"Mas allá del plebiscito: Hacia un nuevo pacto social". Es el nombre del documento firmado por 18 personalidades del mundo público, entre los que figuran parlamentarios, dirigentes de partidos, abogados, alcaldes y hasta una dirigente mapuche, entre otros.
Y como su título lo indica, los adherentes plantean cómo se debiera avanzar en el escenario post Plebiscito para evitar una "fractura social", a tan solo horas de que la ciudadanía vote si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención.
Los firmantes de la carta son el ex ministro,
Mario Desbordes (RN); la senadora RN,
Paulina Núñez; el diputado liberal,
Alejandro Bernales; el constitucionalista,
Tomás Jordán; el Secretario Nacional del PPD,
José Toro; la vicepresidenta de la DC,
Francisca Hernández; la ex ministra,
María José Zaldívar; y el alcalde de Alto Hospicio,
Patricio Ferreira.
También se suman nombres como Juan Carlos González (Evópoli), Juan Cristóbal Portales (IDD), Pablo Matamoros (IDD), Pablo Gutiérrez (IDD), Fernanda Hurtado (Gerenta General Fundación Generación Empresarial), Isolde Reuque (Dirigente Mapuche), Juan Pablo Hermosilla (abogado), Aldo Mardones (1er Vicepresidente PDC), Juan Luis Ossa (historiador) y Javier Insulza (PS).
El acuerdo alcanzado por los personeros de distintos sectores y sensibilidades políticas plantea nueve puntos en los que afirman que hay que avanzar, independiente del resultado en el referéndum.
Además, en el texto se añade que las FF.AA. colaboren con "el resguardo de las fronteras, para ayudar en caso de catástrofes naturales, manteniendo dentro del texto el Estado de Excepción de Emergencia. Y donde se contemplen mecanismos de apoyo y reparación integral de las víctimas de delitos violentos, creando una Defensoría de las Víctimas".
Para cerrar, los firmantes aseguran que un acuerdo en esta línea "hará más factible la posibilidad de un encuentro entre facciones y posiciones que se han ido progresivamente tensionando y polarizando a lo largo del proceso constituyente, y seguramente facilitará el avance a un escenario de mayor y mejor convivencia democrática".
Estos son los puntos que mencionan en la carta:
"1. Una República democrática y una democracia participativa: Esto implica "avanzar a una nueva Constitución que divida y equilibre eficazmente el poder tanto al interior del Estado, como entre el Estado y la Sociedad Civil, y entre la capital y las regiones", pero también propone profundizar la democracia "integrando el principio de paridad entre hombres y mujeres, dando representación adecuada a los pueblos indígenas e incorporando mecanismos concretos de democracia directa".
2. Un Estado social y democrático de derechos: Es uno de los puntos incluido en el texto emanado de la Convención, y que ha sido ampliamente respaldado. "Donde se robustezca y amplíen de manera significativa los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales; e incorporen nuevos derechos fundamentales que protejan a grupos hasta ahora postergados", dice el documento.
3. Un Estado Republicano de derecho: Este punto aclara una de las críticas que se la hecho a la propuesta constitucional; "con frenos y contrapesos" a través de "una judicatura constituida en un poder independiente de los otros poderes del Estado; una Corte Constitucional autónoma; una acción de tutela de derechos fundamentales eficaz; y una Contraloría General de la República que continúe gozando de la autonomía constitucional".
4. Un Estado regional: Esta forma de Estado está también considerada en el texto de nueva Carta Magna. El documento plantea "avanzar a una descentralización territorial del poder, que acerque el poder público a las personas, otorgando autonomía efectiva a las regiones dotadas de atribuciones claras, recursos suficientes y un desarrollo solidario que terminen con nuestro inveterado centralismo, evitando el riesgo de una excesiva fragmentación y desmembramiento que vuelvan impotentes a los territorios y vulnerables frente a otros poderes".
5. Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas: Si bien en la propuesta se plasma la "plurinacionalidad", cosa que ha causado cuestionamientos por partidarios del Rechazo, en el texto se expresa "un nuevo trato con los pueblos indígenas, reconociéndolos constitucionalmente, abordando de forma equilibrada demandas históricas como la consagración de grados de autonomía, mecanismos de restitución de tierras que otorguen certezas a todas las partes afectadas, formas de representación política y otros derechos colectivos, especialmente aquellos de carácter cultural y lingüísticos".
6. Un Estado ecológico: Algo que valoran y resaltan los partidarios del Apruebo es la transversalidad ecológica que tiene la nueva propuesta. Este documento propone avanzar en abordar "seriamente y con sentido de urgencia la grave crisis del cambio climático, y establezca los incentivos para la protección del medio ambiente, los recursos naturales y las comunidades potencialmente afectadas por su explotación".
7. Una economía sostenible, inclusiva y responsable: "Donde la propiedad privada encuentre como límite real la función social y ecológica de la misma, los derechos de los consumidores, así como los derechos fundamentales", dice el texto, y agrega que se reconozcan los "derechos laborales como la titularidad sindical; donde se prevenga y sancione los abusos en los mercados, las conductas contrarias al interés general las prácticas de colusión, así como las concentraciones que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados".
8. Un Estado que entregue incentivos concretos para impulsar la ciencia, tecnología e innovación.
9. Un Estado que cumpla con su más elemental función: Producir y resguardar el orden público: Este punto comienza instalando la idea de "instituciones policiales que deben ser reconocidas constitucionalmente; con Fuerzas Armadas habilitadas para la protección de la infraestructura crítica", haciendo referencia al proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Senado".
