La grave situación en seguridad que está viviendo el país fue una de las protagonistas de la discusión sobre el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados y enfrentó al Gobierno y a la oposición por el compromiso de ambos sectores con la causa y el respaldo a las fuerzas policiales.
El conflicto llegó cuando se comenzó a votar la partida del Ministerio del Interior, el martes, con una serie de indicaciones de la oposición que fueron declaradas inadmisibles por la mesa de la Cámara y que tampoco fueron recogidas por el Ejecutivo. Esto porque no correspondían a la idea central del proyecto o aumentaban recursos en circunstancias en que eso no es posible para los diputados; o definían de qué modo se debían ejecutar los fondos, incidiendo en la administración estatal.
Ese fue el caso de, por ejemplo, una indicación firmada por el diputado
Jorge Alessandri (UDI), que reajustaba los sueldos de todos los funcionarios de Carabineros contemplados en la escala de remuneraciones, aumentándolos en un 30%.
Los diputados Miguel Mellado y Miguel Becker, de RN, propusieron "27.000.000 millones para bonos por desempeño de funciones policiales operativas en zonas de alto riesgo de las provincias de Arauco, Malleco y Cautín".
Y una propuesta del diputado Guillermo Ramírez (UDI) buscaba "eximir de responsabilidad penal cuando se emplee racionalmente la fuerza por medios institucionales y/o en el ejercicio de sus funciones permanentes aun estando de franco".
Pero, a contrapelo de lo definido por la mesa y de lo esperado por el Ejecutivo, varias de esas propuestas fueron defendidas por sus autores y estos pidieron votar el reclamo de la admisibilidad. Algunos de esos reclamos se ganaron y las indicaciones se aprobaron, como por ejemplo una de RN, que establece que en 2023 se deberá implementar un "proceso de reajuste salarial para suboficiales que considere, entre otros factores, la mayor exposición a agresiones y el salario que se puede obtener en empresas de seguridad privada".
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció una reserva de constitucionalidad y criticó que era un "muy mal precedente" que en medio de una discusión presupuestaria se propusiera un reajuste salarial, y la oposición respondió con duras acusaciones sobre el real compromiso del Gobierno con el combate al crimen organizado.
"Nosotros hemos hecho un punto político respecto de la urgencia que tenemos de mejorar la remuneración de los Carabineros. Lo que hubiésemos esperado es que el Gobierno acogiera la indicación. Cuando el Gobierno dice que van a apoyar a Carabineros,
no hay que hacerlo solo de la boca para afuera sino que hay que hacerlo con la mano en la billetera", dijo el diputado
Juan Antonio Coloma (UDI).
El diputado de RN Hugo Rey contestó que el ingreso de indicaciones inadmisibles "es el mecanismo que tenemos para hacer lo que Chile está pidiendo, que es que apoyemos a nuestras fuerzas policiales a combatir el delito. Si el Gobierno no quiere hacerlo, es la única salida que tenemos. Independientemente de lo que diga el ministro, estamos con la gente y vamos a apoyar a Carabineros".
Quien criticó aquello fue el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, que señaló que "estamos hoy frente a una derecha confrontacional más que colaborativa y eso se debe particularmente a que los sectores de extrema derecha están arrastrando a Chile Vamos a posturas más extremas, inadmisibles y absolutamente inconstitucionales".
Rechazo de presupuesto para combate al crimen organizado
Pero además, con el fin de reclamar por los "exiguos aumentos", la oposición -Chile Vamos, PDG, parte de la DC y Republicanos- rechazó los gastos variables de la partida del Ministerio del Interior, claves, según el Ejecutivo, para el combate al crimen organizado.
"No existe este supuesto real compromiso del Gobierno por mejorar la seguridad pública desde el punto de vista preventivo ni de persecución penal. El rechazo significa que el Gobierno tendrá que llegar con una propuesta seria, no un panfleto", dijo el diputado Agustín Romero (P. Republicano)
"Se han rechazado los fondos para el combate al crimen organizado, los recursos para fortalecer la capacidad operativa de Carabineros, la compra de vehículos, implementos de protección personal", explicó el ministro Marcel.
"Desgraciadamente hay momentos en los cuales la dinámica confrontacional dentro del proceso legislativo termina dominando sobre los fundamentos de la propuesta del Presupuesto. Trabajamos muy duramente con la Dipres para presentar un Presupuesto serio, que responda a las prioridades del país, y lamentamos haber tenido este tropiezo", sumó el jefe de la cartera de Hacienda.
Desde el oficialismo respondieron con sorpresa y argumentaron que no era lógico defender la causa de la seguridad y rechazar ese tipo de gastos. "Nos llama profundamente la atención, cómo las oposiciones que han hecho gárgaras con la seguridad ciudadana, el combate del crimen organizado, el narcotráfico, y a la hora de marcar un acto concreto con la seguridad de nuestro país, optan por darle la espalda a la ciudadanía", contestó el diputado Jaime Sáez (RD).
La próxima semana el debate llegará al Senado, donde la oposición espera reabrir la discusión sobre algunos montos en estas materias. En los partidos de Gobierno ven la situación compleja, dado que insisten en que el Presupuesto "es de tiempos difíciles, no de abundancia".
"El Gobierno hizo un gran esfuerzo aumentando algunas partidas y eligió la de seguridad pública como una de ellas fortaleciendo sobre todo lo que dice relación con Carabineros", dijo el senador José Miguel Insulza en EmolTV.
"Siendo yo diría creo el más ferviente defensor de los temas de seguridad pública, creo que vamos a tener que dejarlo en lo que está. No hay mucha alternativa, si no se aprueba, se rechaza", aseguró.
