Ministra del Interior, Izkia Siches.
Aton / Archivo.
La Contraloría General de la República emitió un dictamen a raíz de requerimientos para esclarecer eventuales responsabilidades en contra de la
ministra del Interior, Izkia Siches, por tres hechos ocurridos este año. En uno de ellos, asociado sus dichos en la Cámara de Diputados el pasado 6 de abril, donde sostuvo que un avión salió de Chile con pasajeros venezolanos y retornó con ellos, el ente contralor sostuvo que actuó con "
falta de prolijidad".
El hecho ocurrió durante la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara, luego que la ministra afirmara que en la administración del ex Presidente Sebastián Piñera "y en cumplimiento de órdenes judiciales de expulsión de personas extranjeras, se habría desarrollado un vuelo hacia el exterior, el cual había vuelto a Chile con los mismos ocupantes, sin retornarlos a su país de origen como había sido dispuesto por los tribunales de justicia", señala el escrito que recoge el requerimiento presentado por los diputados Andrés Longton, José Miguel Castro, Diego Schalper, Jorge Alessandri, Francisco Undurraga y Cristián Araya.
El hecho provocó la reacción del ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien negó tajantemente las aseveraciones y Siches pidió disculpas por sus dichos y reconoció que emitió
"información incorrecta". En tanto, los parlamentarios de oposición anunciaron entonces una acusación constitucional, una interpelación e incluso pidieron su renuncia.
El dictamen -con fecha 1 de septiembre- señala que "es forzoso advertir que si bien las circunstancias analizadas no constituyen una infracción al citado principio, ellas dejan de manifiesto una falta de prolijidad en la preparación de la información expuesta ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, la que no es acorde con la relevancia de tal instancia ni tampoco con la importancia del cargo que ostenta la autoridad reclamada, debiendo adoptarse las medidas necesarias destinadas a evitar que, en lo sucesivo, se repitan situaciones como la de la especie".
Visita oficial a La Araucanía
Otro de los requerimientos apuntaba a que se determinara si existió un "incumplimiento en la obligación de denunciar hechos que revisten carácter de delito" por parte de la ministra Siches, en relación a lo ocurrido el pasado 15 de marzo durante su visita a La Araucanía, tras ser recibida a balazos mientras se dirigía a Temucuicui.
El tercero, apunta a "un eventual incumplimiento de principio de probidad administrativa y un mal uso de recursos públicos por parte de la referida autoridad ministerial, por cuanto ésta se habría trasladado a la Región de La Araucanía en el marco de la indicada visita oficial, en un avión de Carabineros de Chile, junto a su hija y su cónyuge".
Frente al primer hecho, la Contraloría estimó que no resulta reprochable que tanto la ministra como los funcionarios de su comitiva que fue objeto de los hechos antes descritos, no hayan efectuado la denuncia de esos ilícitos, dado que en el mismo día el Ministerio Público abrió de oficio una investigación por los mismos acontecimientos.
Asimismo, agrega que "en lo que respecta a la incorporación, en la aludida visita oficial, tanto de la hija de la Ministra del lnterior como del padre de la misma -a fin de atender sus cuidados-, cumple señalar que esta Entidad de Control entiende que dicha determinación obedeció al intento de conciliar la posición de autoridad pública que ella ostenta -la que, por cierto, exige su presencia en distintos puntos del territorio nacional-, con el derecho de alimentación que le asiste y que se encuentra establecido en favor de la niña, atendido su edad".
"No obstante, y aún cuando en la especie no se generaron gastos adicionales por el traslado de la menor y su padre en el avión de Carabineros de Chile, en lo sucesivo deberán buscarse otros mecanismos que le permitan a dicha superioridad armonizar la ejecución de las labores propias del cargo que inviste con el ejercicio del apuntado derecho y que no involucren la utilización de recursos públicos destinados a fines institucionales", sostiene la resolución.
