La polémica por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric el 30 de diciembre pasado y la justificación entregada por la máxima autoridad para ello sumaron ayer un nuevo episodio. A los dichos del propio Mandatario asegurando que habían existido "desprolijidades" en el proceso, se sumaron las declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Tras ser consultada sobre si de haber tenido todos los antecedentes a la vista el jefe de Estado habría otorgado los beneficios, respondió que en ese caso "la situación hubiese sido distinta". Igualmente, dijo que no es posible revocar los indultos, "por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo". Este reconocimiento de que hubo antecedentes que no fueron revisados, a juicio de abogados constitucionalistas y expertos en derecho administrativo,
podría hacer plausible una revisión a los decretos, debido a que su fundamentación
no cumpliría el estándar de ser casos calificados y mediante decreto supremo fundado establecido en la ley que regula los indultos particulares. "Se admite que la autoridad tenga un margen de discrecionalidad en sus determinaciones, pero esto no significa que puede ser arbitrario", plantea el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso Eduardo Cordero.
