Aton (imagen referencial)
Luego de que a fines de 2018 la Corte Suprema fallara a favor de un niño diagnosticado con atrofia muscular espinal, para que el Ministerio de Salud financiara el único tratamiento que podía salvarle la vida con un costo de más de $500 millones solo el primer año,
los casos de pacientes que piden al Estado la cobertura de tratamientos se multiplicaron: mientras en 2018 fueron 13 los recursos interpuestos para ello, en 2019 esa cifra subió a 87. Es por esto que
el presupuesto de 2023 para Salud debió realizar "una expansión que permite reconocer el gasto que Fonasa ejecuta para el financiamiento de medicamentos de alto costo sancionados por la Corte Suprema", dedicando $22.946 millones para este concepto. "
No es una buena señal empezar a poner esa línea de gasto en el presupuesto, porque
termina significando un estímulo a utilizar la vía judicial", consideró Jaime Burrows, ex subsecretario de Salud Pública. Por su parte, Jean-Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de Pro Salud Chile, opinó que "
más que aumentar en el presupuesto los recursos para el pago de aquellas sentencias (...)
se debe abordar la causa raíz del problema de la judicialización creciente, que es
la insuficiente cobertura financiera de tratamientos por parte de los seguros de salud".
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