Los alcaldes reunidos en la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) solicitaron suspender la aplicación de un dictamen de Contraloría que los obliga a traspasar a los honorarios a modalidad de contrata en 2023, argumentando "incapacidad presupuestaria" para ejecutar ese cambio.
Se trata del dictamen E123171, que apunta a que los municipios traspasen a contrata a los funcionarios a honorarios con más de 2 años en sus cargos. Esto, argumentan los alcaldes, "generará un desajuste al presupuesto municipal para los años 2023 y 2024" y afectaría a la "necesidad de continuidad de los servicios municipales para la comunidad".
La explicación que entregan es que, con un cambio así, los municipios deberán absorber un mayor gasto en personal y con ello, superar en algunos casos los límites establecidos por la Ley de Municipalidades en lo que respecta a la contratación a contrata, que no debe superar el 40% del presupuesto total.
"Todos los alcaldes de Chile queremos mejores condiciones laborales para los miles de honorarios y sobre eso no hay discusión; sin embargo, este dictamen sobrepasa los límites de gasto presupuestario que creo que ningún municipio del país está en condiciones de absorber", aseguró el presidente de la Amuch y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.
En tanto, el diputado Miguel Becker (RN), parte de la Bancada Municipal que trabaja con la Amuch, indicó que "esta situación crea un mayor grado de incertidumbre frente a la contratación de servicios honorarios, del que se espera poder resolver mediante este pronunciamiento. Apoyaré como ex alcalde una iniciativa para que la agenda municipal sea visibilizada en la agenda legislativa, y de esta manera junto a la Amuch poder alcanzar una solución que nazca desde la participación".
Por su parte, el presidente de la Bancada Municipal, el diputado Cristián Labbé (UDI), comentó que "este es un tema que como legisladores debemos transparentar y no cargar a los alcaldes de Chile con un dictamen que puede afectar los presupuestos municipales. Los municipios, ni el país tienen las condiciones legales financieras adecuadas para dar cumplimiento al dictamen, basándonos en principios de legalidad, responsabilidad y control en la función pública, se deben aunar criterios".
Según informaron los alcaldes, el directorio de la asociación ya realizó una solicitud de audiencia ante Contraloría y otra con la Subdere, con el fin de "optimizar una salida vía presupuesto de la Nación" para absorber el cambio a través de una reforma legal.
