La frase se ha repetido estas últimas semanas: "
es un momento bastante difícil" dijo el lunes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; y ayer, la titular de la Segprés, Ana Lya Uriarte reconoció que atraviesan "
un momento político complejo" con "situaciones que debemos enfrentar".
El uso el plural por parte de la ministra Uriarte no es baladí. Porque los 13 indultos personales que otorgó el Presidente Gabriel Boric han desatado una polémica con varias aristas que oscilan entre las responsabilidades políticas y procesos judiciales; todos, coletazos de las "desprolijidades" que marcaron el anuncio del 30 de diciembre.
Así, son al menos seis los procesos que se han abierto tras la saga de los indultos, y que mantienen al Gobierno alejado del objetivo de zanjar el tema y con una desaprobación al Mandatario que alcanzó un peak del 70% según la última encuesta Cadem.
Comisión investigadora
El proceso más reciente se anunció ayer en la Cámara de Diputados, luego que parlamentarios de Chile Vamos y de otros sectores de la oposición anunciaran una solicitud de creación de una comisión especial investigadora sobre las "desprolijidades" en los indultos presidenciales.
La acción fue coordinada por la bancada de diputados RN, quienes luego de analizar ayer un informe jurídico sobre una posible acusación constitucional contra el Presidente, optó finalmente por impulsar primero dicha instancia.
El diputado Miguel Mellado (RN) explicó ayer que el informe elaborado por constitucionalistas señala "que existe mérito jurídico para una acusación constitucional contra el Presidente de la República, pero nosotros como parlamentarios somos serios y cautos, y eso significa que antes de la acusación tenemos que evaluar todos los méritos -tanto jurídicos como políticos- y los méritos políticos se buscan una comisión investigadora".
"Los parlamentarios aquí presentes, más otros que no pudieron estar, vamos a impulsar una comisión investigadora que ya está en el sistema y que vamos a presentar el lunes, para ver todos los detalles, desde el primer papel hasta la última firma, quiénes estuvieron involucrados en todo este proceso donde hubo distintas desprolijidades", acotó.
Acusación constitucional
Tal como explicó el diputado Mellado, la comisión investigadora busca evaluar si existen méritos para impulsar una acusación constitucional contra el Mandatario. Y mientras eso se evaluará, hay un libelo acusatorio ya confirmado en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.
Todo Chile Vamos respalda la acción contra la socióloga, donde no sólo se busca poner sobre la mesa las desprolijidades de los indultos, sino que varios otros episodios relacionados con los beneficios carcelarios entregados y la forma en la que se condujo el proceso para nominar al fiscal nacional.
"Si los indultos siguen en pie, la verdad es que la acusación constitucional sigue teniendo pleno fundamento, vigencia y necesidad", dijo el domingo el secretario general de RN, Diego Schalper.
Por su parte, la subjefa de la bancada RN, Sofía Cid, expresó que desde la tienda seguirán fiscalizando y subrayó que avanzarían con la acusación constitucional contra Ríos, "porque tenemos que buscar las responsabilidades y también hay que fiscalizar las acciones del subsecretario de Justicia en todo este proceso".
"Si está renunciando también el jefe de gabinete del Presidente, es porque se cometieron errores en Presidencia y no solamente en el Ministerio de Justicia. Hubo diferencias en las fechas de la firmas del decreto de indulto y eso también lo fiscalizaremos", finalizó.
Querella ante la Fiscalía
Desde la bancada de RN también iniciaron una ofensiva judicial, luego que presentaran una querella por el delito de "prevaricación administrativa" contra todos quienes resulten responsables, especialmente por el indulto al ex frentista Jorge Mateluna.
La acción, encabezada por Andrés Longton y Sofía Cid junto Diego Schalper, ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, busca que se inicie una investigación penal con el objetivo de esclarecer los hechos y perseguir las responsabilidades penales en el otorgamiento del indulto presidencial al ex frentista Jorge Mateluna, "quien se encontraba condenado a 16 años de prisión por participar en un asalto a una sucursal bancaria en 2012, y que ya había recibido el beneficio en 2004", sostiene el documento.
En el escrito se señala que lo expuesto "configura el delito de prevaricación administrativa", que es sancionado en el artículo 228 del Código Penal. Además, los parlamentarios pidieron que se citara a declarar -a través de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI- al Presidente Gabriel Boric, a las ministras del Interior, Carolina Tohá, y quien entonces era la titular de Justicia, Marcela Ríos. Además, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra.
Requerimiento ante Contraloría
El pasado 6 de enero, diputados UDI anunciaron que acudirían a Contraloría. Según explicó el diputado Jorge Alessandri, la intención es que los organismos "se pronuncien sobre si los indultos están conforme a derecho o no. Nos concentramos en el caso de Luis Castillo y Jorge Mateluna, pero fue apareciendo historial delictual de otros, y en esos casos específicos la ley es clara y dice que debe ser calificado, fundado", dijo en Radio Universo.
La respuesta de Contraloría al oficio llegó el 10 de enero. Según comentó el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), Contraloría solicitó al Ministerio de Justicia los antecedentes de los 13 indultados, lo que fue celebrado como un paso positivo, según la UDI, en la búsqueda de revocar esos indultos.
Sin embargo, desde el Ejecutivo desdramatizaron la respuesta del ente contralor. "Es totalmente normal que la Contraloría, a solicitud de parlamentarios, pida la información", dijo la tarde del martes la ministra del Interior, Carolina Tohá. En esa línea, aseguró que como Gobierno no ven un problema que el órgano pida información: "A menos como ejecutivo no nos inquieta", indicó.
Anuncio de acudir al TC
El mismo día en que la UDI anunció que acudirían a Contraloría, también afirmaron que irían al Tribunal Constitucional, con el mismo objetivo: que se revisen los antecedentes y se pronuncie sobre si los indultos fueron conforme a derecho o no.
Ayer, el presidente del gremialismo,
senador Javier Macaya, entregó más detalles de la acción a
EmolTV, donde afirmó que "además de la Contraloría, estamos preparando, y probablemente el lunes vamos a presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional".
Según detalló, serán dos requerimientos distintos: uno para revisar el indulto al ex frentista Jorge Mateluna y otro por el resto de los indultados.
"Nos parece que hay situaciones que desde la calificación de los indultos, pasando por situaciones legales, que hemos conversado con el equipo de abogados con el que hemos estado trabajando, que muestran que acá se ha actuado con arbitrariedad; el propio Gobierno ha reconocido errores en estas situaciones. Pero cuando uno comete un error, uno esperaría que tomen la decisión de enmendarlo", subrayó.
Eventual investigación interna en Justicia
El ministro de Justicia, Luis Cordero, aterrizó ayer en Chile para asumir formalmente en el cargo en el que fue designado por el Presidente Boric, y uno de los primeros temas que ocupan su agenda dice relación con las "desprolijidades" que reconoció el Ejecutivo en el otorgamiento de los indultos.
Será tarea de Cordero decidir si se inicia o no una indagatoria interna en su cartera, para definir otras responsabilidades frente a lo ocurrido. Esto, porque aún quedan interrogantes sobre por qué se firmaron indultos en días diferentes y cómo ocurrió el error comunicacional que llevó a que primero se informara de 11 indultos, y media hora más tarde, eran 13.
Según reveló el medio Ex-Ante, altas fuentes del ministerio han afirmado que los cinco funcionarios firmaron los decretos -a parte de la ex ministra-, habían presentado prevenciones respecto a los indultos, pero no fueron escuchados.
