Una pila de curriculums de "expertos" llegarán a las manos de los diputados y senadores en las próximas semanas, que deberán seleccionar entre esos a "24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica", respetando la paridad de género. 12 los escogerá la Cámara y 12, el Senado.
El acuerdo constitucional firmado la noche del lunes establece que estas personas integrarán un "Comité Experto" encargado de redactar un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, como una "idea matriz" del mismo, que no será vinculante.
Estos "expertos" deberán tomar sus decisiones por un quórum de 3/5 e iniciarán su trabajo en enero de 2023. Luego se incorporarán al Consejo Constitucional y podrán usar la palabra en todas las instancias, pero sin derecho a voto. Una vez listo el proyecto de nueva Constitución, estos académicos tendrán el rol de entregar un informe con propuestas para mejorar la redacción y comprensión de normas del texto. Incluso podrán insistir en la etapa final en ciertos ajustes, lo que incluso podría derivar en una comisión mixta entre académicos e integrantes electos.
Pero aún hay una serie de dudas relacionadas a estas personas, iniciando por su designación. El documento firmado anoche dice que le corresponden 12 a cada cámara, de forma proporcional a las fuerzas que están representadas, pero no es claro quién realizará el cálculo sobre esta proporción, ni si serán permitidos los acuerdos entre partidos para compartir nombres, y qué pasará en la Cámara Baja, donde hay un porcentaje importante de independientes.
El perfil de los "expertos"
Otro punto que no se sabe es el perfil de estas personas. Lo único que establece el Acuerdo por Chile es que "no podrán ser parte de la Comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular". El presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, acotó más las posibilidades anoche, cuando dijo que “los constituyentes que participaron del primer proceso no podrán ser ni candidatos al Consejo ni tampoco expertos".
Tampoco serían todos abogados constitucionalistas, según lo que han dicho los mismos dirigentes políticos. La semana pasada, el diputado Raúl Soto (PPD) comentó que "hay otro tipo de expertises que también van a ser muy necesarias en distintas áreas y campos, por tanto, hay que abrir un poco más el abanico de posibilidades respecto de lo que vamos a hacer en el diseño de este órgano. Hay mucha gente que podrá aportar desde las ciencias políticas, desde la economía, áreas como salud y educación".
"Hay mucha gente que podrá aportar desde las ciencias políticas, desde la economía, áreas como salud y educación"
Raúl Soto
En tanto, el presidente de RN, Francisco Chahuán, planteó esa misma semana que estos "expertos" deben ser "mandatarios de los partidos políticos y deben posibilitar y allanarse para buscar acuerdos y deben tener la experiencia necesaria para hacer su trabajo. Más allá de la profesión de abogados y constitucionalistas se requieren personas que conozcan el mundo público".
Aquello implica que los partidos deberían, en teoría, filtrar según varias características: títulos, profesiones, años de experiencia, áreas de conocimiento, entre otras. El senador Iván Flores (DC) decía este lunes que se les debía exigir cierta tiempo de ejercicio de la profesión, pues un recién egresado de derecho cuenta con un título pero no podría ser denominado "experto".
Esta mañana, Mirosevic informó también que no recibirán un sueldo, sino que trabajarán ad honorem. “Además estos expertos no van a recibir remuneración, van a servir ad honorem a esta tarea, una tarea nacional, de Estado, donde estamos seguros de que esta gente notable que ha hecho su trayectoria de manera impecable, hoy estén disponibles y al servicio de cumplir una misión republicana y democrática como esta”.
Los expertos del proceso anterior
La discusión de los expertos también estuvo marcada por una crítica, principalmente proveniente del oficialismo y de una parte de la oposición, de que estos no garantizaban que el proceso sea exitoso. De hecho, las mismas voces remarcan que en la Convención Constitucional hubo decenas de abogados, constitucionalistas, politólogos y académicos con varios títulos.
En ese marco, consultados por las diferencias que podría haber entre ambos procesos, si ambos consideraron expertos, el senador Alfonso De Urresti aseguró que se trata de “la sobriedad. Tuvimos importantes académicos pero que jugaron un rol no de académicos, sino de seudo líderes políticos, envanecidos por el protagonismo. Cuando concurres con tu sapiencia y ayudas a destrabar elementos, eso ayuda”.
La senadora Paulina Núñez (RN), en tanto, respondió que “en una primera etapa todos entraban con las mismas atribuciones y está demás decir que se congregaron a redactar un programa de Gobierno más que una propuesta para una nueva Constitución. En esta oportunidad los expertos tendrán tareas designadas y claramente definidas. Teniendo la claridad de hasta dónde llegan tus atribuciones y cuál es la tarea que se está encomendando, que no lleguen expertos a redactar un programa".
Para el diputado Andrés Longton, en tanto, un experto que reúne las condiciones necesarias debe tener experiencia académica, pero también política. Cada partido debe definir qué es lo que es un experto porque las credenciales y antecedentes pueden ser muy diversos".
"Cada partido es responsable de determinar a las personas competentes y no repetir el descalabro de quienes se hacían pasar por expertos", remató.
