"Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto", dijo ayer el Presidente
Gabriel Boric sobre el beneficio que otorgó el viernes al ex frentista
Jorge Mateluna. Esto pues argumentó que en el juicio contra éste,
"hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia".
Sus palabras generaron rechazo en la Corte Suprema, la cual este martes emitió un comunicado, recordando cuáles son sus atribuciones y que "ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos".
Esto pese a que más temprano, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmara a Radio Cooperativa que "lo que el Presidente ha querido hablar es de la convicción que él tiene y el juicio que se ha hecho respecto a uno de esos casos".
Acciones de la oposición
Las declaraciones del Mandatario también causaron molestia en la oposición y algunas acciones inmediatas, por ejemplo, la senadora UDI Luz Ebensperger, acompañada por sus pares Javier Macaya, Enrique Van Rysselberghe, Iván Moreira y David Sandoval, presentó esta mañana una reforma constitucional que elimina la facultad presidencial de otorgar indultos.
"Es una facultad que tiene su origen en gobiernos absolutistas, en monarquías, es algo muy antiguo y que si no se había derogado era porque se pensaba que la autoridad prudentemente con fines humanitarios, con enfermos terminales (...) pero lo que hemos visto el viernes en estos indultos entregados por el Presidente, claramente se utilizó esta facultad con fines políticos, indultando a delincuentes condenados por la justicia, en a lo mejor el peor momento en materia de seguridad que vive el país", dijo la senadora Ebensperger.
Más temprano, el presidente de la UDI, Javier Macaya, había señalado a Radio Agricultura, que no descartaban incluso recurrir al Tribunal Constitucional, afirmando además que en el caso del "ex frentista Mateluna donde el Presidente hoy señala (....) que 'él tiene la más absoluta convicción de la inocencia de esta persona', es muy grave, porque de alguna manera justifica esta decisión señalando que él se formó la convicción de la inocencia de una persona. En Chile, en las democracias modernas la separación de poderes es muy importante, la independencia que tiene el Poder Judicial para tomar sus decisiones".
El timonel de RN, Francisco Chahuán, sostuvo en Radio Universo que "me parece muy grave eso, porque él está haciendo juicios de valor respecto de un fallo que es una sentencia firme y ejecutoriada (...) sostener que es inocente después de un fallo de un tribunal de justicia, de un poder independiente del Estado y que además sea parte de la argumentación del Presidente, me parece muy grave y yo espero que él rectifique".
Luego, la comisión política de Renovación Nacional emitió una declaración, acusando que esto es "burlarse del Poder Judicial y pasar por encima de sus atribuciones".
"Las declaraciones del ciudadano Gabriel Boric, no son aceptables en boca del Presidente Boric, y constituyen un grave atentado al principio de separación de Poderes del Estado, y al Estado de Derecho imperante en nuestro país, poniéndose el mismo al borde de una acusación constitucional. Hacemos un llamado al Presidente de la República a retractarse a la mayor brevedad posible, pues sus palabras son un grave atentado a nuestra democracia", precisaron.
Tras conocerse la declaración de la Corte Suprema, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper dijo que ésta "acaba de dejarle clarísimo al Presidente que él también está sometido a la separación de poderes del Estado, que él también está sometido a respetar la independencia del Poder Judicial y por lo tanto, lo que ha hecho el Presidente Boric es extremadamente grave".
Por ello, el diputado Schalper pidió al contralor Jorge Bermúdez que "al momento de evaluar la toma de tazón del decreto que establece el indulto respecto de esa persona, se lo represente al Presidente como inconstitucional". El diputado reiteró la intención de acusar constitucionalmente a la titular de Justicia, Marcela Ríos, a la cual adherirá todo Chile Vamos.
Macaya complementó que la declaración de la Suprema, "demuestra la gravedad de lo que estamos presenciando en los últimos días, la gravedad de la decisión que tomó el Presidente de la República, que no solo demuestra falta de coherencia con el tema de la seguridad en un momento importante para Chile, sino que afecta con sus declaraciones gravemente la independencia del Poder Judicial, y es la razón por la cual la Corte Suprema emite esta declaración".
Opiniones del oficialismo
Las opiniones en el oficialismo, en cambio, fueron diversas, así la diputada Emilia Schneider consideró que "lo importante aquí es que los indultos son una atribución que la Constitución le da al Presidente y él ha actuado apegado a ello. La derecha tiene que dejar de buscar excusas para quejarse y decirle de frente a la ciudadanía si quiere o no llegar a un acuerdo por la seguridad, o prefiere hacer una pataleta porque el gobierno actúa de acuerdo a su programa y sus atribuciones constitucionales".
El senador Pedro Araya (IND-PPD) manifestó que "la Corte Suprema tiene razón, porque la facultad de conocer y juzgar delitos por una parte le corresponde al Poder Judicial (...) en ese sentido, uno no puede entrar a cuestionar un fallo de un tribunal una vez que este se encuentren ejecutoriado. Ahora cosa distinta es la facultad del Presidente de la República, quien su fuero interno analizando caso a caso determinadas situaciones, puede establecer el indulto particular para una persona".
En el caso de Mateluna, si bien recordó que "se inició una investigación en contra de algunos Carabineros que llevaron adelante la investigación contra Mateluna desconozco el estado en que quedó eso, se presentó un recurso de revisión en su minuto, pero de ahí a hablar de irregularidades hay una distancia bastante larga".
El senador del PS Fidel Espinoza dijo a Radio Pauta que "por más que sea nuestro Presidente y sea parte de nuestro Gobierno, yo considero que uno no puede poner las manos al fuego por algo tan delicado como un tema de esta materia y poner en riesgo su investidura presidencial con ese tipo de palabras y conceptos".
Por su parte, el senador Alfonso de Urresti (PS) aseveró que el indulto es una facultad de los Presidentes, "pero sí hay que ser respetuosos de que hay un fallo firme y ejecutoriado por parte de la Corte Suprema, creo que él Presidente ha aclarado los dichos y ha ejercido una atribución que corresponde a cualquier Presidente (...) Otra situación es el sentido de oportunidad, el momento, los efectos de este indulto".
El diputado Raúl Leiva (PS) sostuvo que "este indulto a Mateluna en particular ha sido incluso parte de un intento de indulto en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y ha sido objeto de un debate académico transversal desarrollado por juristas de renombre en nuestro país. Sin embargo, yo no comparto el justificarlo aludiendo a la labor de la justicia, yo lo enmarcaría única y exclusivamente dentro de la atribución presidencial en caso alguno menoscabando lo que es la función judicial y sus miembros".
"La institución del indulto lo que hace es borrar la pena, la condena, no el hecho ilícito que ya fue condenado", resaltó Leiva.
La visión de expertos y abogados
Por su parte, el académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y coordinador del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián, Alejandro Gómez, planteó a Emol que si los indultos es una "facultad privativa del Presidente de la República, desde ese punto de vista la legalidad de la misma no se podría poner en duda. Hay ciertos casos donde ciertas facultades del Ejecutivo se inmiscuyen en facultades del Poder Judicial o el Poder Judicial respecto a materias del Legislativo, yo creo que eso de la separación de poderes tiene ciertos matices y mientras nuestro ordenamiento jurídico lo permita es legal".
"Lo que sí me parece delicado es que se ponga en duda las sentencias de los tribunales de justicia, porque lo que está ocurriendo en ese caso es afectar la independencia de un poder del Estado como es el Poder Judicial, que estableció a través de una sentencia condenatoria que tal o cual persona es culpable. El indulto lo que es en términos sencillos es un perdón (...) lo discutible es poner en duda la independencia del Poder Judicial, en cuanto a que cierta persona que ha sido indultada es inocente o culpable", sostuvo Gómez.
A su juicio, la declaración del Mandatario, "es complicada del punto de vista de la separación de poderes del Estado y que pone en tela de juicio también las facultades del Poder Judicial".
En tanto, Raul Carnevali, director Centro de Estudios de Derecho Penal en Universidad de Talca, opinó que "es preciso tener claro que el Presidente de la República actuó dentro del marco legal al otorgar el indulto. Se puede discutir o no la institución, pero está contemplada en el ordenamiento jurídico. Tradicionalmente, se justifica su aplicación ya sea por razones humanitarias o políticas, pero sin suponer un cuestionamiento a lo resuelto por los tribunales de justicia".
No obstante, recalcó que "el indulto no puede entenderse como sinónimo de impunidad, pues el reproche al condenado, materializado a través de la pena, ya ha tenido lugar y se lo reconoce socialmente. Por tanto, son perfectamente conciliables, al cumplir también el indulto con las funciones de la pena. Es sobre esto último, donde sí puede cuestionarse el otorgamiento del indulto, pues se han argumentado razones que sólo les compete a los tribunales de justicia, pues a través de una resolución judicial se puede precisar si una persona es inocente o culpable".
"Señalar entonces, que se concedió el indulto sobre la base de que lo motivó la íntima convicción de que era inocente, pues no se habrían valorado adecuadamente las pruebas es una clara intromisión a las funciones que le corresponder a otro poder del Estado. Siendo así, podría discutirse la constitucionalidad de este indulto en particular", precisó el también académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.
Para el ex ministro del Interior Jorge Burgos, dijo a EmolTV que "los tribunales chilenos en sus instancias consideran que la persona es autora y el Presidente para justificar este indulto ha señalado que a su juicio es inocente, eso es altamente complejo, no le corresponde a los Presidentes establecer la inocencia o culpabilidad de las personas, en un Estado de derecho eso lo determinan los tribunales, porque así lo hemos decidido los ciudadanos".
"Ese argumento puede ser moralmente analizable y hablar bien de una persona y decir creo que es inocente, pero no le corresponde jurídicamente y creo que ahí se ha abierto un forado muy importante del cual el Presidente va a tener que dar las explicaciones", sostuvo.
Finalmente, el director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, Xavier Altamirano apuntó que "como principio básico soy de quienes creemos que no corresponde que un poder evalúe el trabajo de otro poder del estado, como principio básico de contrapeso de los poderes del Estado de derecho. Entiendo la lógica de lo que esta diciendo el Presidente, esta justificando una decisión que es suya. Sin embargo, vuelvo al denominador común: Tal vez una buena preparación de los indultos -por ejemplo, es llamativo que pasemos de 11 a 13- se podría haber hecho con más cuidado, pero también con claridad respecto a los criterios y lo que se buscaba con esto".
"Hay un conjunto de discusiones que empiezan a ensuciarse cuando tú, por falta de prudencia o por locuacidad, intentas decir más de lo que corresponde que digas por tu rol como Presidente. Más allá de los baches quedémonos con lo central: Es una facultad constitucional que no debiera provocar esta sobrerreacción, pero que sí es un llamado de atención para que una vez que recuperemos la agenda de seguridad y fiscal nacional tengamos un poco más de capacidad de llegar a acuerdos transversales", remató.
