"Vamos a mantener la movilización", dijo ayer el presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, dando cuenta de la decisión de su gremio y de la de otras agrupaciones de continuar con el paro de camioneros que se inició este lunes para exigir rebaja en el precio de los combustibles y más seguridad.
La determinación fue adoptada pese a la presentación de 27 querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado invocada por el Gobierno y a la preocupación que ha generado la movilización en los exportadores de frutas y las mineras por la dificultad para mover sus productos. Hasta ahora, estas son las cinco claves del conflicto.
División en confederaciones
Uno de los hechos que más ha llamado la atención es que a diferencia de otros paros de camioneros, esta vez las confederaciones más grandes acogieron la propuesta del Ejecutivo de congelar por tres meses el precio del diésel e inyectar mayores recursos al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
Entre ellas, está la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Chile Transporte y la Federación Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros, las cuales aceptaron el trato ofrecido por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
De esta forma, los gremios que aún siguen en las calles son agrupaciones de carácter regional o independiente, como la mencionada Fuerza del Norte, la Agrupación de Propietarios y Conductores de Camiones Paine o la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta).
Al respecto, el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, valoró ayer la postura asumida por los gremios que reúnen a la mayor cantidad de vehículos en el país. "Queremos agradecer todos a quienes han estado dispuestos a dialogar, porque hay gremios que a partir de la propuesta del gobierno, no están movilizados", dijo.
Alertas en exportadores
La movilización que se está desarrollando con cortes o interrupciones de ruta en al menos cinco regiones del país está afectando a los exportadores de fruta, supermercados y a las mineras, quienes ya han manifestado su rechazo hacia una paralización que les estaría haciendo perder miles de millones de pesos.
Al respecto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró a Emol que "en un Estado de Derecho, bajo ninguna circunstancia se puede vulnerar, y todos tenemos el derecho, a transitar libremente por las carreteras", junto con advertir que hay productores que podrían perder sus cosechas.
En tanto, el líder de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, indicó que el sector trabaja "con productos perecibles que no pueden esperar. La movilización nos complica porque se da justo en el inicio de la temporada de cosecha más importante y de exportación de frutas, clave para la alimentación e ingresos del país".
Mientras, el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), Iván Marambio, lamentó que "una vez más nuestras frutas están pagando los costos de un problema que no hemos propiciado, pero que está teniendo negativos efectos en nuestro sector. Esto es grave, pues daña la imagen externa de Chile".
"En un Estado de Derecho, bajo ninguna circunstancia se puede vulnerar, y todos tenemos el derecho, a transitar libremente por las carreteras".
Juan Sutil, presidente CPC
En el gremio de los
Alimentos y Bebidas (AB Chile) afirman que el paro de camioneros "está causando graves perjuicios en toda la cadena logística, afectando principalmente el normal abastecimiento de los hogares y los consumidores en Chile, en particular en lo que se refiere a alimentos de primera necesidad y perecibles".
Supermercados de Chile también emitió una declaración en la que advirtieron que en las últimas horas, esa industria "ha experimentado dificultades logísticas que han alterado el normal abastecimiento de algunos de sus recintos a lo largo de todo el país, en particular en la zona norte, incluyendo la zona de Valparaíso y San Antonio".
Otro sector afectado es la minería. Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), su líder, Jorge Riesco, declaró que "nos parece evidente que afectar el normal funcionamiento de las faenas mineras no contribuirá a solucionar los problemas que los manifestantes pretenden poner de relieve".
"Creemos que el Gobierno debe adoptar una posición más decidida para garantizar el libre tránsito de bienes y personas que permita una continuidad de las operaciones, sin perjuicio de redoblar sus esfuerzos para hallar una solución a este conflicto que se ha extendido más allá de lo necesario", acotó.
Episodios de desabastecimiento
Si bien hasta ahora el problema no ha sido generalizado, existen distintas zonas del país que ya están acusando problemas de abastecimiento a causa del paro de camioneros, sobre todo en la zona norte. En regiones como Atacama y Coquimbo, las autoridades ya han levantado las alarmas sobre escasez de alimentos y bencina.
Al respecto, el delegado presidencial de Coquimbo, Rubén Quezada, señaló ayer que "el diagnóstico es claro, esta es una movilización que perjudica a las personas, cuando impide que las viviendas de emergencias que hemos gestionado para las familias que perdieron todo en Monte Patria a raíz del incendio forestal lleguen a dar soluciones".
Ante esa situación, el alcalde de esa comuna, Cristian Herrera, planteó la posibilidad de presentar un recurso de protección en contra de los camioneros que están bloqueando el paso. Quezada añadió que el abastecimiento de combustible, el paso de ambulancias, camiones aljibes, y recolectores de basura, "está en peligro".
El rol del Gobierno
Desde el Ejecutivo han estado en permanente alerta por el paro. De hecho, minutos antes de iniciar su viaje a México, el Presidente Gabriel Boric estuvo en contacto con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, quienes le informaron del acuerdo de cuatro federaciones de camioneros.
Quien encabezó esas gestiones fue el ministro de Hacienda,
Mario Marcel, quien elaboró el paquete de medidas ofrecidas a los transportistas. Tras obtener un acuerdo, el jefe de las finanzas fiscales traspasó la posta a Tohá y Monsalve, quienes, ante la negativa de algunos gremios a dejar el paro, decidieron endurecer su posición.
En ese contexto, la vicepresidenta de la República, manifestó ayer que el bloque de rutas "no es aceptable, no lo vamos a tolerar. Por eso el Gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado, como corresponde en casos como este y es un hecho. Esta decisión ha sido tomada".
En tanto, esta mañana, Monsalve insistió en el punto: "El país no tiene por qué pagar los conflictos de los gremios de los camioneros (…) el daño que se le produce al país es enorme, la agresión de tomarse las carreteras no es una agresión contra el Gobierno, es una agresión contra los ciudadanos del país y en eso no podemos tener flexibilidad".
Quejas ciudadanas
Otro aspecto de la movilización que ha despertado reproches es la reaparición de conductas que fueron criticadas durante el estallido social, como el cobro de peaje por parte de camioneros a otros vehículos para transitar o la instauración de "el que baila pasa" en algunos puntos del país.
Este miércoles, varios videos que mostraban esta conducta fueron difundios en redes sociales, en particular uno en el que se aprecia a un chofer de un bus de la línea Andimar, quien se dirigía desde Santiago a La Serena, y que tuvo que descender del vehículo y bailar ante los choferes de camiones.
También surgieron acusaciones de cobro de peaje en algunas zonas. "Puede que eso ocurra en algunos lugares, entiendo que son hechos aislados. Obviamente son hechos que repudiamos y yo espero que los camioneros también repudien hechos de esa naturaleza", comentó hoy el ministro (s) Monsalve.
