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Rechazo de proyecto Dominga reabre debate sobre el rol político de la institucionalidad medioambiental en Chile

Más allá de las voces a favor o en contra de la decisión tomada hoy por el Consejo de Ministros, autoridades actuales y pasadas coinciden en terminar con las instancias políticas y fortalecer aquellas que son de carácter técnico en el sistema de evaluación ambiental.

18 de Enero de 2023 | 16:12 | Por María Cristina Romero, Emol
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Aton Chile/ Archivo.
De forma unánime, el Comité de Ministros rechazó este miércoles el proyecto minero-portuario Dominga, emplazado en La Higuera, Región de Coquimbo, y el cual ha tenido una controvertida tramitación durante 10 años, con promotores y detractores.

"Estamos seguros de que acá se tomó una decisión robusta, trazable, basado en evidencia técnica", dijo la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicando que fueron acogidas doce reclamaciones respecto al proyecto.

Al contrario, quienes se oponen a la medida, alegan que la decisión obedeció a motivaciones políticas del Gobierno para cumplir un compromiso de campaña del Presidente Gabriel Boric, dejándose de lado las consideraciones técnicas a favor del mismo.

Cabe recordar que el proyecto tenía una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera y obtuvo un Informe de Calificación de Evaluación (ICE) favorable en su proceso de evaluación ambiental, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Además de otros fallos judiciales favorables.

El plan del Gobierno

Más allá de este debate y de las opiniones sobre la determinación tomada hoy, a la que además apelará ante los tribunales ambientales la empresa titular Andes Iron, el tema abre la discusión respecto a la institucionalidad ambiental que nos rige, la posibilidad de hacerle cambios y el futuro de otros proyectos.

Hace unos días, la propia ministra del Medio Ambiente señaló en entrevista con La Tercera, que "la actual institucionalidad ambiental tiene unos 10 años, por lo que es tiempo de mirar cómo ha funcionado y qué reformas requiere. En marzo ingresaremos una reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la que se dedica más a las sanciones y cumplimiento, luego de un documento que realizó durante un año y medio un grupo de expertos con 100 medidas de cambio para dicha entidad".

Para el cambio de la institucionalidad ambiental que busca el Gobierno, la titular de la cartera indicó que "la parte política no le da valor a la protección medioambiental. Y lo que ha salido de forma bastante transversal en las conversaciones entre los diversos sectores es la eliminación del Comité de Ministros y de los Coeva. Queremos que estos entes sean técnicos y que las decisiones políticas se tomen en otras instancias. Incluso, probablemente antes".

El asunto cobra especial relevancia, luego de que se conocieran la existencia de conversaciones de WhatsApp que dieron cuenta de una coordinación entre las seremis y la delegada presidencial, Constanza Martínez, para detener a Fundamenta y su proyecto "Egaña Comunidad Sustentable", ubicado en Ñuñoa. Esto pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había recomendado a la instancia aprobarlo.

El fantasma de Dominga y los cambios

En su polémica historia, en 2017 el proyecto Dominga golpeó fuerte a la administración de la entonces Presidenta Bachelet, luego de que el Comité de Ministros lo rechazara por 3 votos contra 2. Decisión que provocó la salida del equipo económico de la época, es decir, de los ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Economía, Luis Felipe Céspedes y del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

Años después y en un conversatorio de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, Valdés explicó que más allá de la envergadura del proyecto, el problema era "si se puede o no, saltar las instituciones y las reglas que el país se da. Cuán importante es para el desarrollo lo que se llama el imperio de la ley".

"Llegué al convencimiento de que en este caso, en específico, dábamos una pelea en que básicamente la actuación de algunas autoridades se saltaba las reglas. Años después, y a propósito la verdad, la justicia nos dio totalmente la razón. Retrotrajo completamente todo el proceso a la aprobación de las autoridades locales, diciendo que todo lo que se hizo fue inválido, todo lo obrado por los ministros no valía", sostuvo.

Sobre la decisión tomada hoy, el ex ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena, comentó a Emol que "vuelven a encausarse técnicamente las versiones con respecto a este proyecto, no hay excusas de un comité de ministros que fue citado con premura, hay antecedentes técnicos que se repiten, el proyecto no ha cambiado y es incompatible con la zona. Por tanto, nuevamente una ministra de Medio Ambiente técnica toma una decisión de carácter científico, esa es la diferencia de las decisiones que dieron su aprobación el año 2021".

Al contrario el senador y miembro de la comisión de Medio Ambiente, José Miguel Durana (UDI), manifestó a este medio que "es evidente que deben cuidarse los aspectos ambientales de todos los proyectos que se evalúan, pero cuando se percibe que las decisiones se adoptan bajo fundamentos políticos e ideológicos y no técnicos, solo puedo manifestar mi profunda preocupación al respecto", añadiendo que "se afecta sensiblemente la inversión privada y la generación de empleo" con el rechazo del proyecto.

A su juicio, "existen dudas sobre los fundamentos técnicos de esta decisión negativas, así como la real consideración de la opinión de la población aledaña al proyecto, quienes se manifestaron favorablemente al proyecto. Claramente, el Gobierno no tiene la capacidad de generar empleo y de asegurar la inversión privada para su generación".

Más allá de estas diferencias, el ex ministro Mena consideró que "lo que está claro es que las instancias políticas de decisión en el sistema de evaluación ambiental aportan poco, deben ser eliminadas, los incentivos para dilatar decisiones son altos, los incentivos a nivel regional de tomar protagonismo y votar en contra de informes técnicos son altos. Es el momento, eb donde el anhelo del ambientalismo, también se coincida con el anhelo de los inversionistas que quieren mayores certezas y menos dilación en las decisiones".

"En este contexto, este proyecto demoró más de un año y medio en verse, desde que fue aprobado en instancia regional, por tanto, lo que corresponde es evitar estas instancias, eliminarlas y así reducir los tiempos de evaluación ambiental", sostuvo Mena.

Con ello, el senador Durana aseguró que "debemos avanzar en separar los aspectos técnicos y jurídicos de un estudio de impacto ambiental, de un proyecto que, reuniendo todas las condiciones que exige la ley, luego por razones estrictamente políticas es rechazado por el Consejo de Ministros del gobierno de turno. Recordemos que el rechazo del proyecto Dominga, al igual que los indultos, son compromisos de campaña del Presidente Boric".
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