El robo de cables eléctricos se ha convertido en delito en aumento en los últimos años. Según un informe emitido por Enel Distribución, durante 2022 se registraron 759 casos dentro de su zona de concesión, lo que representa un aumento de 314% respecto al año anterior.
Además, la empresa señaló que entre enero y diciembre del año pasado, se sustrajeron 30.360 conductores, lo que equivale a más de $760 millones asociados a costos de reposición.
A través de un comunica, Enel explicó que estos hechos provocan fallas en el suministro, perjudicando a clientes que se ven afectados por "variaciones de voltaje, interrupciones de servicio y descargas eléctricas que ponen en serio riesgo tanto al personal técnico que realiza el mantenimiento de las redes de distribución, como a los responsables de este tipo de delitos". En 2022, siete personas fallecieron al cometer estos ilícitos.
"Nos preocupa el aumento progresivo de los robos de cables. Como empresa, no podemos evitar directamente estos delitos, sin embargo, sí realizamos acciones para limitarlos, como la reparación, sellado y cambio de las tapas de cámaras e implementar sistemas de control de acceso a las bóvedas y monitoreo permanente de nuestras instalaciones, además de mantener la comunicación permanente con distintos municipios y Carabineros", sostuvo Víctor Tavera, gerente general de Enel Distribución".
"No obstante, creemos que debiera existir una ley específica de robo de cables que ponga el foco en evitar la compra y venta de cobre proveniente del robo, y que se haga cargo de los efectos que provoca este ilícito. Hacemos un llamado permanente a la comunidad a denunciar estos hechos", agregó.
Las comunas más afectadas por los robos de cables en 2022 fueron
Santiago, con 349 casos. Le siguen
Recoleta (170),
Providencia (102) e
Independencia (83). Como resultado, la compañía estima que los robos de cables de media tensión perjudicaron a más de
170.000 clientes. Asimismo, entre enero y diciembre los gastos asociados a atención de fallas y restitución de cables dañados ascendieron a cerca de $769 millones.
"El robo de cables es un delito que ha ido en aumento en la comuna y, en general, en la Región Metropolitana. Cuando ocurre, los vecinos y vecinas se ven gravemente afectados por la cantidad de horas sin luz. Nos preocupan especialmente los hospitales y centros de salud, los colegios y los emprendimientos comerciales, además de las personas electrodependientes. Este es un problema que afecta la vida cotidiana y deteriora la vida de barrio", comentó el alcalde de Independencia. Gonzalo Durán.
