Esta mañana iniciaron las exposiciones de invitados en la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, con la visión del abogado UDI Máximo Pavez sobre el libelo ingresado por Chile Vamos. Este argumentó que habría responsabilidad directa de la ex secretaria de Estado por la entrega de los indultos y que corresponderá a la Cámara resolver de qué gravedad sea aquello.
Luego de la sesión, Pavez reafirmó que lo que deben juzgar los diputados es si existe una responsabilidad personal de Ríos al momento de materializar los indultos.
"Los decretos de los indultos, tal cual como están expuestos y firmados por la ex ministra, adolecen de fundamento plausible para explicar por qué se está otorgando esta facultad a personas a las que no les correspondería.
O la ministra no sabía de los antecedentes o si sabía los firmó igual, y por qué después de 7 días después de la renuncia todavía la ministra no considera que hay un error en su dictación", señaló.
Por lo tanto, a juicio de Pavez, "los caminos parecen converger en que hay una responsabilidad directa en el otorgamiento de los indultos y será la Cámara la que verá si es de tal gravedad que signifique dar lugar a la acusación".
Sobre si habría finalmente una responsabilidad también del Presidente Gabriel Boric, Pavez señaló que desde el punto de vista jurídico, la decisión de otorgar estos indultos es de é, pero "la materialización y por lo tanto que el acto esté suscrito conforme a derecho, con todos los requisitos legales y constitucionales, es de la ministra Ríos".
Esta semana se presentará la defensa
Quien también estuvo presente en la sesión, pero no usó la palabra, fue el ex ministro José Antonio Viera-Gallo, a cargo de la defensa de Ríos. La fecha para la contestación escrita de la ex secretaria de Estado se decidiría hoy y probablemente se entregaría el documento entre miércoles y jueves, pero por mientras, Viera Gallo abordó algunos puntos expuestos por Pavez y descartó que hubiera alguna ilegalidad.
"Las responsabilidades son de ella y del Presidente, pero no hay ninguna ilegalidad porque se han cumplido todos los trámites que establecen la Constitución y la ley y que son bastante flexibles y discrecionales como facultad del Ejecutivo, ahora, uno puede estar de acuerdo con los indultos, en desacuerdo sobre el mérito de uno o de otros. La oposición parece aceptar seis, o sea, que habría ilegalidad en dos. O en seis. No se entiende bien", dijo Viera-Gallo.
Según argumentó luego de la sesión, "lo que en el fondo se está discutiendo, pero no se dice, es el mérito de lo que se hizo, y eso es perfectamente legítimo, pero no da pie a una acusación constitucional".
En esa línea, el ex ministro aseveró que la responsabilidad política que se le estaría intentando atribuir a Ríos "no se ejerce de esta manera, acá tiene que haber una infracción a la Constitución o a la ley y ha dicho el propio señor Pavez que esa infracción tiene que producir efectos graves. Como no hay ninguna infracción, lo que se tiende a discutir es si había que indultar o no".
En cuanto a la crítica sobre la falta del fundamento escrito de los indultos, Viera-Gallo remarcó que "hay, ese fundamento puede uno decir que no le gusta, que le parece incompleto. Pero existe. Ahora, si uno revisa los indultos anteriores, por ejemplo estuve revisando los indultos que dio el Presidente Piñera a las personas de Punta Peuco, los fundamentos no son muy distintos a los que se está viendo en esta acusación".
Por eso, el ex ministro contestó que "obviamente" la desprolijidad pudo generar un error en la tramitación, "pero eso no es ilegal. Desprolijidades hubo, cuáles son no lo sé, pero la materialidad del decreto es exactamente lo que se ha hecho por casi todos los presidentes anteriores, en múltiples casos, en materias análogas".
Asimismo, alegó que hubo una "precipitación" de los parlamentarios por ingresar una acusación constitucional antes de que concluya la comisión investigadora y antes de los pronunciamientos del TC y de Contraloría.
"Si ya tienen la conclusión, ¿para qué investigar? Segundo, han presentado hoy los requerimientos al TC, ¿qué pasa si el TC dice, como espero, que los decretos son constitucionales? Y a la Contraloría, ¿qué pasa si dice que son legales? Han hecho todo a la vez y puede producirse una gran confusión institucional".
