Diputados resuelve la creación de una comisión especial investigadora a fin de fiscalizar los actos del gobierno y en particular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en relación con los vínculos y las comunicaciones que éstos u otros organismos gubernamentales pudiesen tener con la Coordinadora Arauco Malleco u otras organizaciones criminales que perpetran atentados contra la vida y la propiedad de nuestros compatriotas en la denominada "macrozona sur" del país.
"Eso significa que tu puedes citar a funcionarios públicos, a ex funcionarios, a la asesora que sigue trabajando, a la asesora que hizo el llamado, la comisión investigadora te permite citar no invitar, están obligados a ir y nos da un plazo de seis semanas para investigar los hechos, nosotros creemos que esa es la mejor forma. Después si descubrimos algo en la comisión investigadora el siguiente paso es la acusación constitucional", afirmó a Emol el diputado Alessandri, quien recordó que además tienen 3 meses para llegar a presentar una acusación constitucional contra Vega de ser necesario.
La jefa de la bancada del PDG, Yovana Ahumada, explicó a este medio que "todo lo que es comisiones investigadoras nosotros siempre apoyamos por un tema de transparencia y en este caso nos sumaremos". Según Ahumada, pese a las explicaciones del Gobierno "hay que dejar clarificada cómo se dieron estas llamadas, bajo qué contexto y creo que es importante transparentar toda la información para que todos queden tranquilos y se deje claro bajo qué circunstancias se dieron estas conversaciones, quién las solicitó, se sabe una parte pero no toda la información".
Paralelamente, diputados de la UDI presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía Regional del Biobío en contra de Vega, los parlamentarios invocaron la Ley de Seguridad del Estado y pidieron citar a declarar a los ministros del comité político de La Moneda.
En tanto, diputados de la bancada del Partido Republicano solicitaron al fiscal nacional, Jorge Abbott, que realice una investigación por la eventual comisión del delito de asociación ilícita terrorista, tras el llamado a Llaitul. Su objetivo es que se aclare "hasta qué punto la ministra del Interior conocía de esto, hasta qué punto el Presidente Boric conocía de esto".
"Consideramos que lo que está ocurriendo en Chile respecto de la filtración de una conversación que tuvo una ministra de Estado con un terrorista es de las cosas más graves que han ocurrido en esta democracia. Hoy día nosotros estamos solicitando al Fiscal Nacional que comience una investigación para saber realmente en qué condición estamos, en qué situación se encuentra el Gobierno, cuál es la relación del Gobierno con un terrorista o con una organización terrorista", sostuvo enfático el diputado Agustín Romero.
La reacción de La Moneda
En medio de su viaje al norte, el Presidente Boric salió al paso de los cuestionamientos afirmando que "le quiero pedir a la oposición, yo sé que siempre van a haber muchas ganas de pelear con cuña y de tratar de aparecer con la frase más incendiaria posible, pero acá tenemos un problema de Estado que no partió en este Gobierno, que es de mucha más larga data. Por tanto, yo le exijo a todo el mundo responsabilidad (...) no sirve escalar al máximo escalar los conflictos, sin perjuicio de que tenemos que hacer valer las responsabilidades".
"La UDI pidió citar a declarar a miembros del comité político, me parece muy claro que la UDI no tiene ningún interés al realizar hechos como este en buscar una solución duradera al conflicto. Yo insisto, le pido responsabilidad a todas las actorías políticas, acá estamos en una cuestión que es muy grave, hay gente que la está pasando muy mal, un pueblo que ha sido muy ninguneado, despojado durante décadas y víctimas de violencia en La Araucanía y en Arauco, en algunas otras comunas", recalcó.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lamentó "el aprovechamiento político de la oposición sobre un caso que efectivamente es delicado, que está en manos de la justicia y del cual se busca sacar ciertos réditos de cara a un proceso eleccionario".
