Han pasado 12 días desde que el
Presidente Gabriel Boric firmó los 13 indultos a personas condenadas por delitos asociados al estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna; un hecho que desató una polémica que, pese a los reiterados intentos del Gobierno por cerrar, sigue dejando coletazos y cabos sueltos.
Esto, porque la decisión del Gobierno de aceptar la renuncia de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de Gabinete, Matías Meza-Lopehandía no ha dejado conforme a la oposición que no sólo apunta a las responsabilidades políticas, sino que también ha insistido en que se revoque.
Tal como lo había anunciado a UDI y RN, el lunes fue ingresada a la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra de la ex ministra Ríos; a lo que se suma una querella presentada en su contra y "todos quienes resulten responsables", por el delito de prevaricación administrativa, especialmente por el indulto a Mateluna.
No obstante aquello, la ofensiva opositora se había recrudecido y se comenzó a evaluar una acusación constitucional en contra del propio Presidente Boric. La ministra del Interior, Carolina Tohá, ya afirmó que una acción de este tipo "no tiene ningún mérito"; y también ha sido la encargada de reiterar que los indultos "no se pueden revertir".
La mañana de este lunes, los diputados de oposición determinaron impulsar una comisión investigadora por las "desprolijidades" en los indultos, luego de analizar un informe jurídico sobre la acusación y con el fin de que haya una mirada más transversal sobre el tema.
Así las cosas, aún quedan una serie de dudas, cuestionamientos y procesos administrativos y judiciales sobre la mesa, que alejan los intentos del Gobierno por poner punto final a la saga de los indultos.
¿Es viable una AC contra el Mandatario?
El diputado Frank Sauerbaum (RN) era uno de los impulsores de la acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, junto al diputado Miguel Mellado. Según comentó Sauerbaum a Emol, si bien en el informe que recibieron "efectivamente dice que hay elementos suficientes para acusar al Presidente constitucionalmente, nosotros entendemos la situación política que vive el país, la incertidumbre que ahí existe y el daño que se le puede hacer a la propia democracia".
Por eso, aclaró que "RN optó antes que hacer una acusación constitucional, tener un proceso previo, que sea esta comisión investigadora donde se revele el rol de cada una de las personas involucradas".
Pero, ¿qué tan viable resultaría un libelo acusatorio en contra del Mandatario? En conversación con este medio, el abogado constitucionalista y académico de la PUCV, Alan Bronfman, planta que "lo primero es que siempre los antecedentes concretos y completos del caso son decisivos para la evaluación de la viabilidad de una acusación constitucional. Lo segundo, es que la facultad de indultar, que tiene una historia más extensa que el propio constitucionalismo, es una facultad amplia del Presidente. Aunque ha sido críticada por su amplitud, es claro que es una de sus características distintivas. Se trata, precisamente, de permitir una excepción a la aplicación regular de la ley".
En ese sentido, el abogado ve "difícil" que se configure la causal de acusación constitucional por haber "infringido abiertamente la Constitución y las leyes, aunque siempre se puede argumentar en sentido contrario".
Bronfman aclara que "la ley tiene pocas limitaciones en esta materia. Si hay alguna vulnerada en el procedimiento hay al menos base formal para intentar una acusación constitucional. Será la Cámara y el Senado, entonces, los que decidan si es o no 'abierta' la infracción".
"Otra línea es que se haya comprometido gravemente la seguridad de la Nación. Tampoco es tan sencillo ponerlo sobre la mesa de discusión. Quizás si de por medio existiese algún documento o prueba del indulto como instrumento de algo que amenace dicha seguridad...pero si no hay nada, es difícil", complementó.
Control de cautelares a indultados
Otra de las dudas que se instalaron esta semana, apunta a la forma en que se hará el seguimiento de las cautelares de los indultados y cuáles son efectivamente dichas cautelares. Según comentó esta semana el
subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a
EmolTV, bajo la figura del indulto "se suspende la condena, pero esas personas quedan con arraigo, firma mensual, y si llegan a cometer otro delito, se les sanciona el nuevo delito y pierden la conmutación de la pena".
En ese sentido, explicó que "hay mecanismos que resguardan sanciones duras en el caso que cometan otro delito. Hay arraigo nacional, firma mensual y el seguimiento lo hace Gendarmería".
En conversación con este medio, Mario Varela, ex fiscal y ex subdirector de reinserción social de Gendarmería, sostuvo que "en estricto rigor, sería sólo firma mensual; y la persona que está beneficiada con la remisión condicional como pena sustitutiva, o en este caso, como indulto, lo que debe hacer es concurrir a un Centro de Reinserción Social (CRS) dependiente de Gendarmería y firmar una vez al mes".
Esto, por todo el tiempo que a cada indultado le restaba de condena, porque en definitiva, el indulto cambia la privación de libertad (cárcel) por remisión, pero "no el periodo de la misma".
La firma, en tanto, sería en un CRS cercano al domicilio informado por el indultado, y Gendarmería debe informal al tribunal respectivo en caso de que exista algún incumplimiento de proceso. Este incumplimiento podría abrir una "eventual revocación si es que se estima pertinente". Sin embargo, esta situación no está explicitada en el decreto.
¿Es posible revocar los indultos?
Tanto la ministra Tohá como la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, han señalado que no es posible revocar los indultos otorgados por el Presidente, sin embargo, la oposición ha insistido en que sí posible hacerlo; lo que ha abierto un amplio debate jurídico al respecto.
Según dijo la ministra Vallejo en su vocería del lunes desde La Moneda, los indultos no se pueden revocar "por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, con el principio in dubio pro reo. Lo importante es insistir en que no hay vicio jurídico".
En tanto, la ministra Tohá dijo hoy a Tele13 Radio que "no existe ese mecanismo, no es que el Ejecutivo quiera o no quiera, no hay una modalidad por la cual se retrotraigan los indultos. Distinto sería el caso si es que no fueran válidos, pero equipos jurídicos examinaron esto y los procedimientos están hechos correctamente".
Desde la oposición, la senadora RN, Paulina Núñez sostuvo esta semana que el llamado al Gobierno, entonces, no es a revocarlos, sino que a invalidarlos. "Le vamos a pasar el dato al Gobierno: El artículo 53 de la 19880 (que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado) dispone que la autoridad administrativa puede invalidar los actos cuando no estuvieren bien fundamentados, como ocurre en estos casos. O sea, depende del propio Gobierno invalidarlos, porque se actuó fuera de los fundamentos legales (y están contemplados en las normas generales para los indultos, que el gobierno no los cumplió)".
Desde la vereda estrictamente jurídica, Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, plantea que una vez que un acto administrativo de esta naturaleza se encuentra totalmente tramitado y ejecutado, la única alternativa de revertir esta situación, a su juicio "sería por la vía de que una cuarta parte del Senado o la Cámara de Diputados pueda acudir al Tribunal Constitucional dentro de 30 días y le pidan que declare la inconstitucionalidad de este decreto supremo".
Pero en ello ve una dificultad, y es la de lograr acreditar tal inconstitucionalidad, puesto que "habría que encontrar el vicio, no está claro cuál sería, porque la motivación (del Jefe de Estado) no está regulada; no se le obliga al Mandatario a tener una motivación determinada, simplemente es un acto de su máxima discrecionalidad".
No obstante aquello, el abogado Luis Palacios, especialista en Derecho Público y académico de la Universidad San Sebastián, explicó que en la ley que otorga esta facultad al Mandatario efectivamente no hay ninguna disposición que contenga normas sobre revocación y nulidad.
Sin embargo, sostuvo que "en la especie, los indultos nacen al derecho a través de un acto administrativo, por lo que podrían ser modificados por otro acto posterior de igual o mayor jerarquía. Lo que indica que podrían ser revocados (para dejarlos sin efecto jurídico)".
¿Qué rol tiene Contraloría en la materia?
La bancada de diputados de la UDI, concurrió el lunes a la Contraloría General de la República buscando que impugne la legalidad de los beneficios otorgados por el Presidente.
Según precisó el diputado Juan Antonio Coloma, habría dos indultos con "evidente juicio de legalidad", el del ex frentista Mateluna y el de Luis Castillo, quien posee un amplio prontuario y condenas previas al estallido social. "El indulto comete un error y es que no está la facultad del ministro para firmar cuando hay una violación o un delito por Ley de Seguridad Interior del Estado; esperamos que sea la Contraloría la que corrija la incapacidad del Gobierno", sostuvo.
El domingo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, ya había adelantado en Estado Nacional de TVN que la tienda planeaba acudir al Tribunal Constitucional y a la Contraloría para revertir algunos de los indultos. Según comentó, algunos abogados ya habían dado luces de estas opciones, al menos para "que tratemos de generar la instancia y tratar de presionar en las distintas vías".
El abogado constitucionalista Alan Brofman explica que efectivamente la Contraloría General de la República "tiene facultades de control de constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos".
"Aunque el marco normativo es escueto y poco exigente en lo formal, si existiese un vicio (que en este caso no tiene el estándar del "abiertamente"), el Contralor, como cualquier otros decretos supremos puede utilizar sus herramientas de control", precisó.
Las dudas que persisten de la semana pasada
Hay otros tres cabos sueltos que se abrieron apenas se conocieron los indultos y especialmente las condenas previas de Luis Castillo. Una de ellas era si el Presidente efectivamente contó con toda la información necesaria al momento de firmar los indultos, situación que el Mandatario declinó responder.
El pasado 5 de enero, el Presidente reconoció que "el tema de los indultos a lo largo de la historia de Chile siempre ha sido polémico", y afirmó no poner en duda ni por un segundo "las atribuciones del Poder Judicial, ni me corresponde inmiscuirme en lo que señala el artículo 76 de la Constitución respecto a que la facultad privativa de conocer causas pendientes es de justamente el Poder Judicial y que, por lo tanto, yo no debo referirme a los fallos".
Pero conforme escaló la polémica, el lunes la ministra Vallejo debió salir a aclarar las "desprolijidades" que el propio Mandatario reconoció que existieron en el proceso, y cuya responsabilidad política recayó sobre Marcela Ríos.
El primer criterio apuntaba a que se indultaran personas que hubiesen cometido delitos y que fruto de ello estuviesen condenados, y el segundo, era que "se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido y ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas", dijo la portavoz del Ejecutivo.
Pero las dudas también apuntaron a los fundamentos del decreto exento N°3212 -firmado por la ex ministra Ríos- y que le devolvió la libertad al ex frentista Jorge Mateluna, quien estaba cumpliendo condena como autor del delito de robo con intimidación y un delito de tenencia de armas de uso bélico en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1.
El cuestionamiento de la oposición planteado ante Contraloría apunta a que dicho decreto "no detalla los fundamentos que darían al caso de Jorge Mateluna el carácter de calificado, que justifiquen su distinción de un indulto común", y agregan que "corresponde a la autoridad de la que emana el Decreto, la exposición de motivos fundados que justifiquen dicho carácter calificado, lo que no concurre en el caso".
Asimismo, también se cuestiona que Mateluna ya hubiera sido indultado previamente en 2004 por el ex Presidente Ricardo Lagos, tras ser condenado a cadena perpetua por un asalto a un supermercado.
Sumado a ello, quedó otra duda en el aire: la firma de los 13 decretos no ocurrió en el mismo día. Si bien 11 se firmaron el 29 de diciembre, los de Luis Castillo Opazo y de Sebastián Montenegro, fueron firmados por la ex ministra Ríos el 30 de diciembre. Por ahora, no se han detallado las razones por las que ocurrieron estas diferencias, las que se podrían sumar a la serie de "desprolijidades" en los indultos y en la forma en que se dieron a conocer.
El viernes 30 de diciembre se había informado de 11 indultos -10 a condenados en el contexto del estallido y del ex frentista Mateluna-, sin embargo, media hora tarde se advirtió de un error desde Justicia: Castillo y Montenegro no habían recibido el beneficio; y en tanto se sumó a Alejandro Carvajal y a Matías Rojas.
Una información oficial de la entonces directora de comunicaciones del ministerio de Justicia, Alejandra Lazo, buscaba dar sentido a las contradicciones en la información, al informar que "el ministerio informa que, por error, la unidad del comunicaciones del ministerio (de Justicia) envió de manera incompleta la nómina de personas que fueron indultadas por S.E. el Presidente de la República (...) al advertir que faltaban dos nombres en el listado final, se envió la información correcta a Presidencia".
Esa tarde Lazo presentó su renuncia, a lo que siguieron las bajas de Meza-Lopehandía -a quien se le responsabilizó políticamente por ser el último filtro antes del Presidente-, y de Marcela Ríos.
