El megaincendio que azotó desde el jueves pasado a Viña del Mar volvió a poner en el debate la necesidad de reactivar la discusión por los distintos proyectos de ley que buscan prohibir el cambio de uso de suelo tras siniestros de este tipo. Esto, en medio de las "teorías" o "sospechas" que algunas voces han levantado frente al interés de las inmobiliarias.
De hecho, durante su visita a la zona afectada, el
Presidente Gabriel Boric anunció que pondrá urgencia a dichas iniciativas legislativas. "Hay un proyecto de ley que presentó el diputado Diego Ibáñez (CS) y también hay otros dos proyectos que se están discutiendo en el Parlamento, para declarar que los terrenos quemados no puedan ser vendidos después a las inmobiliarias, justamente por estas sospechas. Le vamos a dar urgencia legislativa, vamos a trabajar en esos proyectos", dijo el Mandatario.
El domingo, en tanto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, exhortó al Gobierno central a agilizar "una ley de planificación y ordenamiento territorial que se corresponda con las particularidades que tienen los territorios (...) hay un proyecto de ley que señala que tras estos hechos "no aparezcan holdings inmobiliarios edificando sobre terrenos siniestrados. Esperamos que ese proyecto sea robustecido y se ponga en la centralidad el cuidado del medio ambiente", sostuvo.
Quienes también entraron al debate este lunes fueron el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) y la diputada Catalina Pérez (RD), quienes pese a tener interpretaciones distintas, se mostraron abiertos a discutirlo y analizarlo.
El primero sostuvo a Radio Universo que "todo lo que vaya en beneficio de la regularización de los terrenos y la habitabilidad del mismo, siempre va a ser bienvenido. Pero no confundamos las cosas; aquí no son los dueños de las inmobiliarias los que andan quemando campamentos. No solamente eso no está alejado de la verdad, sino que no corresponde a la misma (...)", sostuvo.
Por su parte, a juicio de la diputada Pérez, la eventual acción de los holdings corresponden a "una suspicacia que tiene la ciudadanía, más allá de si es el caso que hoy día nos aqueja en Viña del Mar, y por lo mismo, a mí me parece que es un debate importante. Creo que este proyecto de ley, en particular del diputado Ibáñez, pero se han presentado otros más también; es un tema que debe ser discutido", dijo al citado medio.
Y mientras el tema está puesto sobre la mesa en Chile, hay otras experiencias internacionales que han buscado ir en soluciones preventivas frente a los incendios, que incluyen educación a la población, mejorar la organización de los servicios, prohibición del uso de suelo en terrenos siniestrados y metodologías para planificar las áreas devastadas por desastres.
Reajuste de Suelo y experiencia en Japón
Japón es uno de los grandes ejemplos a la hora de hablar de la experiencia de reajuste de suelo para los procesos de reconstrucción. El propósito regenerar una porción de la ciudad con mejor infraestructura y/o equipamiento urbano, de manera de generar eficiencia en el ordenamiento de la ocupación del suelo. En este proceso, participan de manera mancomunada los propietarios, inversionistas y el gobierno local.
En términos simples, se trata de afectar terrenos privados para que se tenga buenas vías de evacuación y acceso a equipos de emergencia, por ejemplo. Es decir, cómo se vuelve a zonificar el territorio después de una catástrofe, incluso más allá de un incendio", explica
Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo.
"De hecho, para el 27F se intentó hacer el reajuste de suelo en lugares como Talca o Constitución, pero lamentablemente era muy complejo, porque si bien el Estado tiene herramientas como la expropiación, para poder generar infraestructura pública, en el caso de reajuste de suelo hay algunas barreras constitucionales, como que el Estado sólo puede expropiar para convertirlo en un bien público y no puede entregarlo a otros privados", comentó el arquitecto.
En esa línea, en Perú se promulgó en 2021 -y sujeto a creación de reglamento para su aplicabilidad- la "Ley de Desarrollo Urbano Sostenible", que tiene como objetivo principal el orientar el desarrollo de las ciudades y centros poblados para ser "sostenibles, accesibles, inclusivos, competitivos, justos, diversos y generadores de oportunidades para la ciudadanía".
Prohibición de modificar uso de suelo
En Argentina, la Ley 26.815 de "Manejo del fuego" busca proteger el medio ambiente de incendios forestales y rurales en todo el país. Se trata de una normativa que fue presentada inicialmente en octubre de 2020, por el diputado Máximo Kirchner y que contó con amplio respaldo.
El objetivo es "
no sólo proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria".
Según detalla la normativa, en caso de incendios provocados o accidentales que quemen vegetación viva o muerta, está prohibido durante 60 años contados desde la extinción del incendio "realizar modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían antes del incendio".
También prohíbe "dividir o subdividir, lotear, fraccionar, parcelar o hacer cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento y venta en tierras particulares"; asimismo, prohíbe "vender, dar en concesión, dividir, subdividir, lotear, fraccionar o hacer cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, en tierras fiscales"; y "realizar cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento del incendio".
En el caso de zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales, es decir, áreas con estructuras edilicias que se entremezclan con vegetación fuera del ambiente urbano o estructural, también se prohíbe, por un rango de 30 años contados desde la extinción del incendio: realizar emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria distinta al uso y destino que la superficie tenía antes del incendio; y modificar el uso de la superficie para desarrollar prácticas agropecuarias intensivas.
Foco en prevención y manejo del fuego
"No tenemos una política unificada, sino atomizada. No hay una ruta de atención clara, ni un doliente con responsabilidades, ni acciones coordinadas para la detección temprana y atención de incendios en el país".
Las palabras fueron pronunciadas en septiembre de 2019 por el entonces congresista colombiano del partido Alianza Verde, Mauricio Toro, quien impulsó un proyecto de Ley para el manejo integral del fuego, el que se convirtió en una esperanza de avance de décadas en la materia en la legislación de Colombia.
La iniciativa fue propuesta gracias al trabajo en conjunto con la academia y ponía el énfasis en tres ejes: la corresponsabilidad social, la investigación y la educación ambiental. La idea es integrar las realidades socioculturales y necesidades ecológicas del país, con un enfoque integral del manejo del fuego que, entre otros aspectos, apunta a destinar más recursos y tecnología para monitoreo y seguimiento de los siniestros.
La mirada integral de dicho trabajo legislativo se sumaba a las normativas existentes en ese país, con la ley 1523 de 2012 y la General de Bomberos de Colombia, que también abordan dimensiones y protocolos respecto al fuego.
Brasil
La ONG WWF-Brasil alertó recientemente que, junto con el aumento de la deforestación, el número de incendios "se disparó" luego de las elecciones presidenciales. Según detalla el organismo, casi 1.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña se perdieron en octubre, el peor dato de los que se tiene registros desde 2015.
En tanto, un artículo publicado en diciembre de 2019, en The New York Times, ya advertía que "algunos expertos temían que, para la época más extrema de la temporada seca en julio y agosto, los madereros y ganaderos ilegales que incendian la tierra con el fin de prepararla para los cultivos y la pastura, estuvieran quemando la Amazonía impunemente".
La situación es compleja, puesto que varias voces acusan al Gobierno de Bolsonaro de restar poder a las autoridades ambientales y respaldar medidas para relajar la protección a las tierras, lo que habría dado garantías de impunidad a los infractores.
Por ahora, se espera que con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva -quien derrotó a Bolsonaro en el balotaje del 2 de octubre-, se reactiven las políticas de protección a la selva y combate a la deforestación, bajo la promesa de una "Amazonía viva". En esa línea, Lula se ha comprometido a "luchas por la deforestación cero y reanudar el monitoreo y vigilancia" de la Amazonía.
