"Destacar el trabajo de las policías", "no queremos que nuestra región se convierta en la Región Metropolitana" y "esperamos que sean expulsados". Diversas fueron las reacciones que dejó la detención de cinco ciudadanos colombianos por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de armas y municiones, de los cuales tres tienen orden de expulsión por agredir a siete carabineros el pasado 9 de octubre en Puerto Montt.
Según informó el fiscal Marcelo Maldonado, de los tres individuos vinculados a la agresión a efectivos policiales, "dos estaban sujetos a medidas cautelares y para un tercero se había solicitado su prisión preventiva y se había despachado una orden de detención para que pudiera ingresar a cumplirla. Era una de las personas que se estaban buscando".
La delegada presidencial de la región, Giovanna Moreira, valoró la aprehensión asegurando, de acuerdo a El Mercurio, que "va en línea del trabajo continuo que se realiza hace varios meses para focalizarnos en la disminución de armas y drogas". Pero además, destacó que "esto nos permite desbaratar a esta banda que tenía droga, la que iba a ser vendida en nuestros barrios".
Consultados por Emol al respecto, diversos parlamentarios de Los Lagos abordaron la situación. Por ejemplo, el diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal) resaltó el trabajo que se ha hecho en la zona "en cuanto a coordinación de las policías con la delegación presidencial. Estos temas se han resuelto de muy buena manera, y este tipo de situaciones también demuestran que las policías tienen un rol activo y genera más tranquilidad en la ciudadanía".
Ahora bien, añadió que "nosotros esperamos que estos extranjeros que agredieron a carabineros sean expulsados cuanto antes del país y que los trámites judiciales pueda realizarse lo más rápido posible".
Una apreciación similar mostró el diputado Héctor Barría (DC), quien sostuvo que "no queremos que nuestra región de Los Lagos se convierta en la Región Metropolitana cuando se refiere a situaciones de delitos con violencia y sobre todo narcotráfico, por lo tanto, si estamos ante presencia de extranjeros que se suman a este tipo de actividades ilícitas que aumentan los niveles de narcotráfico y otros problemas derivados de este flagelo, deben ser expulsados inmediatamente a su país de origen".
El diputado Daniel Lilayú (UDI) repudió por su parte el hecho y reiteró el llamado al Gobierno "para que tome medidas más duras en contra de los inmigrantes que se encuentran de forma ilegal en nuestro país, cometen delitos y agreden a nuestras policías".
En tal sentido, propuso que "los extranjeros que sean detenidos por alguna acción delictual permanezcan en prisión hasta su expulsión del país, y así asegurarnos que realmente dejen Chile (...) Si un extranjero no respeta nuestra legislación, ni la autoridad de Carabineros de Chile, entonces no tiene nada que hacer en nuestro territorio y debe ser expulsado sin mayores miramientos".
Según apreció, "hoy tenemos extranjeros que son un gran aporte al desarrollo del país, y eso se valora, pero a los inmigrantes que son delincuentes no debemos permitir que permanezcan en Chile".
En tanto, el diputado Mauro González (RN) acotó que "es fundamental que el plan de Gobierno en materia de seguridad funcione y que las reuniones que están llevando a cabo con todos los entes políticos lleguen a un buen puerto y que no sean solo marketing político".
"Han aumentado los delitos violentos, los ataques a la policía, la llegada del narcotráfico al país y, por lo tanto, debemos poner un punto final a la violencia (...) Tenemos el deber de trabajar de forma conjunta para hacer frente a esta realidad que nos afecta, pero que ya vivieron otros países de Latinoamérica, por lo tanto, los antisociales deben ser expulsados y condenados. Es nuestra responsabilidad devolver la paz a las calles de nuestra región y de nuestro país", añadió.
Por último, el senador Carlos Kuschel (RN) destacó "el trabajo de las policías que detienen varias veces a los mismos delincuentes".
Es necesario recordar que la agresión a efectivos policiales en octubre fue grabada, el registro se viralizó en redes sociales, y tras un rechazo transversal, el Presidente Gabriel Boric dispuso la expulsión administrativa del territorio nacional de seis de los involucrados en la agresión.
Tras ello, se presentó un recurso de amparo de los ciudadanos colombianos en contra de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública, lo que el 5 de noviembre fue rechazado. En ese entonces, aquello fue calificado como "una buena noticia" por el subsecretario Manuel Monsalve.
Ahora bien, de acuerdo al fallo de todas maneras se suspendió "la ejecutoriedad de las órdenes de expulsión decretadas (...) solo en cuanto se mantengan las medidas cautelares".
