El problema es que el Estado no ha estado a la altura", dice el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, consultado por el proyecto con el que desde el Ejecutivo intentan resolver el problema generado por loteos irregulares surgidos al amparo del Decreto Ley N! 3.516 que regula la subdivisión de predios rústicos, pero que terminan convirtiéndose en proyectos inmobiliarios. Una situación denunciada por muchos municipios en el país, a raíz de la creciente demanda de servicios a loteos vendidos sin urbanización, conexiones a la energía eléctrica o redes de agua potable o alcantarillados. Montes reconoce que la circular del Ministerio de Agricultura, que en práctica congeló las subdivisiones respecto de las cuales se sospecha un fin inmobiliario, "ha detenido en parte del proceso", pero reconoce que hay un "crecimiento exponencial" aunque todavía no tienen una cifra absoluta según precisa.
