Un 50% han aumentado, de 2020 a la fecha, las tomas ilegales en el borde costero de Tocopilla, región de Antofagasta, lo que ha levantado las alertas de las autoridades locales. Según comenta la alcaldesa, Ljubica Kurtovic, esto existía hace años, pero se intensificó con la pandemia de Covid-19, y especialmente "cuando entregaron los 10%" ya que "muchas familias buscaron alejarse de las multitudes".
Según comento El Mercurio de Antofagasta, los datos vienen de un catastro que ha tenido que hacer la edil junto al director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secoplan), Pablo Oyarzun, debido a la ausencia de las autoridades del gobierno central.
"Sabemos que la Delegación Presidencial está trabajando junto con Carabineros y la Armada sacando rucos de extranjeros y aquellos informales, pero todo eso tiene que moderarse y establecerse por parte del Gobierno y de Bienes Nacionales, con quienes, desde 2020, hemos tenido a penas una reunión para hablar del tema", señaló la alcaldesa.
Kurtovic explicó que "la mayoría de estos de estas ´segundas casas´ son personas del Tocopilla y, en algunas caletas, también gente de Calama, personas que llegaron y no se fueron más".
Sobre el catastro, Oyarzun señaló que "hemos hecho un trabajo en terreno juntándonos con agrupaciones y vecinos que poblaban el borde costero para visualizar qué es lo que necesitan (…) el año pasado comenzamos con un levantamiento de información en conjunto con Dideco (Dirección de Desarrollo Comunitario) para saber los
porcentajes de espacio ocupados en el territorio, la cantidad de habitantes que tenemos, poder diferenciar los habitantes por grupo etario, ocupación, etc".
Si bien, según comentó Oyarzun, es un proceso que aún no termina debido a que siguen llegando personas a las tomas, gracias a esa información se pudo descubrir que, de 2020 al primer semestre de este año, son 1.170 personas que viven en segundas casas en estas tomas rurales del borde costero.
“En el sector norte de la ciudad tenemos 892 asentamientos, en el sector sur, 1.450. La mitad de esas personas llegaron en la pandemia”, puntualizó Oyarzun, y aseguró que "vamos a apoyar a las comunidades que puedan regularizar sus propiedades, evidentemente partiendo del criterio de que el primero a regular es el trabajador de mar ya que es una ocupación del territorio que tiene que ver con su ocupación laboral".
En esa línea también se había referido la seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya, en conversación con el mismo medio, quien aseguró que "vamos a llegar hasta allá. Ya sabemos sobre estas ocupaciones y la idea es trabajar con las caletas, pero con las familias que han vivido por generaciones y desarrollan su actividad laboral dentro de los 80 metros".
