El anuncio de los indultos otorgados por el Presidente
Gabriel Boric fue el día viernes y desde ese día la controversia no se cierra. Sin embargo, no han sido pocos los esfuerzos del Mandatario por cerrar el tema, en especial el impasse generado con la Corte Suprema a raíz de su justificación al beneficio otorgado al ex frentista
Jorge Mateluna.
Aquello le valió un "recordatorio" -como él lo llamó- por parte del máximo tribunal.
Ayer se le consultó si conocía los antecedentes de uno de los beneficiados, Luis Castillo, quien posee 26 causas y cinco condenas previas al 18-0. El Presidente evitó ahondar en ese punto, pero nuevamente recalcó la separación de poderes del Estado, al igual como lo hizo el martes tras el "recordatorio".
"No pongo en duda ni por un segundo las atribuciones del Poder Judicial, ni me corresponde inmiscuirme en lo que señala el artículo 76 de la Constitución respecto a que la facultad privativa de conocer causas pendientes es de justamente el Poder Judicial y que, por lo tanto, yo no debo referirme a los fallos", dijo Boric desde Los Ríos, aludiendo además a la facultad que tiene para indultar.
Reiterar lo de la separación de poderes no ha sido el único "gesto" que habría hecho el Mandatario para recomponer su relación con el Poder Judicial. Algunos han interpretado que su decisión de nominar a Ángel Valencia para el cargo de fiscal nacional, también iría en esa línea y no sólo sería un "guiño" al Senado.
Esto pues cabe recordar que Valencia, junto a José Morales, fue uno de los postulantes que más votos obtuvo de parte de los magistrados al conformarse la primera quina, con un total de 17 preferencias.
También causó revuelo hace unas semanas la llamada que hizo Boric al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en la que habría solicitado que se realice un nuevo concurso para fiscal nacional y no se siguiera completando la quina de candidatos con los nombres que ya estaban sobre la mesa. Lo que finalmente no ocurrió y por lo cual sería significativo que optara ahora por Valencia.
¿Una nueva relación?
Como sea, la relación ente estos actores aún tiene varios hitos pendientes, por ejemplo, durante su periodo el Presidente además deberá nominar a cuatro magistrados de la Corte, para reemplazar a quienes se jubilen.
¿Pero cómo se recomponen las relaciones entre ambos poderes del Estado o cómo evitar nuevos roces a futuro? Según explicó a Emol el ex ministro de Justicia Carlos Maldonado, para lograr aquello, "lo principal es atenerse al marco constitucional, en la medida en que el Ejecutivo, el Presidente y las demás autoridades respetan estrictamente el marco de atribuciones de cada poder del Estado, la relación no tiene por qué tener ninguna alteración".
Con ello, agregó que "el Poder Judicial no es un actor político, es un Poder el Estado y en la medida en que se respeten sus atribuciones en la forma y en el fondo, en las acciones y en las declaraciones, no hay por qué tener ningún grado de tensión. Así que lo principal es que el Gobierno entienda y el Presidente entienda que su labor no es la de un activista político, como lo pudo ser como dirigente estudiantil o como diputado. Y en la medida en que él se atenga a sus atribuciones y respete las de los otros poderes del Estado, no va a tener ninguna dificultad".
El también ex ministro de Justicia Isidro Solís expresó a este medio que el hecho de que el Presidente eligiera a Valencia, "yo no creo que sea un gesto al Poder Judicial. Yo creo que es estrictamente un ejercicio de realismo, de darse cuenta de que si definitivamente el Ejecutivo no cuenta con votos para que el candidato de su preferencia pueda ser designado, la verdad que lo que tiene que hacer es resignarse y simplemente proponer un candidato que pueda construir una mayoría entorno a eso".
Sin embargo, Solís consideró que el tema de una "mala" relación, podría ser "relativamente fácil de arreglar en la medida de que lo que se establezca sea una agenda del Gobierno que diga relación con las preocupaciones de la Corte Suprema. Los tribunales tienen una forma de evaluar que es totalmente distinta a la que puedan tener los políticos, los tribunales se van a sentir llamados a participar de una discusión eficaz cuando diga relación con los problemas del Poder Judicial".
Esto último, según Solís, dice relación con "los mejoramientos del sistema, los temas económicas de los magistrados, las modificaciones legales que faltan por impulsar, tener definiciones respecto si va a haber o no una reforma procesal civil y nuevos aportes a los sistemas de persecución penal. Yo creo que tener una agenda de esa naturaleza haría más fácil reestablecer el diálogo, más allá de si las relaciones son buenas o malas".
Por su parte, el director ejecutivo del IES, Claudio Alvarado, planteó a EmolTV que "la Corte Suprema lo que va a hacer es defender su prerrogativa, pero sin cuestionar las atribuciones presidenciales ni mucho menos y eso me parece una tranquilidad para el Presidente que le debiera servir también de algún modo de ejemplo de cómo actuar él desde la función que le corresponde".
"El ejemplo es que el Presidente, para no tener problemas con otros poderes del Estado, para recomponer las relaciones con la Corte Suprema, con el Parlamento, tiene que dedicarse a gobernar e intentar sintonizar con las prioridades ciudadanas. Si el Presidente ejerce sus atribuciones sin pasar a llevar otros poderes del Estado, no va a tener problemas del punto de vista jurídico-legal", recalcó Alvarado.
La importancia del interlocutor
El ex presidente del Consejo para la Transparencia Marcelo Drago, comentó a EmolTV que esto "va a tomar su tiempo, creo que es un buen momento para refrescar la relación en general de los temas de justicia en el Gobierno (...) creo que es un buen momento para refrescar la relación, cambiar los interlocutores y poner personas con experiencia, vinculación y que hayan estado expuestos al Poder Judicial en su día a día y conozcan la labor de los jueces, la Corte, el Ministerio Público, para poder tener relación mucho más fluida".
"Esto se va a poder superar en la medida que el Presidente vaya tomando decisiones y renovando a los interlocutores que están a cargo de esta relación, porque tampoco es recomendable que sea el propio Presidente quien se haga cargo directamente del día a día de esta relación con el presidente de la Corte Suprema, por ejemplo", aseveró Drago.
"Siempre los interlocutores son fundamentales interlocutores que puedan enfrentar un trabajo colaborativo entorno a los temas de interés para las partes. Eso va a ser una receta para mejorar siempre la comunicación", complementó Solís.
Con ello, Maldonado precisó que "también es importante que la persona que sea titular de la cartera de Justicia tenga la capacidad de tener un buen nivel de diálogo con la Corte Suprema en todas las materias que son de interés común, por algo existe una cartera de Justicia (...) siempre tiene que haber una relación de trabajo fluida y un nivel de diálogo fluido entre la cartera Justicia y la Corte Suprema cuestión que en este Gobierno no está ocurriendo".
Ante esto, Maldonado cuestionó el hecho de que "ponen en la cartera de Justicia una persona que no es abogado, me parece más difícil que haya un buen nivel de interlocución, porque no hay un entendimiento de lo que significa el sistema de justicia, la labor de los tribunales, etc." Esto en alusión a la figura de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien es socióloga de profesión.
En ese sentido, Drago consideró que "desde que asumió el Gobierno se ha deteriorado la relación con el Poder judicial severamente, la relación con el Parlamento en materia de persecución penal, ambas cuestiones tienen relación directa con la profesión de abogado en un Ministerio de Justicia que tradicionalmente ha sido encabezado por abogados (...) Quizás es momento de dar el paso siguiente y renovar a los equipos y pensar en una persona que tenga más experiencia".
"Es un hecho que desde que asumió el Ministerio ha tenido crecientes problemas, es una ministra que está cuestionada, y creo que llegado el minuto el Presidente va a tener que tomar una decisión (...) es bien claro que va a tener que preguntarse y cuestionarse por un eventual cambio de gabinete y si eso ocurre (...) es bien claro que la ministra de Justicia va a ser una de las candidatas naturales a salir", recalcó Alvarado.
Sólo una eventual salida de Ríos del cargo podría frenar la acusación constitucional que Chile Vamos impulsará en su contra, libelo que sería ingresado el próximo lunes a la Cámara de Diputados.
