Más de 230 denuncias relacionadas con el Plebiscito de salida ha recibido entre abril y agosto de este año la Contraloría, lo cual ha derivado en 181 acciones de fiscalización, desde solicitudes de informes, de antecedentes o visitas a terreno.
Estas acciones se concentran en las Contralorías regionales Metropolitanas I y II, (39 y 37, respectivamente), la Contraloría Regional de Valparaíso (27) y la del Maule (14). Mientras que la mayor parte de las denuncias están centradas en el actuar de alcaldes (108) seremis (20) y ministros (14).
De hecho ayer viernes, el organismo dio a conocer la resolución sobre la primera etapa de la investigación especial que hizo a La Moneda, tras una denuncia de intervencionismo electoral por parte de los diputados de Republicanos, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Cristián Araya y Benjamín Moreno, por la campaña informativa que lleva adelante el Gobierno de cara a las elecciones del próximo 4 de septiembre.
Las acciones estuvieron centradas en el análisis de contratos, órdenes de compra y licitaciones, ante lo cual Contraloría señaló que la Segegob liderada por la ministra Camila Vallejo acreditó el cumplimiento de ley de compras en la primera etapa de la auditoría a las campañas, aunque quedaría pendiente, además, una segunda etapa de la indagatoria.
Pero éste no es el único fallo que el organismo ha emitido sobre actos relacionados al Ejecutivo. El pasado 12 de agosto Contraloría estableció que el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, "no se ajustó a la necesaria prescindencia" al anunciar que tendría un rol ante las reformas que estaban trabajando el oficialismo para un acuerdo, en caso de que gane el Apruebo.
Esto a raíz de un requerimiento de los diputados de la DC, Joanna Pérez Olea y Eric Aedo y de otra presentación similar del abogado RN Marcelo Brunet.
En el mes de julio, en tanto, los partidos de Chile Vamos por separado pidieron a la Contraloría pronunciarse sobre la reunión del Presidente Gabriel Boric, con la directiva del PS, luego de que el diputado Leonardo Soto vinculara la cita a una coordinación de trabajo por el Apruebo, aunque más tarde se retractó. Ante esto, la Contraloría dirigida por Jorge Bermúdez, pidió un informe al Gobierno en un plazo de cinco días.
Esta semana además, Contraloría acogió la solicitud de la diputada de RN Sofía Cid, en contra de la Seremi de Educación de Atacama, por el uso de las dependencias de la secretaría para la realización de una asamblea de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para promover el Apruebo. También se han instruido acciones por Sernatur, la Seremi de Salud del Biobío y la Seremi de la Mujer de Arica.
De acuerdo a datos del organismo, la División Jurídica de la Contraloría está analizando 54 requerimientos de parlamentarios y particulares por el actuar de autoridades gubernamentales durante la campaña por el Plebiscito, 15 de éstos ya han sido atendidos a través de una serie de dictámenes.
Municipios y hospitales
Por otra parte, entre los municipios más denunciados están los de las comunas de Valparaíso, San Bernardo, Ñuñoa, Maipú y La Pintana.
Frente a esto, la Contraloría ha instruido o confirmado la apertura de procedimientos disciplinarios e investigaciones sumarias para determinar eventuales responsabilidades administrativas por infracción a la prescindencia en el Plebiscito. Entre éstas destacan, por ejemplo, las municipalidades de San Bernardo, Lampa, Ñuñoa, Maipú, Cerrillos, Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia, Quilpué, Talca, Valparaíso, Huasco y San Clemente.
Así, este martes la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario contra el Municipio de Quilpué tras denuncia de intervencionismo del jefe de la bancada de RN, Andrés Longton, y la subjefa de la bancada de Republicanos, Chiara Barchiesi, quienes cuestionaron que la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan (Convergencia Social), utilizara recursos públicos en favor del Apruebo. Esto tras subir un video a redes sociales donde informaba sobre la creación de una Oficina Constituyente en Quilpué.
En julio pasado, el organismo también ordenó un sumario administrativo en los municipios de Maipú, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal, tras detectarse que se organizaron actividades informativas sobre el Plebiscito de salida. Esto tras un reclamo de los diputados Republicanos Agustín Romero, José Carlos Meza y Stephan Schubert, quienes acusaron la realización de cabildos y escuelas constituyentes en instalaciones municipales y con participación de funcionarios públicos.
Otro caso se produjo a fines de ese mes, cuando tras una denuncia del diputado de la Bancada de Republicanos, Johannes Kaiser, en contra de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, la Contraloría declaró improcedente el actuar de la autoridad comunal por publicaciones a favor del Apruebo. Se estableció que la alcaldesa debería tomar las medidas para que su actuar se ajuste a la normativa y "evitar valerse de su cargo para favorecer o perjudicar alguna de las opciones plebiscitadas".
También han estado bajo el lente de Contraloría los hospitales Barros Luco y el regional de Antofagasta, entre otros. El pasado 22 de agosto el ente contralor instruyó un sumario en el Hospital Barros Luco, a raíz de una charla que realizó allí el ex vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, para abordar la propuesta de nueva Constitución. Exposición que "no se enmarcó en el cumplimiento de las labores propias de ese Hospital".
A fines de julio, Contraloría también instruyó un sumario administrativo al Hospital Regional de Antofagasta, tras la instalación en sus dependencias de un lienzo en favor del Apruebo.
