La ministra Carolina Tohá.
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La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió esta tarde a la declaración de la Corte Suprema en la que aseveran que el Ejecutivo no puede "ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos", luego de las palabras del Presidente Gabriel Boric sobre las "irregularidades" en la condena de Jorge Mateluna.
Sobre este punto, Tohá manifestó que "todo el contenido de la declaración de la Corte Suprema, el Ejecutivo la comparte y no nos parece que en lo más mínimo afecte al rol que le toca al Presidente en el ejercicio de sus funciones".
"Nunca ha estado en su opinión el que detrás de estos juicios haya irregularidades del Poder Judicial, sino a cosas que se dijeron en el transcurso del debate de estos casos, opiniones de personas reconocidas, no un juicio suyo a la labor judicial"
Carolina Tohá
En esta línea, la ministra agregó que Boric "tiene un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que este hace de sus atribuciones ni la validez del proceso que dio a lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas".
Por esto, las declaraciones de la Suprema "son recibidas como una opinión con la cual no tenemos una disidencia alguna", dijo.
Según Tohá, el Mandatario estaba haciendo referencia "al debate público que hubo y a opiniones que distintos actores han dado en ese debate, no a una opinión que él tenga del Poder Judicial. Esto lo conversamos antes de salir a hablar con la prensa. Nunca ha estado en su opinión el que detrás de estos juicios haya irregularidades del Poder Judicial, sino a cosas que se dijeron en el transcurso del debate de estos casos, opiniones de personas reconocidas, no un juicio suyo a la labor judicial".
En cuanto a la declaración de la Fiscalía Metropolitana Occidente, donde el Ministerio Público defiende su actuar en el caso de Mateluna, Tohá insistió con que "el indulto no es un juicio y no es una sentencia. El indulto tampoco es una política de seguridad, es una atribución presidencial excepcional para que el Presidente pueda hacer que una persona condenada, sin dejar de estarlo, deje de cumplir una pena privativa de libertad".
"Todos los procesos fueron válidos, todas esas condenas van a seguir vigentes y el Presidente no las está poniendo en duda, está haciendo uso de una atribución que existe para que por razones de paz social o humanitarias pueda dejar sin efecto el cumplimiento de la condena, pero el proceso sigue siendo legítimo y válido", sumó.
En cuanto a la razón del Mandatario, dijo que "es algo muy personal suyo, equivalente a las evaluaciones que se hacen respecto a los cambios en equipos de gabinete. Solo a él corresponde mostrar el análisis que hizo".