Esta mañana, la defensa de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, contestó a la acusación constitucional interpuesta por un grupo de diputados de Chile Vamos por la situación de la entrega de indultos presidenciales y beneficios carcelarios a reos de la macrozona sur.
La exposición estuvo a cargo del ex ministro José Antonio Viera-Gallo, que manifestó tres argumentos principales: como idea general, sostuvo que desde hace un tiempo la Cámara de Diputados estaba acusando constitucionalmente por el mérito del desempeño de los ministros, no por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Sobre los 13 indultos, Viera-Gallo señaló que "están fundados, unos de una manera y otros de otra.
No existe un parámetro objetivo de estándar legal sobre el tipo de fundamento, hay una evolución en la jurisprudencia al respecto y ojalá la futura nueva Constitución sea más clara en este punto, como en las causales de juicio político".
En cuanto a las supuestas irregularidades en la entrega de beneficios carcelarios, el abogado señaló que la ministra simplemente acató lo dictaminado por Contraloría y que "no corresponde a las autoridades del Ministerio inmiscuirse en el tratamiento penitenciario de los reos, sino solo dar directrices generales, que la ministra las dio".
Las explicaciones sobre los indultos
Viera-Gallo dedicó la mayor parte de su exposición a varios aspectos de los indultos que se están objetando. En esa línea, aseguró que el reproche es la fundamentación de estos perdones "la cual en la práctica se ha mantenido a la práctica de los últimos Presidentes en la ejecución de estos actos administrativos".
"En todos los decretos, salvo el del señor Mateluna, se señalan una serie de hechos y se dice en considerandos que teniendo en cuenta la situación excepcional que vivió el país a raíz de las protestas de 2019, el Presidente considera que hay que indultar", explicó.
En el caso de Mateluna, remarcó que ese indulto no podría fundamentarse así pues no correspondía a los ocurrido en 2019, pero alude al proceso de rehabilitación que lo haría merecedor del perdón.
"Aquí no hay ninguna razonabilidad entre la falta que se imputa y el castigo que se propone, porque si está mal fundamentado o incompleto, es de apreciación subjetiva y puede llevar a entrar al mérito del indulto. Si empiezo a juzgar si existen o no los fundamentos, lo que estoy juzgando en el fondo si el Presidente indultó bien o mal y es lo que esta Corporación no puede hacer", criticó.
A su juicio, los decretos "primero, están fundados, segundo, no hay ningún parámetro objetivo para determinar cuando algo está fundado o cuándo no está, tercero porque cuando se impugnan los fundamentos se impugna la decisión de indultar", resumió.
Ante la pregunta de un diputado sobre las "desprolijidades" que manifestó la ministra Segegob, Camila Vallejo, el ex ministro aseveró que "los gobiernos están llenos de traspiés, es parte de la vida. Desconozco la índole de esas desprolijidades. Yo lo que estoy defendiendo es la responsabilidad constitucional de la ministra, que no ha infringido ni la Constitución ni la ley".
"Lo que parece importante es que esta comisión y la Cámara no juzguen el mérito de los indultos del Presidente. El mérito, la oportunidad, todo eso forma parte del debate político, Pero la acusación contra una ministra tiene que fundarse sobre motivos de legalidad y constitucionalidad y no sobre la ponderación del juicio del Presidente".
La respuesta ante los beneficios penitenciarios
En cuanto al segundo capítulo de la acusación, el abogado recordó que la ministra se ajustó a una objeción de Contraloría a una resolución dictada por el gobierno de ex Presidente Piñera.
"La ministra Ríos envió un oficio al servicio de Gendarmería, ordenando que desde en ese momento en adelante no se aplicara más esa resolución en el punto que fue objetada. Ella dio cabal cumplimiento al dictamen del Contralor. Ella se atuvo a la legislación vigente. Y además hizo una actitud activa para que se cumpliera la ley".
Por eso, "cae de su peso que no corresponde acusar a la ministra por haber dejado la ley sin cumplir. Quiero ser bien claro: creo que este es un resquicio que se ha usado en el Parlamento para entrar de nuevo el mérito del desempeño de un ministro".
En esa línea, pidió que "digamos de una vez que en Chile hay un sistema híbrido que no es ni siquiera parlamentarista, que es un sistema presidencial en que la permanencia de los ministros depende de la mayoría parlamentaria circunstancial que haya".
Así, afirmó que el gobierno no ha sido "débil" en el tratamiento de las materias relacionadas al tratamiento de la violencia de los grupos extremos. "Ustedes podrán criticar todo lo que se les antoje sobre el sistema penitenciario chileno, pero el actual gobierno, no solo la ministra, sino que cuando la Corte de Apelaciones de Temuco dio libertad condicional a algunos de los presos que señalan en la acusación, el Gobierno se hizo parte para que esa resolución fuera rechazada por los altos tribunales de justicia y la Corte Suprema, como ocurrió".
