La tarde de este sábado se confirmaron las sospechas y especulaciones que había despertado la reunión de emergencia del viernes en la noche en La Moneda. En un punto de prensa desde el palacio de Gobierno, el Presidente Gabriel Boric anunció que aceptó la renuncia de la ahora ex ministra de Justicia, la socióloga Marcela Ríos.
El Mandatario apuntó a uno de los hechos que terminaron por acelerar una salida que se venía gestando hace semanas, con su punto cúlmine en el indulto a 12 condenados por delitos en el contexto del estallido social y un ex frentista. Esto, porque el anuncio tuvo errores administrativos luego que inicialmente se omitieran a dos beneficiados, responsabilidad que pesó sobre la ex secretaria de Estado.
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Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además, la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera", dijo el Mandatario esta tarde desde La Moneda.
Y es que dichas desprolijidades también dejan abierta la posibilidad de que el Mandatario aludiera al extenso prontuario que tenía Luis Castillo Opazo, quien cuenta con 15 detenciones en su historial, 13 de ellas previas al 18 de octubre de 2019. Esto abrió duras críticas en el Parlamento, que no solo incluyó la petición de que se retroceda en la decisión, sino que abrió el camino para una acusación constitucional, por parte de RN, en contra de Ríos.
Diego Schalper, justificó la decisión bajo el argumento de que se trataba de un ministerio "inoperante e ineficaz", añadiendo la crítica de que "no supervisa adecuadamente las cárceles, a Gendarmería, y donde nos parece que los permisos carcelarios que han dado en la zona de Arauco y otras partes no han estado a la altura de lo que exige la legislación".
En esa línea, el capítulo de los indultos terminó por convencer a los legisladores de presentar la acusación. "Nos parece que ella se aparta de la legalidad, siendo que su tarea es dar aplicación de la ley", criticó Schalper.
Días más tarde, la UDI se sumó a la ofensiva, "por eventuales irregularidades en los decretos de indulto y eventuales infracciones a la ley en el otorgamiento de beneficios carcelarios", según reveló el diputado Jorge Alessandri.
La acción será presentada el próximo lunes 9 de enero, y desde el gremialismo ya confirmaron esta mañana -cuando la salida de Ríos aún era especulación-, que la acusación va a ser presentada "sí o sí", aunque la secretaria de Estado no siga en su cargo.
Otra de las razones que había complicado a la ex ministra fue la denuncia por el delito de prevaricación que un grupo de parlamentarios de RN ingresó al Ministerio Público, en el caso específico del indulto al ex frentista Jorge Mateluna.
Pero la intrincada trama por la elección del fiscal nacional también había hecho tambalear la permanencia de Ríos en el cargo, puesto que varios senadores de oposición solicitaron su salida tras lo que fue calificado como una nueva "derrota" para el Gobierno, luego que el nombre de Marta Herrera -la segunda apuesta del Ejecutivo- no lograra ser ratificado en el Senado.
Ríos ya había llamado a los senadores a tener una discusión "con altura de miras" para que prosperara el nombre de José Morales en el cargo, pero no hubo éxito ni respaldo. Pese a que el proceso continuó tensionado, Ríos se había defendido señalando que junto a su par de la Segpres, Ana Lya Uriarte, "seguimos a cargo y trabajando en todos los temas que están bajo nuestra responsabilidad".
Pero no solo se había cuestionado la capacidad de diálogo de la ex ministra con el Senado, sino que también la falta de "cercanía" con el Poder Judicial, esfera desde donde emergieron rápidamente las críticas a partir de conocerse, hace exactamente un año, que sería una socióloga quien estaría a cargo de la cartera de Justicia; un hecho sin precedentes, considerando que desde el retorno a la democracia, todos los ministros del ramo han sido egresados de Derecho que juraron como abogados ante la Corte Suprema.
La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, también envió un mensaje a la entonces ministra en el contexto de la elección del fiscal nacional, luego que Ríos apuntara a una "responsabilidad compartida" de los órganos del Estado por conseguir una cabeza del Ministerio Público. "Nosotros no hemos sido partícipes de ninguna derrota, puesto que no estamos postulando a ganar o perder", respondió Vivanco a fines de diciembre.
Pero la tensión con la Suprema también se expresó a través del "recordatorio" de la separación de los Poderes del Estado que hicieron desde el órgano al Mandatario por el indulto a Mateluna, luego que este expresara su convencimiento de que en el juicio "hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia".
Hay que recordar que en mayo de 2022, la ex ministra ya había enfrentado una oleada de críticas desde la oposición y la petición de que fuera citada a la comisión de Seguridad luego que Celestino Córdova -condenado a 18 años de presidio por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay- recibiera el beneficio de salida dominical.
En agosto, diputados del bloque le pidieron explicaciones por el acuerdo suscrito entre Gendarmería y un grupo de presos mapuche del Centro de Detención preventiva (CDP) de Angol, con el que lograron una serie de beneficios carcelarios. Esto, luego que se conocieran detalles del pacto, obtenido luego que los reclusos iniciaran una huelga e hambre, a lo que se sumó un ataque incendiario contra un parque eólico que incluyó pancartas con amenazas al alcaide del recinto penitenciario.
Además, a fines de diciembre, la cartera de Justicia ya se había visto involucrada en el debate por la idea de tener cárceles exclusivas para miembros de Pueblos Originarios, idea que según reveló el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo -hoy nombrado como ministro de Justicia subrogante-, estaba siendo evaluada por el Gobierno.
