El 22 de julio de 2021 la nueva alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional por supuestas irregularidades en el tratamiento del dinero fiscal durante la administración anterior, apuntando especialmente al ex edil, Raúl Torrealba (ex RN).
Ese fue el inicio de una investigación que actualmente lleva adelante el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir, y que complica a quien lideró el municipio desde 1996 a 2021, y que tuvo que dejar su puesto solo por la Ley Nº 21.238, la cual limitó la cantidad de reelecciones para las autoridades chilenas.
Cómo comenzó
Merino decidió realizar la denuncia debido al testimonio clave que le llegó a Mauricio Irarrázabal, jefe jurídico del Municipio, por parte de Domingo Prieto, ex encargado de los programas Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, desde donde salían los caudales públicos que iban, presuntamente, a parar al bolsillo de Torrealba.
"A él no lo conocía y le refrendé el hecho de que me habían falsificado las firmas (en algunos documentos). Le dije que eso me parecía irregular", dijo Prieto ante la Fiscalía. "Le señalé las diversas irregularidades que se venían cometiendo, en cuanto a que, de manera mensual, y desde hace varios años, se entregaban sumas de dinero mensualmente al alcalde Torrealba, dinero que se extraía de Vita Deportes", agregó.
Así, acusó irregularidades relacionadas a la falsificación de su firma como también a los aportes y subvenciones que recibían las instituciones que representaba. Con esto Prieto también se estaba autodenunciando, ya que habría sido parte de la malversación de fondos, por lo que actualmente es imputado de la causa.
Poco después, el 19 de agosto de 2021, quien ejercía como directora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín -sobrina de Prieto y amiga de la hija de Torrealba- también decidió revelar lo que hacían en la anterior administración.
"Esto ocurre desde hace tres años, desde el mes de julio o agosto de 2018, cuando comencé a ocupar el cargo de directora de Desarrollo Comunitario. Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo
recibiría un sobre con la suma aproximada de $5 millones que debía entregárselo a él. Este sobre lo recibiría los primeros días del mes y me lo entregaría Domingo Prieto Urrejola", dijo ante la Fiscalía Larraín, quien también se encuentra en calidad de imputada.
Además, según el informe de la Fiscalía, "todos los años, para la semana de la chilenidad, ella recibía de parte del señor Prieto una suma de dinero variable, cercana a los $ 3.000.000, para que administrara y gastara en temas propios de esa celebración, sin embargo, normalmente sobraban sumas cercanas a $1.000.000 que ella debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio Raúl Torrealba".
Al conocerse la denuncia, el ex alcalde indicó que "no sé lo que pueda haber. Me parece fantástico todo lo que está haciendo la alcaldesa, que revise todo lo que tenga que revisar".
Pesquisas del Ministerio Público
Frente a las declaraciones y el inicio de la investigación penal, el Ministerio Público solicitó el allanamiento de los domicilios de Prieto y Torrealba, y la incautación de computadores y documentos utilizados en los programas Vita.
Pero también, el 3 de septiembre del año pasado, se levantó el secreto bancario de las cuentas de los tres principales imputados. Según reveló La Tercera, como propiedad del "Tronco" Torrealba –como le dicen sus amigos- existía una cuenta del Banco de Chile donde tendría más de $2.300 millones.
Además, la PDI registró su casa en el sur –La Araucanía- en donde, según el diario ya mencionado, se encontraron fajos de billete ocultos en una pared.
Luego de eso, la Fiscalía amplió la investigación contra el ex alcalde, para perseguirlo como presunto autor del delito de lavado de dinero, sumándose así al fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos.
Merino, luego de conocerse los antecedentes, indicó a El Mercurio que "confiamos en el trabajo de la Fiscalía", mientras que el abogado del Municipio, Alejandro Espinoza, aseguró estar "muy confiados en que los avances de la investigación llevarán al establecimiento de las responsabilidades penales de quienes defraudaron el patrimonio de Vitacura".
Además, previamente, aseguró que alistan una querella nominativa contra Torrealba por fraude al fisco, la que se concretaría este mes.
La defensa de Torrealba
Francisco Velozo y Cristián Bawlitza, abogados del ex edil, hicieron público un comunicado frente a lo expuesto por La Tercera, en donde aseguran que las revelaciones se hacen "sin hacer mención alguna al largo período de años que comprende el análisis de los movimientos de las cuentas a las que se hace referencia, ni tampoco a la naturaleza y origen de los depósitos; dando a entender que existiría una cuenta bancaria con una suma millonaria acumulada, lo que difiere absolutamente de la realidad".
Sobre los dineros que se habrían supuestamente encontrado ocultos en la pared se agrega que con "las limitaciones que nos impone la investigación en curso, sólo señalaremos que ello no es cierto", agregando que "la diligencia se llevó a cabo sin inconveniente alguno, con la colaboración del señor Torrealba y de su familia".
Las últimas informaciones
En base a las tres declaraciones que ha hecho Prieto ante la fiscalía, esta práctica se realizaba desde hace más de tres años. De hecho, aseguró que el creador de este mecanismo de triangulación fue el ex director de Desarrollo Comunitario y ex intendente de Santiago, Felipe Guevara, quien en 2008 asumió como alcalde de Lo Barnechea, pero seguía recibiendo dinero en efectivo desde la Municipalidad de Vitacura.
"Esto lo inventó Felipe Guevara, una vez que comenzaron a funcionar las organizaciones comunitarias funcionales. Él fue director de Desarrollo Comunitario en Vitacura, luego ese cargo lo ejerció Renato Sepúlveda u luego Antonia Larraín. Todos sabían y consentían en este mecanismo", dijo Prieto en una de sus declaraciones.
Sin embargo, el ex intendente ha respondido, aseverando que es "totalmente falsa y no dice relación con la realidad. Primero, yo llegue a la Municipalidad de Vitacura cuando ya existían estas organizaciones (…) estos famosos Vita ya existían de la administración anterior. El señor Prieto ya trabajaba ahí. Yo me integré posteriormente a trabajar a Vitacura y
no vi nada de lo que dice el imputado, nunca vi un sobre, ni dinero en efectivo".
Asimismo, Prieto reveló que, presuntamente, parte de ese dinero se utilizó para fines políticos asociados al ex jefe comunal. En primera instancia respondió: "En relación a lo que me consulta, si hay dineros provenientes de las organizaciones Vita y que hayan sido destinadas a campañas políticas, tengo que mencionar que sí hubo".
Esto referido a "la campaña a diputado del sobrino del alcalde, de nombre Sebastián Torrealba Alvarado, el año 2016, no recuerdo el mes".
En esa ocasión "el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Renato Sepúlveda, me solicitó que debíamos entregar mensualmente la cantidad $1.500.000, a solicitud del alcalde Raúl Torrealba, instruyéndome a sacar el dinero de Vita Deportes, el cual se cobraba a través de un cheque, siendo entregado en efectivo a Renato Sepúlveda en un sobre".
"Esto fue hasta que fue elegido diputado. Fueron varios meses, no recuerdo exactamente cuántos, ni sé desde cuál Vita se hizo, aunque creo Vita Deportes, tampoco sé qué mecanismo contable se usó para registrar este gasto. De otras personas que se les haya entregado dinero proveniente de una de las organizaciones con fines políticos no tengo conocimiento", mencionó ante el organismo persecutor.
El ex diputado se defendió de las acusaciones: "Quiero desmentir tajantemente las declaraciones del denunciante Domingo Prieto (...) en ellas sostiene que dineros del municipio se habrían entregado al ex edil para apoyar mi campaña parlamentaria", agregando que Ejamás recibí aportes para mi campaña de parte de él y quiero aclarar que todas las donaciones siempre fueron ejecutadas vía el Servicio Electoral tal y como lo señala la ley".
En ese mismo contexto, Prieto comentó al Ministerio Público que "entre los años 2002 al 2016 aproximadamente, por solicitud personal de Raúl Torrealba, Vita Deportes debió asumir los pagos por los arriendos de las sedes políticas y sus arreglos por remodelaciones, utilizadas por el alcalde y sus concejales afines políticamente -como Max del Real, Macarena Beanilla, Cristián Araya, Alto Sabat, este último no reelegido, María José Domínguez que tampoco salió, Catalina Recordón y no recuerdo otros-, necesarias para las reelecciones (...) "Las instrucciones eran ´necesito una sede para mí y mis concejales`".
La última sede habría sido en la calle Vitacura frente a Los Cobres, la cual era una pizzería, en donde "se gastó en arriendo mensual la cantidad aproximada de $2.800.000, más los fondos que siempre destinaban para su remodelación", dijo.
De hecho, el ex contador de la Municipalidad, Augusto Silva, quien también tiene calidad de imputado en la causa, declaró que Renato Sepúlveda “se la pasaba hablando de políticas y campañas. Recuerdo que durante 2017 presentó varios gastos para reembolso y me dice que se lo pagáramos dese Vita Deportes".
Hasta el momento el Ministerio Público no ha formalizado al ex jefe comunal, y él tampoco se ha referido al tema. Su defensa asegura que Torrealba "se prestará únicamente ante el Ministerio Público, a fin de que se esclarezcan los hechos investigados".
