Los diputados RN Diego Schalper y Hugo Rey, los concejales de Santiago Juan Mena y Santiago Mekis, junto a la Agrupación Santiago Seguro, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).
Las autoridades de oposición se basaron en acusaciones del ex rector del Internado Nacional Barros Arana, Gonzalo Saavedra, quien aseguró que desde que asumió la nueva administración en junio de 2021, se le dio una orden de no aplicar la ley de Aula Segura de 2018, de la cual Hassler –y el actual Gobierno- fue siempre contraria.
La idea, como comentó Schalper, es que "el contralor constate que la alcaldesa de Santiago, a partir de una serie de antecedentes que hemos incorporado en el requerimiento, no está haciendo cumplir la ley", que sería grave ya que "los alcaldes como funcionarios públicos están sometidos a cualquier exigencia y limitaciones que cualquier autoridad pública, y a esa autoridad pública exige que cumpla la ley".
El diputado y secretario general de RN agregó que "si el contralor estima que acá la ley no ha sido aplicada, es decir que esta alcaldesa se ha puesto en posición de no ejecutar la ley, eso es un supuesto abandono de deberes, y por lo tanto un grupo de concejales podrían promover en el tribunal electoral regional una moción de destitución por notable abandono de deberes".
Rey, por su parte, mencionó que "en vez de defender a los alumnos que se esfuerzan, que hacen la pega, a los directores, a los apoderados, a los profesores que realmente van a hacer clases, (Hassler) protege a quienes quieren todo lo contrario".
Añadiendo que "el llamado a la alcaldesa es a que cumpla la ley y que le dé el espacio a los directores para tomar sus propias decisiones y no coarte la libertad que tienen ellos de ejercer un liderazgo dentro de sus establecimientos educacionales".
A ellos también los acompañó Lilian Vicent, directora del Liceo Darío Salas, actualmente suspendida de sus funciones, como acusa ella, por intentar erradicar la violencia a través de Aula Segura. "Esta ley no se ha aplicado en el Municipio. Los directores hemos sido amedrentados, hemos sido desvinculados, en mi caso estoy suspendida desde marzo porque la sostenedora, Iraci Hassler, me ha perseguido desde que era concejala, desde que erradiqué la violencia en el Barros Borgoño he sido perseguida”, comentó, ya que también fue rectora de ese liceo.
La edil desestimó la denuncia en su contra: "En el Municipio de Santiago
se están aplicando las distintas normativas vigentes para poder abordar un problema que se arrastra hace muchos años y que se arrastra precisamente de la gestión que tuvieron personas del mismo partido que hoy día presentan esta acusación en Contraloría".
"Personas de RN que tuvieron años para hacer un trabajo y que lamentablemente no lograron abordarlo de buena manera para resolver situaciones que son complejas y que requieren el trabajo coordinado del Estado", continuó Hassler.
A este respecto, la alcaldesa aseguró que están abordando la problemática de seguridad, pero a la vez en los "temas de fondo". "En poder recomponer las relaciones después de que durante los años anteriores se quebraron muchas relaciones al interior de las comunidades educativas".
"Y en ello poco ayudó el actuar que tuvo el ex presidente (Sebastián) Piñera como el ex alcalde (Felipe) Alessandri, justamente colegas de quienes hoy día presentan esta acusación. Difícilmente nos pueden venir a traer recetas, pero si son problemas profundos en los que si esperamos que ellos y otras personas puedan proponer y podamos sacar adelante en conjunto nuestros establecimientos educacionales de Santiago", dijo.
Asimismo, la alcaldesa garantizó que "hay 577 procedimientos que se han abierto solo este año a propósito de hecho de faltan gravísimas en comunidades educativas en la comuna de Santiago. Estos procedimientos han derivado gran parte de ellos en sanciones, algunos incluso en expulsión, otras en cancelación de matrículas y otro tipo de sanciones que buscan mejorar la convivencia al interior de las comunidades educativas".
Hassler recordó que las atribuciones para llevar adelante Aula Segura son de los directores y directoras de los establecimientos, pero lamentó "las declaraciones de quien fue ex rector durante algunos meses mientras se realizaba el concurso público (Saavedra) (…) no hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente. Y no solo no hay instrucción, sino que la práctica da cuenta de más de 577 procesos disciplinarios abiertos a propósito de faltas gravísimas".
