Preocupación es lo que manifestaron diversos actores políticos tras la información del Ministerio de Transportes sobre la cifra de evasión del sistema de buses capitalino, que llegó al 40,2% y que se anunció en conjunto con un plan para combatir el no pago.
En general, el plan ha sido bien evaluado, pero parlamentarios también remarcan que se deben acelerar los tiempos para su implementación y que también debería haber medidas que apunten a mejorar el transporte en zonas rurales o regiones distintas a la Metropolitana.
"La evasión se ha vuelto un problema estructural en Chile. Sin justificar, pienso que el ciudadano a pie, al ser testigo de escándalos y perdonazos de los cuales solo 'algunos' han salido favorecidos, se siente con el derecho a no pagar por un servicio caro y de mala calidad. Me parece pertinente este plan antievasión, sobre todo en un contexto de crisis económica donde la recaudación fiscal se ha debilitado", dice el diputado DC,
Felipe Camaño, integrante de la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara.
Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), de la misma instancia, valora el anuncio y recuerda que formó parte del compromiso del Ejecutivo cuando se tramitó el financiamiento para el transporte público. "Creo que apunta en la dirección correcta, porque fue una condición que le pusimos al Gobierno cuando tramitamos el proyecto de financiamiento para el transporte público, el terminar con la evasión debe ser una prioridad", comenta.
El presidente de la comisión, Jaime Sáez (RD), afirma que el informe con las cifras es "durísimo", pero valora que la metodología "sincere mucho más" el porcentaje.
"Dentro de las medidas que se están sugiriendo creo que son importantes el incrementar las zonas pagas y el aumento presupuestario para fiscalización en calle es significativa. Además, en la medida en que podamos normalizar las tarifas y sistemas de pago mucho más amigables con el usuario, la evasión es algo que podremos ir disminuyendo en el largo plazo y me parece que ese es un objetivo no solo de esta administración, sino de Estado", dice Sáez.
En tanto, el senador PS, Juan Luis Castro, plantea que "la evasión en los buses del Transantiago es escandalosa y esto requiere un sentido de urgencia para abordarlo. Comparto las líneas que el ministro ha planteado, pero creo que hay que acelerar los tiempos".
Castro recuerda al mismo tiempo que debería venir un alza en las tarifas en los próximos meses, a pesar de que no está definido cuándo aún, y en ese sentido que "no es posible generar un aumento de tarifas, probablemente desde enero, y no tener a la vez al menos el inicio del plan operativo antievasión, porque esa evasión si no se controla va a aumentar rápidamente ante el aumento de tarifas, es inevitable".
En tanto, la diputada Catalina del Real (RN), critica que el anuncio realizado es "tardío" frente a un problema que le ha costado "miles de millones de dólares a todos los chilenos" y responsabiliza al Ejecutivo. "El Gobierno del Presidente Boric abandonó la fiscalización y hoy estamos en presencia de los resultados", dice.
Además, remarca que el plan debe acompañarse "de la voluntad política de hacerlo cumplir" y valora que "el anuncio del envío de un proyecto de ley para aumentar sanciones a quienes agredan tanto a fiscalizadores como conductores, aparece como una decisión fundamental -junto con otras-, que permitan el control y sanciones ejemplificadoras".
Las críticas sobre el sistema en regiones
En esa misma línea, la diputada independiente Camila Musante dice que "si realmente se quiere mejorar el sistema de transporte público, el Estado se debe hacer cargo de establecer tarifas que sean de acuerdo a la realidad de la economía de las personas. En el caso de mi distrito, que son las zonas rurales de la RM, muchos vecinos y vecinas deben trasladarse todos los días hacia diversas comunas de Santiago y deben costear doble y hasta triple pasaje para llegar a su destino, lo que claramente es insostenible considerando el complejo panorama económico".
"Aparte de reforzar la seguridad en los accesos o medidas preventivas, la solución va por fijar tarifas y la integración a la red de las provincias de Talagante, Melipilla y el Maipo, que exista la alternativa de transporte público".
Otro parlamentario que hace foco en las zonas rurales es Rubén Oyarzo (PDG), quien comenta que "el porcentaje de evasión que se informó hoy es altísimo y preocupante. Si no hubiese evasión masiva en el pago del transporte publico no sería necesario subir tanto las tarifas. En la ruralidad, cómo es el caso de la provincia de Chacabuco, la evasión es casi cero y el costo del pasaje del transporte es mayor. Se debe evaluar el sistema de pagos integrados y aumentar la fiscalización del evasor y de los buses que andan sin pasajeros".
Sobre este punto también es crítico el diputado de la Comisión de Obras Públicas y Transportes, Juan Irarrázaval, que dice que "si el Transantiago no se subsidiara costaría cerca de $2.500, los mismos que cuestan aproximadamente las micros en las zonas rurales de la Región Metropolitana, las que no reciben ningún apoyo real del Estado, tienen una evasión cercana a cero y se les acusa de cobros abusivos. El verdadero abusador aquí es el Estado que derrocha plata en su negociado, y tiene en completo abandono de la transporte rural de la misma región".
Asimismo, solicita que "el Transantiago transparente sus recursos para que tenga algún incentivo en ser eficiente, y no queme plata en desmedro, por ejemplo, del transporte interurbano que debe dejar de funcionar bajo un criterio de exclusión y debe ser integrado ya. Porque es difícil que cualquier campaña de este Gobierno contra la evasión funcione cuando felicitaron a los evasores en su minuto y ahora designaron un director que instigó esa misma evasión".
Por su parte, el senador de la Comisión de Transportes, Iván Flores, asevera que "al Gobierno hay que recordarle que si bien es cierto que las cifras de evasión son demasiado altas, también las cifras de dificultad económica de cientos de miles de familia también son muy altas. Y tal como en algún momento se comprometió el subsidio al transporte público, finalmente termina siendo solo para la ciudades reguladas y dejaron a las regiones fuera. En este caso, en la RM tenemos una dificultad y el Gobierno no solo tiene que enfrentarla vía buscar mecanismos de fiscalización, acceso a los buses, sino que también debe buscar la manera de ayudar a la ciudadanía.".
