Luego de diversas denuncias a través de redes sociales, la bancada de diputados de Renovación Nacional decidió oficiar a la Superintendenta de Educación, Marggie Muñez y la defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz. Esto luego que, en solitario, el parlamentario y secretario general del partido, Diego Schalper, presentara los mismos oficios el jueves pasado.
Con la acción, los diputados solicitan que se investigue la actividad de educación cívica en el marco del programa "Voto Estudiantil" desarrollado por la ONG canadiense CIVIX, dirigida a los estudiantes de 6º Básico a 4º Medio de algunos colegios del país -en el oficio los diputados piden aclarar cuáles fueron los establecimientos que se adhirieron al programa.
Esto ya que la actividad fue cuestionada a través de redes sociales, donde
apoderados acusaron que los menores fueron instados por los profesores a marcar la opción "Apruebo" en la papeleta similar a la original del Servel, pero con el logo de CIVIX.
Al respecto, los diputados aseguran estar de acuerdo con "actividades que profundicen los deberes cívicos como condición indispensable para una democracia sana", pero identifican al menos dos irregularidades en el proceso que lo hacen "incompatible con nuestro ordenamiento jurídico y los derechos de alumnos y apoderados".
La primera tiene relación con que los padres o tutores "no fueron nunca consultados respecto de su adhesión a esta actividad, y en algunos casos se dispuso la participación obligatoria en la misma permitiéndose solo certificado médico para excusarse".
Pero también, incluyen los diputados, "hay múltiples denuncias que dejan a la vista la intención de incidir en la preferencia de los niños, lo que importa un adoctrinamiento y una afectación sustantiva de sus derechos fundamentales, así como de derechos reconocidos en tratados internacionales vigentes en nuestro país".
"Esta intención de incidir en la preferencia de los niños por una opción plebiscitaria configuraría una forma de violencia y vulneración de derechos de los estudiantes, quienes desde la más temprana edad deben ser incentivados por los establecimientos educacionales, pero para participar, informarse y adquirir sus propias y conscientes convicciones", agrega el documento.
Por eso los diputados piden que se investigue el hecho y se sancione a "todos los profesionales de la educación que hubiesen vulnerado derechos fundamentales de los alumnos. Indagar si fueron coaccionados mediante sanciones u otros reproches para participar en la actividad".
