El
gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, anunció este viernes la presentación de una querella por Ley Antiterrorista contra quienes resulten responsables por el atentado armado e incendiario registrado la tarde del lunes en
Contulmo, donde el Molino Grollmus resultó completamente destruido y tres personas fueron heridas a bala.
"Que se escuche fuerte en Santiago, se escuche también en el Poder Judicial y en los otros órganos autónomos del Estado, que nos cansamos de ver sufrir a nuestra gente; que estamos hastiados de la ineficacia para resolver los problemas que afectan a las personas".
Gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz
Luego de participar en la sesión de la comisión contra el crimen organizado de la Cámara de Diputados en la Gobernación Regional del Biobío, Díaz sostuvo que "cada vez que ocurre un hecho violento en el sur de la provincia de Arauco, pareciera que en Santiago se asimila a un vehículo más que se quemó, y aquí todos los días hay cortes de camino, amenazas, y con frecuencia inusitada, están habiendo quema de propiedades y ataques a personas".
Por eso, anunció que "la decisión que había tomado de contratar servicios jurídicos para perseguir la responsabilidad por estos hechos la estamos materializando, le he solicitado al abogado Marcelo Villena, prestigioso penalista de la región, que tome la representación del Gobierno regional del Biobío y presente una querella criminal por Ley Antiterrorista frente a los hechos que han ocurrido hace sólo algunos días". La acción, según confirmó el abogado, será presentada la próxima semana.
"Esta decisión la he tomado porque existe mérito para hacerlo, sobre esta materia, podemos los gobiernos regionales requerir este tipo de investigación", recalcó la autoridad regional. Sin embargo, la potestad para presentar querellas con esta norma es solo para el Ejecutivo. Sin ir más lejos, ayer tres senadores de la DC enviaron una carta al Presidente Boric para solicitar que impulse una ley que permita justamente a los gobernadores invocar la Ley Antiterrorista.
Díaz explicó que la decisión apunta a "que se escuche fuerte en Santiago, se escuche también en el Poder Judicial y en los otros órganos autónomos del Estado, que nos cansamos de ver sufrir a nuestra gente; que estamos hastiados de la ineficacia para resolver los problemas que afectan a las personas. Que no vamos a tolerar más acciones que tengan que implicar el verdadero terror que tienen las personas que viven en Contulmo y otras comunas de la provincia de Arauco, por tener que tolerar la existencia de personas que, sin ninguna justificación, agreden a mansalva".
El lunes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a repudiar el "acto criminal cobarde" y anunció querellas. "Nos vamos a querellar, son delitos gravísimos y por supuesto que nos vamos a querellar. Hasta ahora, con los antecedentes que dispongo, no puedo decir que vamos a invocar la Ley de Seguridad del Estado", sostuvo.
La autoridad ha viajado en dos ocasiones a la región, primero lo hizo el martes 30 de agosto, instancia en que la autoridad reconoció que el estado de excepción aplicado en la Macrozona Sur "no estaba respondiendo", por lo que esa jornada no descartó que el Gobierno ampliara o reforzara la medida de seguridad. Hoy, Monsalve llegó a encabezar un comité de seguridad tras el anuncio del reforzamiento del despliegue militar en la zona.
Abogado: "Si no es delito terrorista, nuestro Parlamento debe modificar la legislación"
El abogado, por su parte, explicó que a raíz de "la cruel forma en que ocurren los hechos esta semana", el gobernador regional los contactó para conocer las posibles vías a tomar.
"A nuestro juicio, esta es una conducta que es posible de encuadrar en la Ley 18.314, que es la que regula la materia. Un delito terrorista se caracteriza en nuestra legislación porque se comete un delito; un homicidio, lesiones, incendio, por señalar algunos ejemplos, con una determinada finalidad, de infundir temor a la población, como arrancar decisiones de la autoridad o imponer algunas exigencias", explicó el jurista.
Así, según llegaron a consenso con la autoridad regional, desde el punto de vista político y también jurídico, "es que si esto no es delito terrorista, tendría nuestro Parlamento que, de una buena vez, modificar la legislación".
Esto, porque si bien siempre se ha dicho que es "difícil" acreditar este tipo de delitos, el abogado recalcó que "no es el único delito donde se establece finalidad o propósito. A un ladrón se le exige que actúe con ánimo de lucro, que es un propósito, y la prueba de aquello debe allegarse con la investigación respectiva".
Además, recalcó que la acción del Gobernador también apunta a intentar colaborar con que la Fiscalía y la policía cuente con el apoyo de la autoridad "para poder avanzar en una buena investigación y en la determinación de responsabilidades".
