Pese a que dejó el sábado su cargo como ministra de Justicia por las "desprolijidades" en los indultos presidenciales, Chile Vamos ingresó este tarde una acusación constitucional contra
Marcela Ríos, incluyendo además un segundo capítulo
El libelo que será ingresado a la Cámara esta tarde, es suscrito por los diputados Andrés Longton, Sofía Cid, Diego Schalper, Frank Sauebaum, Marcia Raphael, Francisco Undurraga, Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez y Cristián Labbé.
Según el texto al que tuvo acceso Emol, se señala que "que, encontrándonos dentro de plazo, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral segundo del artículo 52 de la Constitución Política de la República, en los artículos 37 y siguientes de la Ley N°18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, artículos 329 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás normas que resultaren aplicables, venimos, por este acto, en formular acusación constitucional en contra de la Sra. Marcela Alejandra Ríos Tobar, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, por haber incurrido en infracciones de ley y haber dejado estas sin ejecución".
"Solicitando a esta Honorable Corporación, en definitiva, tener a bien declarar que ha lugar a la acusación formulada, para que luego el Senado la acoja, declare su culpabilidad y quede impedida de desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años, conforme con lo dispuesto en el artículo 53 numeral primero de la Carta Fundamental, todo ello de conformidad con los antecedentes y argumentos que a continuación se exponen", sostienen.
Con ello, aseguran que "interesa particularmente a los Diputados acusadores advertir que se ha hecho el estudio de la conducta de la exministra y se ha sopesado debidamente dichos actos con la sanción que implica la acusación constitucional, llegándose a la conclusión y plena convicción de que ante hechos de tal gravedad como lo son aquellos que se describen en los capítulos acusatorios, no procede sino la acusación constitucional como ejercicio de control por parte de la Cámara de Diputados".
Los dos capítulos del libelo
El primer capítulo acusatorio contra Ríos, da cuenta de la "responsabilidad constitucional de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Sra. Marcela Ríos Tobar, por infracción al artículo 6 de la Ley N°18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, en relación con el artículo 4 de la misma Ley, al otorgar indulto al Sr. Jorge Mateluna Rojas y a otros seis indultados que cumplían condena por hechos delictivos circunscritos al denominado "estallido social'".
A lo largo de dicho apartado se relata además a "cómo es que la liberación de personas imputadas y condenadas por hechos delictivos, especialmente por aquellos ocurridos en el marco del 'estallido social' de 2019, se transformó en una suerte de compromiso e interés por parte de S.E. el Presidente de la República, su Gabinete Ministerial y en general por la coalición oficialista. Este compromiso, permite entender cómo es que se incurre en una actuación ilegal que redunda en la liberación de personas condenadas por la Justicia".
Aludiendo a una visita del ahora Presidente Gabriel Boric al Penal Santiago 1 en 2021, la urgencia suma en marzo de 2022 a un proyecto sobre indultos y el retiro de 139 querellas.
"Así lo dicho, resulta evidente que el indulto concedido entre los días 29 y 30 de diciembre es expresión de este compromiso ideológico, y a la postre material, con la impunidad de personas que han cometido graves delitos y crímenes", agregan.
En el documento de la AC se ahondan en detalle los indultos concedidos al ex frentista Jorge Mateluna y a Luis Castillo, condenado en el marco del estallido social.
El segundo capítulo, en tanto, da cuenta de la "falta de control jerárquico de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la macrozona sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente".
De este modo, en la acusación se analizan los casos de José Tralcal, Luis Tralcal, Celestino Córdova, Víctor Llanquileo y otros presos de la cárcel de Angol en La Araucanía.
Con ello, aseguran que "cabe concluir que Gendarmería de Chile se encuentra sujeta a un poder y control jerárquico respecto del Presidente de la República, el cual, de acuerdo con el ordenamiento jurídico ya citado, los ejerce por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en concreto, mediante la persona de su titular".
"De esta manera, Gendarmería, al ser un órgano dependiente y centralizado, se encuentra sometido al control jerárquico de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y no a una supervigilancia, la cual está establecida para los órganos descentralizados de la Administración del Estado, los cuales fueron establecidos por el Dictamen N° 38.427, del 2013, de la Contraloría General de la República, donde no se encuentra Gendarmería de Chile", acotan.
Finalmente, concluyeron que Ríos, "infringió las leyes que expresamente le obligan a ejercer un control jerárquico sobre los servicios públicos de su dependencia; pero, además, dejó sin ejecución las leyes al no haber ejercido las funciones y atribuciones que le entrega el ordenamiento jurídico para corregir los actos ilegales de Gendarmería de Chile, y que, en la línea de lo desarrollado en el capítulo acusatorio precedente, dejan en evidencia un accionar de la exministra Ríos, funcional a la medidas de impunidad que ha impulsado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric desde su instalación el 11 de marzo pasado".
Declaraciones de diputados
Aludiendo a una coordinación del bloque en esta ofensiva, el jefe de la bancada de diputados RN, Andrés Longton, comentó que "los capítulos tienen la suficiente fuerza para acusar a la ministra, porque habrá renunciado, pero la renuncia no evade la responsabilidad del cargo que ella tenía al momento de emitir estos decretos, y dejó en la más absoluta indefensión a familias chilenas que hoy tienen que convivir con estos delincuentes".
En la misma línea, el jefe de la bancada UDI, Jorge Alessandri, precisó que "lo importante de verificar con esta acusación constitucional son todos los indultos que van a venir para adelante y también pedir al Ejecutivo que pueda retrotaer los indultos mal otorgados, hay Carabineros que están presos por las mismas situaciones, en el mismo lugar, por arriesgar su vida y apresar a una persona que estaban destruyendo y quemando".
El jefe de la bancada de Evópili, Francisco Undurraga, complementó que "para nosotros es relevante el reconocimiento que hizo hoy día la ministra Vallejo en término de que el Presidente de la República no tenía todos los antecedentes, situación que además debería dar para una investigación administrativa, porque francamente si estamos en manos de ministros que no le entregan toda la información al Presidente de la República, ¿cómo vamos a poder salir adelante en materia de violencia, en materia económica y en todas las urgencias?"
Revisa el documento con la AC ingresada por Chile Vamos:
