La autoridad subrayó que el Ejecutivo hizo todos los esfuerzos necesarios para poner fin al paro.
El Mercurio.
La
vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, informó este miércoles que el Gobierno decidió aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado en contra de aquellos camioneros que están cortando rutas en distintos puntos del país en protesta por los precios de los combustibles.
Al respecto, la autoridad indicó que "lo primero es insistir en que
el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos, como consta públicamente, por evitar este conflicto. El día lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas".
A su juicio, ese pacto constituyó
"un esfuerzo importante por darle una respuesta concreta a varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas que se han movilizado".
"Pese a ello, después del lunes, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas, a la circulación y el abastecimiento en distintos puntos del país", agregó.
En ese contexto, Tohá sostuvo que ello "no es aceptable, no lo vamos a tolerar. Por eso el Gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado, como corresponde en casos como este y es un hecho. Esta decisión ha sido tomada".
Respecto al proceso, la secretaria de Estado explico que "durante la tarde vamos a contar detalles de cómo eso se va a realizar, lo va a anunciar el subsecretario (Manuel) Monsalve, en este momento ministro subrogante (del Interior), desde Valparaíso".
Asimismo, manifestó que "en todas estas horas se han sostenido varios esfuerzos adicionales y en lugar de avanzar hacia una solución de este problema, lo que han hecho algunos de los grupos que firmaron el acuerdo del lunes es plantear nuevas demandas".
"Son demandas totalmente desproporcionadas para la realidad del país y que no consideran el esfuerzo que se hizo el lunes y el avance que se logró en esa negociación. Así que esos plazos y esas conversaciones ya se han desarrollado", indicó.
Finalmente, subrayó que "ahora estamos simplemente en la articulación de llevar adelante esta decisión que ya se tomó", en referencia a la invocación de la ley, la cual contempla altas penas para quienes alteren el orden público y la libertad de desplazamiento.
