Un difícil comienzo de año ha tenido el Gobierno luego de los indultos que el viernes pasado otorgó el Presidente Gabriel Boric a doce condenados en el marco del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna. El anuncio no sólo generó un quiebre en la mesa de seguridad, también provocó un inédito impasse entre La Moneda y el Poder Judicial.
La decisión del Mandatario fue interpretada por la oposición e incluso por parte del oficialismo como un guiño a su electorado y particularmente a Apruebo Dignidad, bloque que había promovido dichos beneficios. En el Ejecutivo han recordado que se trataba de una promesa de campaña hecha por Boric, quien además uso una facultad presidencial.
Sin embargo, la justificación que el Mandatario entregó respecto al indulto a Mateluna avivó la controversia, luego de que dijera que tenía la convicción de que el ex frentista era "inocente" y que en su juicio, "hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia".
Sus palabras generaron un llamado de atención por parte de la Corte Suprema y que graficaba la molestia que, según trascendió, existiría en los magistrados: "Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos".
Y aunque el propio Mandatario intentó zanjar el tema el martes en la tarde, descartando una pugna con el Poder Judicial, todo esto puso en jaque el ambiente político que se había dado tras el acuerdo por una nueva Constitución y con la posibilidad real de un consenso transversal en materia de seguridad, complicándose nuevamente las relaciones entre oficialismo y oposición.
Al mismo tiempo, esto significó un revés para la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien post Plebiscito se había empoderado a cargo de la agenda de seguridad y había puesto su capital político en cerrar un consenso esta semana.
La visión en La Moneda
Al interior de La Moneda existe conciencia de que la serie de sucesos que ocurrieron tras comunicar la decisión de indultar a los presos de la revuelta y al ex frentista Mateluna empeoraron un escenario que asumían seria complejo.
En el diseño original, aseguran en el Gobierno, estaban dispuestos a enfrentar los reproches que generaría la determinación, pero reconocen que no estaban preparados para abordar las consecuencias de la molestia que provocaron los dichos de Boric.
Parte de eso fue analizado este martes por la mañana al interior del comité político, cuyos ministros realizaron una evaluación de todo el proceso, incluyendo el efecto de los cuestionamientos del Presidente al proceso judicial del caso Mateluna.
En esas conversaciones, los secretarios de Estado evaluaron los pro, contra y los errores cometidos, como la desprolijidad a la hora de dar a conocer los nombres de los beneficiados, y los flancos que abrió el jefe de Estado con el Poder Judicial y la oposición.
No obstante, más allá de los reproches, en el Ejecutivo dicen que, pese a la gravedad del choque con la Corte Suprema, este está lejos de ser una crisis tal como la que ocasionó el Plebiscito de salida, que terminó con un profundo cambio de gabinete.
En ese sentido, por ahora, no habría un cambio de estrategia para recomponer las relaciones con los otros poderes del Estado. "La idea es que esto pase", repiten en las distintas carteras políticas, apostando a que el tiempo sane las heridas.
Lo que si es mirado con más atención son las posibles acusaciones constitucionales que estudia la oposición. Sostienen que eso tendría más proyección y por ende, más efecto en la opinión pública, aunque están seguros que "no tienen mucho futuro".
Otro foco que es parte del análisis en La Moneda, es el impacto que tuvo la situación en la ministra Tohá, quien quedó en una incómoda posición luego de que los indultos empujaran a la oposición a restarse de la mesa de seguridad.
Ante ello, en el Ejecutivo aseguran que la jefa de gabinete estaba consciente de las consecuencias de los indultos y que eso se lo hizo saber a los parlamentarios miembros de esa instancia en las últimas reuniones que sostuvieron.
"Es un compromiso presidencial", repitió en esos encuentros ante la molestia de los legisladores de Chile Vamos. No obstante, en la cartera reconocen que el "timming" del anuncio fue un problema que esperan resolver dando tiempo de reflexión a la derecha.
Algo de eso transmitió la secretaria de Estado en el almuerzo que tuvo este miércoles con el comité de senadores del PPD en Valparaíso, en el cual ratificó su intención de "enfriar los ánimos", según comentaron sus asistentes a Emol.
El análisis de los expertos
El tema además habría generado también incomodidad en sectores del Socialismo Democrático, donde recienten que el Presidente pasó, tras la derrota en el Plebiscito, de un discurso más moderado, a llevar adelante una medida que además -se cree que- debilitó a la titular del Interior.
Esto pues pese a las intensas gestiones de la jefa de gabinete para alcanzar un acuerdo en seguridad, la oposición se bajó de la mesa al saber de los indultos otorgados por el Presidente y han descartado volver a las tratativas con el Gobierno, optando por impulsar una agenda propia desde la comisión de Seguridad de la Cámara.
En ese escenario, las opiniones de los expertos están dividas respecto al impacto de lo ocurrido. Al respecto, el sociólogo y director de tuinfluyes.com y del área electoral Chile 21, Axel Callís, comentó Emol que "esto no tiene nada que ver con el post Plebiscito, comparado con el Plebiscito, ni con Temucuicui, esto no es nada o el rechazo reiterado del fiscal, esto va a quedar en una conversación de élite todavía, porque tiene que ver con la Corte Suprema, con los poderes del Estado, que es una conversación bastante de la opinión pública más informada (...) Yo creo que esto es visto como un error, pero no da para una crisis".
En ese sentido, Callís recordó que "no hay que olvidar que este es un gobierno de Apruebo Dignidad, donde está el PC y donde su agenda ha estado siendo derrotada después del Plebiscito de salida y sobre todo del acuerdo constitucional. Me imagino que lo que intentó hacer el Presidente en una forma inoportuna, es tratar de hacerle un cariñito a ese sector y le salió el tiro por la culata, porque fue inoportuna. El enfrascarse con catalogar los delitos, yo creo que eso agravó de una u otra forma la inoportunidad de las medidas que tomó del indulto (...) lo que pasa es que amenaza el acuerdo por la seguridad, lo que me parece es una sanción muy grave de parte de Chile Vamos hacia la ciudadanía".
Por su parte, el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, consideró que "esto es un punto más de la fricción en que se encontraban los poderes del Estado, la nominación del fiscal nacional ya tenía tensionados al Ejecutivo, al Congreso y al Poder Judicial (...) Es una crisis que tensiona las instituciones, pero que se debe básicamente a un error del Presidente por sus dichos, uno nota una falta de coordinación estratégica al interior del Gobierno y desprolijidad en el manejo de los temas por las versiones, por los errores" y la cual cree que "ahora se va a canalizar en el Congreso".
"Yo diría que el Presidente intentó con los indultos dar una señal a su sector político que venía dañado del Plebiscito en adelante y no había encontrado ningún tipo de respuesta (...) las fuerzas políticas del oficialismo y también Apruebo Dignidad tienen que enfrentar procesos electorales, entonces también debe darles una señal. Ahora uno puede discutir si el cuándo y el cómo fue realmente oportuno", precisó Duval.
Más duro en sus análisis fue el director ejecutivo de IdeaPaís, Cristián Stewart, quien precisó que "el indulto es incomprensible por muchas razones. Da cuenta de una desconexión preocupante del Gobierno con lo que la ciudadanía espera de él. Basta ver cómo se disparó la preocupación por la seguridad en la última encuesta CEP. Hay personas que dicen que hay que separar el tema del indulto con el drama de la delincuencia. Yo creo que es un error: Si un Presidente perdona a personas que cometen delitos, que justamente tienen que ver con la seguridad de las personas, ¿cómo pueden ser temas distintos?"
En esa línea, Stewart cree que esto "además, da cuenta de una sobredosis de soberbia: El Presidente de la República no es un jefe de barra que tiene que aleonar a los suyos. No puede darse gustos para contentar a su sector, a costa de poner en riesgo agendas tan sensibles como la de seguridad. Pareciera que la estrategia sigue siendo la misma; morir con las botas puestas en la agenda cultural, aunque eso implique no atender los dolores sociales de la ciudadanía".
Según la última encuesta CEP -a la que aludió Stewart-, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, la delincuencia sigue encabezando los temas que más preocupan a la ciudadanía, llegando a un 60%, lo cual representa además un aumento significativo de diez puntos. El mismo sondeo, además arrojó un 61% de desaprobación a la gestión del Presidente, quien alcanzó sólo un 24% de aprobación.
¿Puede la polémica por los indultos tener incidencia en la aprobación futura del Presidente?, ante la preocupación que los chilenos le atribuyen a la seguridad. La coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon, apuntó que "vemos que hay varios factores que indican que podría ser una medida (los indultos) que la ciudadanía no apoye. Por una parte, tenemos una alta preocupación por la delincuencia, pero si nos vamos a la justificación de formas de protestas más violentas como saqueos, barricadas y destrozos, hay una caída en la justificación de esas acciones de protestas y un aumento entre quienes lo justificarían nunca o casi nunca. Por tanto, creo que combinado esas dos (variables), probablemente en un porcentaje relevante de la población podría no ser favorables".
"Será muy difícil salir de este entuerto, porque o se arrepiente (ya conocemos episodios del Gobierno al respecto), o sigue adelante con una medida que no solo divide a sus coaliciones, sino que provoca —quizás sin quererlo— directamente a la ciudadanía, que no quiere señales de impunidad y que quiere determinación por parte del Ejecutivo para que vivamos en paz", complementó Stewart sobre la polémica por los indultos.
Oposición endure el tono
En este contexto, Duval apuntó a la dureza con que ha reaccionado la oposición ante esta situación, algo que podría repetirse en los meses siguientes considerando que serán años electorales, partiendo este 2023 con los comicios de consejeros constitucionales.
"Hay elecciones próximamente por lo que los partidos políticos de gobierno y de oposición están dando esas señales a sus adherentes", acotó.
Asimismo, Callís aseveró que será "un ambiente que, a medida que se acerque la elección de mayo, va a tender a hacerse más crispado, más sensible, porque todos los bloques políticos tienen que diferenciarse y lograr mover a su electorado. Por tanto, vamos a ver gestos de identidad mucho mayores que los que vimos con el Presidente y desde el otro lado también".
La controversia por los indultos activó además una serie de acciones fiscalizadoras en la oposición y hasta proyectos de ley para eliminar la facultad presidencial de los indultos. "El Presidente ha cometido un error que tiene consecuencias que van a durar algunas semanas (...) creemos que el indulto es un error político", dijo ayer el líder de la UDI, Javier Macaya, en Tele 13 Radio.
Error frente al cual están decididos a hacer valer las responsabilidades, por lo cual han endurecido el tono, reconocen, que habían tenido hasta el momento frente al Gobierno, anunciando por lo pronto una interpelación a la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
El libelo que será apoyado por todo Chile Vamos, será presentado al Congreso, entre el lunes o martes de la próxima semana, algo que si bien en el pasado se había barajado por otro temas relacionados con la gestión de la Secretaria de Estado, pero no se había concretado. Esto, pues dicen, que existía una especie de fair play implícito que buscaba no afectar las negociaciones por un nuevo acuerdo constitucional, a la vez que se defendía la idea de no ser la misma oposición que fue el actual oficialismo cuando el bloque estaba en el Gobierno.
"En el periodo pasado tuvimos un festival de acusaciones que duró cuatro año y perdimos largas horas de ese debate en medio de una crisis social. Nosotros no hemos presentado como Chile Vamos ninguna acusación constitucional, a pesar de la negligencia, el descuido, la incompetencia y la inoperancia que ha tenido este gobierno sobre todo en materia de seguridad este último año. Esta es la primera acusación que vamos a hacer y la haremos de manera seria", dijo el jefe de la bancada de diputados RN, Andrés Longton.
Paralelamente, las bancadas de diputados RN y del Partido Republicano, han anunciado el estudio de una acusación constitucional al Presidente, algo que, sin embargo, se ve poco factible que prospere. "Tenemos que evaluar todos los escenarios, no quisiéramos llegar hasta allá, pero si el Presidente de la República sigue hablando demás y refiriéndose de manera inadecuada a cosas que no corresponden, evidentemente es algo que vamos tener que explorar", sentenció el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper.
Algo que, no obstante, no avanzaría la UDI. Sobre este último punto, el jefe de la bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri, explicó que "en este momento con la información que tenemos hasta ahora encontramos que no era prudente ser la oposición como la que habían sido ellos, recuerden que acusaron dos veces al Presidente de la República, nosotros estamos pensando en el bien del país (...) en los sistemas presidenciales los ministros son fusibles, los ministros responden políticamente por el Presidente".
