Mensajes de whatsapp, conversaciones de pasillo, reuniones y finalmente el respaldo presencial de una decena de ministros en la sala de la Cámara fueron parte de las gestiones del Ejecutivo para salvar de la acusación constitucional al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Los esfuerzos surtieron efecto y el secretario de Estado sorteó la ofensiva impulsada por los republicanos, pero ahora es el turno de la ex titular de Justicia, Marcela Ríos, que enfrentará la votación del libelo en su contra este próximo miércoles.
Este es más complejo para el Gobierno, pues si bien en ambos el argumento oficialista es que no hay suficiente sustento jurídico, la mitad de la acusación apunta a las "desprolijidades" en la entrega de los 12 indultos a condenados por ilícitos en el marco del estallido social, y al ex frentista Jorge Mateluna, lo que salpica directamente al Presidente Gabriel Boric, de quien fue la decisión de perdonar.
En ese escenario es que el Ejecutivo deberá tomar la decisión de cuánto adentrarse en la defensa de Ríos y hasta dónde llegarán las gestiones para salvarla a ella también, entendiendo que ya no forma parte del gabinete y que se le endosaron a Justicia los errores en la entrega de información al Mandatario para la firma de estos decretos.
Pero en las últimas horas, desde el Gobierno se han preocupado de asegurar por todos los medios que la defensa de Ríos revestirá de la misma fuerza que la de Jackson, sobre todo ante las tesis que circulaban entre los parlamentarios de que el Ejecutivo estaría dispuesto a dejar caer a uno de los dos, con tal de salvar al otro.
En esa línea fue que luego de la victoria de Jackson y con un telón de ministros y parlamentarios oficialistas de fondo, la titular de Segpres, Ana Lya Uriarte, señaló este jueves que "la próxima semana, lamentablemente tendremos que estar nuevamente acá acompañando a la ex ministra Marcela Ríos en una acusación constitucional también improcedente jurídicamente".
Así, Uriarte precisó que "haremos exactamente el mismo esfuerzo que ustedes han visto hoy, porque Marcela Ríos no debe ser acusada y muchísimo menos debe ser objeto de una acusación constitucional exitosa, y con ello, castigar una conducta que no constituye infracción al ordenamiento jurídico"
Luego fue el turno del mismo Jackson, que el viernes señaló que en estos días y la próxima semana "con la misma fuerza con la que como gobierno presentamos la defensa del caso de la acusación en mi contra, es que vamos a esgrimir los argumentos jurídicos de por qué no existe fundamentación para la acusación constitucional de la ministra Ríos".
La defensa de Viera-Gallo
El respaldo a Ríos también se ha traducido en un apoyo en lo jurídico: a pesar de que la defensa de la socióloga quedó en manos del ex ministro
José Antonio Viera-Gallo, que ha estado permanentemente en las sesiones de la comisión que revisa el libelo en su contra, este viernes reconoció que también han colaborado con él por parte de Segpres. "Hay abogados que trabajan en la Segpres que me han ayudado y agradezco mucho esa ayuda", se limitó a decir.
Según explican desde esa cartera, se trata de "algo habitual" en estos casos y que fue coordinado por la División Jurídico-Legislativa de ese ministerio.
La explicación de por qué ha recibido esa ayuda, a pesar de que Ríos ya no esté en el gabinete, fue que "la ex ministra está siendo acusada por su desempeño como ministra, no es una particular cualquiera. Hasta hace poco era ministra y por actos de esa administración se la está inculpando", afirmó Viera-Gallo.
En esa línea, pidió que la estrategia para salvar a Ríos sea "igualmente eficaz" que la de Jackson, y aseveró que "sería fantástico" que los ministros del comité político hicieran las mismas gestiones para ayudarla.
Eso mismo espera el diputado Leonardo Soto (PS), uno de los parlamentarios que mayor cercanía tiene con Ríos, que señala a Emol que "atendido el hecho de que la ministra ha sido acusada y está siendo llevada a un juicio de reproche público por conductas que adoptó mientras era una funcionaria pública a cargo de la cartera de Justicia, su empleador tiene todo el deber de desplegar todas las acciones para protegerla y defenderla".
"No solo en lo administrativo", plantea Soto, lo que incluye a su juicio el uso de abogados y asesores legislativos, sino también que en lo político. "Le tocó asumir su responsabilidad, la asumió hidalgamente, dio un paso al costado y ha aceptado todo el reproche, pero sin duda
tiene el derecho a la máxima protección y defensa que le pueda dar su empleador", suma.
En el oficialismo, además, remarcan que esta ofensiva busca "golpear y dañar" no solo a Ríos, sino que por extensión al Gobierno, por lo que no sería tan fácil dejarla caer. Esto atendiendo a que la infracción de la que se la culpa -relacionada a los indultos- tiene directa relación con el Presidente, lo que incluso ha argumentado su defensa.
En esa línea, la diputada Gael Yeomans (CS), del partido de la ex ministra, asegura que "espero que toda la alianza de gobierno respaldemos a la ministra y eso nos incluye como partido, como representantes, sobre todo por el tipo de cuestionamiento que se hace detrás. No hay que ensañarse con una ministra que ya asumió responsabilidad y que por lo mismo tenemos un nuevo ministro en la cartera".
"En ambos casos se ha tratado de acusaciones infundadas que, no obstante, demandan trabajo de las bancadas oficialistas y del gobierno y sus ministros. En el caso del Ministro Jackson las presuntas ilegalidades ya fueron desestimadas, lo que probablemente ocurra también en el caso de la ex Ministra Rios. No ha habido diferencia en ese sentido en ambas acusaciones", agrega la diputada de la misma colectividad, Javiera Morales.
En esa misma línea, la parlamentaria María Francisca Bello (CS), asegura que "el Gobierno y la bancada del oficialismo en la Cámara han puesto todos los esfuerzos para que esta acusación constitucional no continúe porque sabemos que, al igual que la del ministro Jackson, no tiene fundamentos jurídicos. Lamento mucho que los últimos días de trabajo legislativo se haya visto copado de discutir estos temas, cuando nuestra tarea es legislar para la ciudadanía".
