Un extenso y ambicioso reglamento de participación popular fue formulado por la Convención Constitucional para acompañar el proceso de redacción de la Carta Magna y sólo una pequeña parte de eso se pudo ejecutar. Con ese antecedente, y lo que varios consideraron un fracaso de las iniciativas populares de norma -que captaron mucha gente pero tuvieron poca incidencia-, el nuevo proceso constituyente tendrá una participación mucho más acotada.
En la reforma constitucional que ingresaron los partidos el miércoles pasado se establece que estos mecanismos estarán incorporados en el reglamento, que se preparará a propuesta de los secretarios de la Cámara y el Senado y luego será ratificado por una comisión de parlamentarios.
Esta participación será coordinada por la U. de Chile y la UC, mediante fórmulas que permitan la participación de todas las universidades acreditadas y, según establece la moción, estos mecanismos deben incorporar la iniciativa popular de norma (IPN).
Aquello se incorporó recién en la etapa de redacción de la propuesta tras la presión del PC, pero no quedó con detalles y se prevé que la discusión cobre mayor forma durante la tramitación legislativa y construcción del reglamento. Un punto que ya es debatido es qué mecanismos se pueden usar, entre los que se mencionan cabildos y audiencias; y cuándo debería partir esta participación, ya que la reforma dice que "tendrá lugar una vez instalado el Consejo Constitucional", pero no todos coinciden con esto.
La diputada Gael Yeomans (CS), por ejemplo, plantea que por ejemplo "los cabildos podrían funcionar cuando empiece la Comisión Experta perfectamente bien, así se adelanta trabajo".
"Nuestra posición es que las iniciativas populares de norma tengan expresión en la Comisión Experta y a partir de ahí en el anteproyecto se puedan considerar las normas que se planteen por la ciudadanía", dice el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper.
Luego, una vez iniciado el Consejo Constitucional, Schalper plantea que pueda existir el espacio de difusión y conversación administrado por las universidades, "para evitar la politización".
"La idea detrás de este diseño es que las propuestas lleguen con el respaldo de estas dos prestigiosas universidades, por lo tanto el Consejo tendrá que estudiarlas de manera seria y adoptarlas o rechazarlas de manera fundada, no como ocurrió con la Convención, que muchas propuestas nunca fueron consideradas", suma el diputado Guillermo Ramírez (UDI).
El diputado Marcos Ilabaca (PS) opina, por el contrario, que la participación sí debe partir en con el Consejo Constitucional. "La Comisión Experta hará una propuesta, pero el órgano deliberante es el Consejo Constituyente. Es él el que debe deliberar y definir cuáles serán las normas que van a ser parte del texto final. Por eso la participación ciudadana se tiene que dar con ellos, porque los expertos harán una propuesta que en definitiva es el suministro de trabajo que tendrán los consejeros".
El rol de Tenemos que Hablar de Chile
La expectativa de los parlamentarios que buscan dejar en manos de ambas universidades la administración de la participación del proceso constituyente tiene dos sentidos: primero, darle "seriedad" al proceso y evitar que sea tomado por la política, pues 2024 es un año de elección de alcaldes, gobernadores y otros y hay preocupación de que los candidatos utilicen estos espacios como una forma de propaganda.
Pero también, la idea es que estas instituciones puedan emular lo que han hecho mediante Tenemos que Hablar de Chile, una plataforma de discusión ciudadana que acompañó el proceso constituyente y logró la participación de 20.000 personas en cabildos entre 2021 y 2022.
"En la ciudadanía sí hay interés en participar, pero sobre todo hay interés en que el debate público integre las preocupaciones, sueños y anhelos de las personas, que, por supuesto, son variados y complejos. También observamos que hay agotamiento y frustración, y eso es
un desafío innegable", explica la subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, Valentina Rosas.
Rozas hace una reflexión sobre lo que fue el proceso constituyente anterior y sus métodos de participación y plantea que el reglamento "con sus luces y sombras, ha sido reconocido como sumamente ambicioso. Hoy existe la necesidad de acotar. No en función de reducir los espacios de participación, sino de fortalecerlos, teniendo en consideración los reducidos tiempos de este proceso. En este sentido, los esfuerzos de comunicación y difusión
serán fundamentales".
En cuanto a los mecanismos que se podrían considerar para esta etapa, la subdirectora de la plataforma explica que no hay una fórmula "imbatible", pero "es importante reconocer la experiencia ganada con mecanismos como las IPN. Sin embargo, aún no se pueden descartar mecanismos que podrían ser funcionales a los distintos momentos del debate, como las audiencias o las instancias de deliberación, todos los cuales deben ser útiles para nutrir la deliberación del órgano redactor".
Sobre las IPN, Rosas remarca que "muchos de quienes participaron sienten que su voz no tuvo incidencia en el debate y esa sensación no se puede desconocer. Se debe considerar la necesidad de aumentar su capacidad de incidencia cuando esta fuera posible, así como dar cuenta a las personas de cómo y cuando se debatió al respecto. (...) Las personas necesitan comprender por qué en algunos casos sus legítimas preocupaciones, o parte de ellas, no serían directamente consideradas".
Para Rosas, además, es fundamental que los consejeros tengan a la vista que el proceso no parte desde cero y en esa línea recordar la participación de las cientos de miles de personas en el proceso anterior y en los Encuentros Locales Autoconvocados de la ex Presidenta Michelle Bachelet. "Eso los posiciona como receptores de una reflexión mucho más grande", dice.
