"Es un momento bastante difícil para nosotros como Gobierno", dijo el lunes pasado la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, reconociendo el mal momento que está pasando la administración del Presidente Gabriel Boric.
Esa jornada, se conoció la última encuesta Cadem, en la cual la desaprobación del Mandatario subió 9 puntos, alcanzando 70%, mientras la aprobación cayó 3 puntos y llegó sólo a 27%, en medio del rechazo a los indultos que entregó a fines de 2022.
La decisión del jefe de Estado de otorgar el beneficio a 12 presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, ha marcado las dos primeras semanas de este año del Ejecutivo, el cual
no ha logrado sacudirse del impacto que generó la determinación.
La mirada de Vallejo fue compartida por su par de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien sostuvo que están en "un momento político complejo, donde tenemos situaciones que debemos enfrentar, que tienen una importancia y relevancia significativa".
"No le restamos importancia a lo que significa el momento político que vivimos y por lo mismo, es que estamos empeñados en trabajar en esto", agregó, apuntando al interés de La Moneda por recuperar el control de la agenda.
Sin embargo, la semana estuvo marcada por una serie de hechos que han impedido el deseo de la secretaria de Estado, ya sea por dificultades propias o externas, como la presentación de dos acusaciones constitucionales en contra de figuras del Ejecutivo.
De hecho, el mismo lunes en el que reconoció el mal momento, Vallejo abrió una caja de pandora al admitir que si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista en el caso de los indultos,
"la situación hubiese sido distinta".
Dicha afirmación reforzó el interés de la oposición por ratificar que las "desprolijidades" mencionadas por Boric fueron ilegalidades, impulsando a sus parlamentarios a exigir la revocación de los beneficios y a recurrir a la Contraloría y el Tribunal Constitucional.
En ese escenario, no es un misterio que el ánimo en la sede de Gobierno es de máxima preocupación. Al menos así lo advirtieron los líderes del oficialismo que acudieron a la reunión del comité político ese lunes, en la que se hizo un análisis de la situación.
En ese encuentro, según comentaron algunos presentes a Emol, los ministros que son parte de la instancia pidieron a las colectividades colaboración y unidad para revertir la crisis, mensaje que a juzgar por lo visto en los días siguientes no caló profundo.
Reacción oficialista
En contrapartida, los líderes de los partidos instaron al Gobierno a preparar un plan o una estrategia más concreta para abordar el mal momento, apuntando a la creación "de una agenda que permita visibilizar que se están haciendo cosas".
Dicha critica fue compartida en los dos bloques oficialistas, donde coinciden en la ausencia de una planificación de parte del Ejecutivo. "Para revertir la desaprobación es imperioso que el Ejecutivo plantee medidas efectivas", aseguró un dirigente.
En esa línea, el punto en el que hubo más consenso en la cita fue en la importancia de
recuperar el trabajo realizado por la mesa de seguridad, trabada por la decisión de la oposición de no regresar hasta que se retrotraigan los indultos.
Los presidentes de partido recalcaron que la única y mejor forma de salir de la crisis es reforzar el combate a la delincuencia, pese al impacto que generó en la opinión pública la determinación de liberar a reos con amplio prontuario policial.
"La sensación de la ciudadanía en materia de seguridad es muy extendida", dijo ese día la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien también lamentó las dificultades del Gobierno para recuperar la agenda.
"Esta semana hubo una política muy importante, pero pasó desapercibida, que fue el anuncio de las medidas económicas (…) pero mediáticamente el tema del indulto se comió el tema de las buenas noticias", sostuvo.
"Es difícil, porque, aunque uno quiera hablar de las cosas buenas,
siempre se vuelve a este tema", admitió, en un sentimiento de frustración que es compartido tanto el Socialismo Democrático como en Apruebo Dignidad.
Un ejemplo de ello ocurrió al día siguiente, cuando Boric se desplazó a Limache para realizar el anuncio del tren de Santiago a Viña del Mar, el cual se vio opacado por una serie de reproches hacia el proyecto y las noticias relacionadas a los indultos.
Tanto en esa actividad como en el resto de las que tuvo en la semana, el jefe de Estado evitó responder a las dudas que persisten sobre si tuvo a la vista o no los antecedentes penales de las personas que benefició con los indultos.
Su última aparición pública fue el miércoles en la presentación del nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, en donde tampoco accedió a las consultas de la prensa. Su silencio se extendió por todo el jueves y viernes.
La temperatura en La Moneda
Lo mismo ocurrió con Vallejo, quien tras la cuestionada vocería del lunes no volvió a tener actividades públicas. Aparte de una visita a Macul, la cual solo fue difundida por redes sociales, la portavoz del Ejecutivo no ha vuelto a responder consultas.
Al interior del Gobierno reconocen que el año "partió muy mal" con lo de los indultos, aunque tienen esperanza en que el nuevo titular de Justicia pueda ayudar a revertir la crisis, apuntando a su amplia experiencia laboral como abogado.
El miércoles, Uriarte sostuvo que Cordero "centrará su gestión en
construir una estrategia para enfrentar esta situación fundamentalmente desde el punto de vista jurídico. Todo el comité político y nuestros equipos están apoyando aquel trabajo".
"Será él quien dará la pauta de lo que hay que hacer y hay que esperar ese pronunciamiento", agregó, detallando la carta que usará el Gobierno para contener la ofensiva opositora ante la Contraloría y el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, más allá de ese plan, en el Ejecutivo admiten que el impacto de los indultos "ha sido muy duro". Sin ir más allá, en pocos días, el Presidente tuvo que enfrentar dos nuevos golpes a su entorno más cercano.
Por una parte, aceptó la renuncia de su jefe de gabinete, Matías Meza Lopehandía, y por otra, ver cómo el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, nuevamente está en el ojo del huracán con una acusación constitucional en su contra.
A ello se suma el ruido que existe en los partidos que lo apoyan, partiendo por el propio, Convergencia Social, que lamentó la pérdida de influencia en el Gobierno con la partida de la ex ministra de Justicia,
Marcela Ríos y del propio Meza Lopehandía.
Mientras, en el Socialismo Democrático surgieron llamados a hacer ajustes al equipo ministerial. "El Mandatario tiene que reorganizar su gabinete y consolidar políticamente la alianza de gobierno en una sola", dijo el senador Gastón Saavedra (PS).
En la misma línea, el diputado Raúl Soto (PPD) sostuvo que "acá se requiere cirugía mayor: Un golpe de timón, un cambio de rumbo, un cambio de dirección, de manera tal de sintonizar mucho más con el sentido común de las grandes mayorías".
A todo ello se suma las dificultades que están surgiendo para conformar una sola lista oficialista de cara a la elección de consejeros constituyentes. Si bien aseguran que una mayoría está por esa idea, hay voces del PPD y el PS que opinan lo contrario.
