Mañana 1 de octubre, Jorge Abbott, dejará el cargo como fiscal nacional, debido a que cumple la máxima edad permitida (75 años) para desempeñar el cargo. De esta forma, el máximo persecutor de Chile concluye una gestión que duró seis años y 10 meses (2.496 días), que no estuvo exenta de polémicas y que tampoco se desarrolló bajo un escenario delictual tranquilo o sencillo.
Jorge Abbott de aún 74 años, fue designado como fiscal nacional en 2015 por la ex Presidenta Michelle Bachelet y posteriormente su nombramiento fue ratificado por el Senado, reemplazando a Sabas Chahuán al término de su periodo. De esta forma, el abogado de en ese entonces 68 años asumió el cargo el 1 de diciembre de aquel año.
Una vez instalado como el jefe del Ministerio Público, su gestión iniciaría con un fuerte mensaje de interés por las víctimas y con una promesa de trabajo que buscaba reforzar el desempeño de los persecutores fuera de Santiago. Es más, en su primer año desempeñando el cargo, Abbott visitó 13 de las en ese entonces 15 regiones con el fin de trasmitir sus directrices de trabajo a los fiscales locales.
Sin embargo, ya en ese periodo se dilucidaban las primeras complicaciones de su gestión. Desde su designación a la fecha, el jefe del Ministerio Público ha protagonizado una serie de controversias, pues incluso sus decisiones y acciones lo llevaron a afrontar conflictos con los mismos funcionarios de la institución y una solicitud de remoción tras ser vinculado a los imputados por los casos de financiamiento irregular de campañas políticas.
Conflicto con Emiliano Arias
En 2016, Abbott tomó la decisión de sumariar al fiscal jefe de O'Higgins, Emiliano Arias por supuestamente filtrar al diario La Tercera, antecedentes del caso Corpesca, infringiendo, de esta manera, el artículo 64 de la ley orgánica institucional que prohíbe entregar detalles de las investigaciones en curso.
A esto se sumó una investigación administrativa y penal en contra del fiscal regional por presuntas irregularidades cometidas durante algunas indagatorias que llevó adelante. Esto, tras las denuncias interpuestas por el persecutor de Alta Complejidad de la misma región, Sergio Moya. Tras conocerse aquello, el mismo Abbott impulsó una solicitud para remover al fiscal de O'Higgins del cargo.
La investigación contra Arias se extendió por varios años e incluso derivó en su suspensión temporal, que finalmente duró 900 días y que finalizó recién en junio de este año. En concreto, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, dictó veredicto absolutorio para el fiscal -quien penalmente fue acusado de violación de secreto- permitiéndole así volver a su puesto. Aquella resolución de la justicia puso en duda el liderazgo de Abbott, debido al tiempo destinado en un caso que terminó siendo desestimado.
A juicio de Manuel Guerra, académico Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, y ex fiscal Metropolitano Oriente, el conflicto entre Arias y Abbott trajo problemas para el Ministerio Público. "La falta de capacidad para solucionar el conflicto que se originó con el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, tensionando la institución durante años fue un profundo error donde se evidenció una falta de capacidad de liderazgo".
"Se optó por una persecución en contra de un fiscal, una persecución que además se veía bastante parcial en algunos momentos, debido a que no se midió con la misma vara al denunciado y a su denunciante, el señor Sergio Moya, sobre quien también se generó una cierta polémica y creo que eso envolvió al Ministerio Público en un conflicto que tensionó a la institución y que afecta, sin duda, el desarrollo de una institución en una región importante como OHiggins", dijo el experto a Emol.
Solicitud de remoción
En octubre de 2018, el jefe del Ministerio Público debió sortear una solicitud de destitución por parte de miembros del Frente Amplio -que luego fue suscrita por algunos otros legisladores de oposición de eso años-, la que finalmente fue rechazada por la Corte Suprema.
Aquella petición frenteamplista se basó en las declaraciones realizadas por Abbott durante la cuenta pública de la fiscalía el año 2017, instancia en que pidió "celeridad" a los persecutores en causas que involucren a parlamentarios. A eso se sumaron las polémicas reuniones que sostuvo con el ex senador y en ese entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín -respecto a la situación de Iván Moreira- y con los abogados de dos indagados en los casos Penta y SQM, quienes pedían unificar las investigaciones en una sola.
De hecho, en medio de la polémica, diputados de dicha coalición, Claudia Mix y Gonzalo Winter, anunciaron la creación de una mesa de trabajo con miras a "modernizar" el Ministerio Público, la que apuntaba, entre otras cosas, a regular el nombramiento del fiscal nacional y el de los persecutores regionales.
Sin embargo, ese mismo año la Corte Suprema rechazó la solicitud de remoción del fiscal nacional Jorge Abbott, argumentando que las citas entre el persecutor y el ex parlamentario, además de las con abogados en los casos, ocurrieron "en forma transparente y circunstanciada". Pese al veredicto del máximo tribunal, la polémica no terminó ahí, pues cuando las se conocieron las penas de los imputados por casos Penta y SQM, algunos legisladores acusaron al jefe del Ministerio Público de intervenir en la sentencia.
Así lo recuerda Guerra. "Más allá de que confío en la probidad del fiscal Abbott y en su honestidad, creo que generó un manto de dudas sobre las decisiones que después se adoptaron, que son ajustadas a derechos, pero que generaron una sensación y un clima de que pudo haber habido algos oscuro. Eso fue complicado, inconveniente y ojalá que sean elementos que se tomen en cuenta por quienes son candidatos para separar las aguas de manera conveniente y evitar este tipo de suspicacias que terminan afectando a la institución", señaló el académico.
Conflicto en Macrozona Sur
En sus casi siete años de gestión, Abbott enfrentó el momento más álgido del conflicto en la Macrozona Sur. Es más, su periodo estuvo marcado por la recordada "Operación Huracán" -que elevó la aprobación del Ministerio Público en la ciudadanía, ya que su rol fue clave para determinar que hubo evidencia falsificada- y también por la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul.
Todo se remonta a septiembre de 2017, cuando Héctor y Ernesto Llaitul, junto con otros seis comuneros mapuche, fueron formalizados por asociación ilícita terrorista por una serie de atentados en el sur, situación por la que quedaron en prisión preventiva. En aquel entonces, la fiscalía aseguró que el líder de la CAM y los otros siete detenidos componían una "organización jerarquizada" dedicada a infundir terror en la zona con el uso de armas.
La captura de los ocho individuos se dio en el marco de la "Operación Huracán" llevada a cabo por Carabineros de Chile. Inicialmente, tras la detención y formalización, la fiscalía acusó a los comuneros del incendio de camiones y maquinaria agrícola en el sur del país, en las localidades de Lautaro, Temuco y Padre Las Casas.
No obstante, a medida que fue avanzando la investigación, el Ministerio Público puso en duda la veracidad de la evidencia aportada por Carabineros. En razón de ello, sólo 25 días después de la detención, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa y liberó a los comuneros, ya que los magistrados consideraron que existía una falta de fundamentos que justifiquen la participación de los imputados en los hechos indagados por la fiscalía.
En enero del 2018, el Ministerio Público informó que había descubierto que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado pruebas para incriminar a los detenidos, mediante la intervención de mensajes telefónicos, hecho por el que se abrió una investigación en la institución policial y que terminó con la renuncia del general Gonzalo Blu.
Casi cuatro años después, el Ministerio Público fue cuestionado por las propias autoridades del Gobierno de Gabriel Boric, tras asegurar que el Ministerio del Interior había presentado todas las querellas necesarias para dar con Héctor Llaitul, esta vez por estar vinculado a atentados, al robo de madera y por infringir la Ley de Seguridad del Estado.
En ese contexto, hubo varios encontrones entre Jorge Abbott y en ese entonces la ministra del Interior, Izkia Siches, pues entre ambos se responsabilizaban la tarea de perseguir y detener al líder de la CAM. No obstante, una vez capturado el comunero -el pasado 24 de agosto del presente año- la fiscalía fue valorada por la extensa y preparada investigación, y por lograr prisión preventiva para Llaitul.
Homicidios y falta de dotación
La gestión de Jorge Abbott se no se desarrolló bajo un escenario delictual tranquilo o sencillo. Según datos entregados por Carabineros de Chile, en 2022 la cifra de homicidios ha presentado un aumento del 55% en comparación al 2021, puesto que en el mismo periodo del año pasado se reportaron 364 casos de asesinato.
Así lo informó el pasado 13 de septiembre el director nacional de Orden y Seguridad, el general inspector Marcelo Araya, en el marco del tradicional balance semanal de labor policial. En ese contexto, la institución reconoció que los casos de homicidios presentan un "alza significativa" en comparación a 2021, tendencia que se mantiene desde 2017.
Frente a aquello, el mismo jefe del Ministerio Público expresó "preocupación" y también por el violento escenario delictual que aqueja a Chile. En ese sentido, la autoridad expuso que los fiscales están incorporando nuevas metodologías en la persecución penal de los ilícitos, pero reconoció que existe un "problema de dotación" al interior de la institución que requiere ser trabajado, situación que deberá afrontar la próxima administración.
Si bien el aumento de los homicidios no es responsabilidad del Ministerio Público, el propio Abbott reconoció que el alza de este crimen está acompañado de una baja tasa de imputados conocidos, lo que complejiza el problema. "Hasta hace no mucho tiempo, Chile se caracterizaba por tener una muy baja tasa de homicidios, hoy seguimos con una tasa baja en relación a Latinoamérica pero es una tasa preocupante en términos del incremento del último tiempo. Lo que está ocurriendo es que nos encontramos con un fenómeno que hasta ahora era extraño en nuestra realidad, que tenemos un alto número de imputados desconocidos", comentó a mediados de septiembre.
Esa misma jornada, el persecutor afirmó que el Ministerio Público está moldeando sus estrategias para mejorar la persecución, pero insistió en que "no necesariamente un mayor número de fiscales va a tener aparejada una mayor tasa de esclarecimiento. Los fiscales dirigen las investigaciones, pero quienes hacen las investigaciones son las policías y son precisamente las estrategias de investigación las que tienen que cambiar".
Y a esa nueva estrategia de investigación, a juicio de Abbott, se le debe sumar un reforzamiento del Ministerio Público que será tarea del nuevo fiscal nacional. "En la próxima administración del Ministerio Público, va a tener que formularse un nuevo plan de fortalecimiento del Ministerio Público, puesto que efectivamente tenemos un problema de dotación, respecto del cual el Estado también tiene que hacerse cargo con el objeto de mejorar la eficacia en la persecución penal", zanjó.
Gestión en pandemia
Para el ex fiscal y académico de la Universidad San Sebastián, Manuel Guerra los hitos que marcaron la gestión de Jorge Abbott para bien, fue el cómo afrontó el estallido social y posteriormente lideró la adaptación de los funcionarios del Ministerio Público a la nueva forma de perseguir y ejecutar las investigaciones bajo las condiciones que impuso la pandemia.
"Un hito favorable a la gestión del fiscal Abbott, fue la capacidad de adaptación frente a lo que fue el estallido social y lo que fue la pandemia. Afrontar dos fenómenos de esa naturaleza no era fácil. Y creo que en eso hubo un manejo adecuado de los temas, tanto de lo que fue el estallido y también la pandemia, y creo que el Ministerio Público pudo seguir funcionado pese a la carga de trabajo que tenía y las dificultades que había para llevar a cabo las audiencias", acotó.
