"Hay que tener claro que
las ocupaciones ilegales son un problema complejo, que en los últimos años aumentó por la pandemia, pero también porque ha habido un dejar hacer".
Así grafica la
ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, el explosivo aumento de tomas irregulares que hay en todo el país. Y se reparten entre terrenos privados, pero también muchos fiscales.
Sobre estos últimos, en conversación con
Emol, la secretaria de Estado informa que "
hay un total aproximado de 19 mil ocupaciones en terrenos fiscales, según lo que hemos registrado este año".
A la hora de hacer una revisión de qué zona del país es la que concentra la mayor cantidad de tomas, la ministra no duda en decir que en el norte, ya que es donde se concentra la mayor cantidad de terreno fiscal y, por lo mismo, es donde hay más ocupaciones irregulares de los mismos, específicamente, en las
regiones de Atacama y Antofagasta, las que en su conjunto concentran cerca del 70% de este fenómeno a nivel nacional".
Toro diferencia los distintos tipos de ocupaciones: "Hay unos que responden a una necesidad habitacional real, otras a segundas viviendas y a loteos irregulares, donde a veces, incluso, operan mafias que han estafado a personas. Cada uno de estos casos, requiere una solución adecuada".
¿Cuándo una toma puede ser botada o desalojada? "La respuesta adecuada a cada caso se determina según las condiciones de cada ocupación. Y la decisión es distinta cuando hablamos de ocupaciones habitacionales, donde cualquier acción debe venir acompañada de la política habitacional, ya sea erradicando a los ocupantes a construcción de vivienda social o radicando un campamento. En otros casos, es necesario establecer campamentos transitorios hasta que se construye una solución definitiva".
Sobre esto puntualiza que "cuando son loteos incipientes, nuestra política es recuperar los terrenos antes de que se consoliden las ocupaciones. Lo mismo, cuando hay
ocupaciones que nada tienen que ver con la necesidad, como las llamadas tomas VIP. Por último, también hay que atender la realidad de situaciones específicas que se han consolidado durante muchos años. Por ejemplo, en el borde costero de Atacama donde hay algunos lugares donde se está implementando hace algunos años un plan especial de regularización. Pero el Ministerio solo puede actuar en ese sentido cuando hay un consenso con otros organismos públicos, porque nosotros no podemos regularizar en zonas de riesgo, en lugares donde no hay acceso a servicios básicos como agua potable, y ahí es muy importante el trabajo interministerial con los municipios y los gobiernos regionales".
