Con una acusación de "operación política" partió la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, la exposición en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de esa cartera, Giorgio Jackson, en la que reiteró la historia que la llevó a ser desvinculada.
"Yo recibí presiones por parte de mis superiores jerárquicos para votar de manera contraria a la cual hubiera sido mi deseo en el Servicio de Evaluación Ambiental en las comisiones de evaluación ambiental de diversos proyectos de la Región Metropolitana", dijo esta mañana, en la primera sesión de exposición de invitados que hizo la instancia.
En su intervención reiteró que fue objeto de acusaciones "falsas e infundadas" relacionadas a la falta de denuncia de una vulneración de derechos en un albergue del ministerio, para las que hasta el día de hoy, según Hidalgo, no recibió pruebas fehacientes.
"Fue una operación política en mi contra, tal vez al ministro le molestó lo que le hice saber sobre cómo estaba operando el Servicio de Evaluación Ambiental", señaló Hidalgo.
Asimismo, relató las tres oportunidades en las que, a juicio de ella, autoridades del Ejecutivo la "presionaron" para votar a favor de ciertos proyectos: primero en el caso de Mall Vivo de Ñuñoa; luego AVO 2; y finalmente una planta de aguas servidas en Quilicura. En todas mencionó a la delegada presidencial, Constanza Martínez, y a la subsecretaria Francisca Perales, como las responsables de dichas presiones.
Los "problemas" de la acusación
También expuso el académico y abogado constitucionalista Patricio Zapata, que advirtió "algunos problemas" en el texto de la acusación, argumentando que hizo estas mismas objeciones en los procesos contra ministros de otros sectores políticos.
"Me parece un problema que se deslice aquí y allá alguna referencia que excede un poco lo estrictamente jurídico y político. Se hace referencia al estándar ético político y moral que debe tener un ministro y se le objeta al ministro no cumplirlo, no ayuda mucho al estudio del escrito", dijo Zapata.
Asimismo, aseguró que había "cierta dificultad" para distinguir "aspectos de mérito u oportunidad" de las causales de acusación. Estos aspectos, según Zapata, "son siempre opinables, y respecto a los que la cámara tiene todo el derecho a ejercer la crítica a través de la fiscalización, si hay o no un buen plan en materia indígena, funciona bien o mal el sistema de evaluación de proyectos. No debiera usarse esta herramienta para enjuiciar críticamente decisiones de mérito o de oportunidad, por mucho que nos parezcan lentas, mal pensadas".
También argumentó que, dado que el capítulo 2 del libelo se centra en la infracción al principio de probidad, el uso de los "principios" como norma infringida es complicado, pues los principios poseen demasiada amplitud y "es complicado sancionar a alguien que ha vulnerado un principio. Es más fácil castigar a alguien por vulnerar una regla, que es un mandato y se cumple".
Finalmente, manifestó ciertas aprensiones sobre la utilización del argumento "subejecución del presupuesto" como una forma de "dejar sin ejecución las leyes", porque según explicó,
"la subejecución presupuestaria no es algo equiparable porque la Ley de Presupuestos, más que ordenarle al ministro que gaste 622 mil millones, autoriza a que los gaste. No incurre en falta jurídica el ministerio que no gasta lo presupuestado. Podemos decir que demuestra inoperancia".
Las respuestas de Conadi y Niñez
Finalmente expusieron el director de Conadi, Luis Penchuleo, y la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, que aportaron con respuestas sobre ciertos argumentos que se plantean en el libelo acusatorio.
Penchuleo, por su parte, desmintió la perturbación de los predios que se cita en la acusación y la subejecución del presupuesto de Conadi que se alega por parte de los diputados republicanos. Así, aseguró que el ítem citado tiene un 100% de ejecución en el año presupuestario. "En la acusación constitucional, para poner este elemento como parte de la misma, se hizo antes de que termine el año presupuestario", explicó.
De hecho, el diputado
José Meza (Republicanos) le pidió explicar cómo Conadi logró sumar un 57,5% en el último mes del año y preguntó cómo fue dicha ejecución y cuál fue la razón para esperar hasta el útlimo mes del año para hacerla.
"Estos procesos son de larga data, llevan un proceso que dura meses y a veces años. Es muy normal que dada las características del 20b (vinculado al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas), gran parte del presupuesto se ejecute en el último trimestre y en particular el último mes del año", explicó Penchuleo.
Finalmente, la subsecretaria Pizarro abordó el proceso de implementación de las oficinas locales de la niñez, que están nombradas en el libelo, explicó por qué el proceso es "paulatino" y abordó también los problemas en la licitación de ciertos programas de Mejor Niñez y el efecto que eso tuvo en la vulneración de derechos de los niños.
"No se ha dejado de garantizar la atención a los niños, niñas y adolescentes que están siendo atendidos en los programas. Como gobierno, tengan la certeza que estamos velando siempre para que todos los concursos públicos, sean legítimos, transparentes y en igualdad de condiciones. Ninguno de los niños que se hubieran visto eventualmente afectados en estas licitaciones han quedado sin su atención", aseguró Pizarro.
La comisión todavía tiene pendiente recibir a invitados el lunes y había agendado más exposiciones para el martes, pero con las excusas presentadas por algunos de ellos, y según se abordó al final de la sesión, podría ser posible que voten la postura sobre la acusación el mismo martes a la tarde.
