El diputado PS, Daniel Manouchehri, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el diputado PS, Daniel Melo.
Aton.
Después de 11 años de tramitación, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), impulsado por el Gobierno, pasó a su –eventual- último trámite legislativo, luego de que este martes la Cámara de Diputados aprobara el proyecto.
Sin embargo, hay dos diputados oficialistas que no están nada contentos con la noticia. Daniel Manouchehri y Daniel Melo, del Partido Socialista, llevan días emplazando al Gobierno para que vete un artículo específico del proyecto: El que habla sobre las actividades productivas sectoriales en las áreas que supervisaría el SBAP.
El indicado señala que "para el otorgamiento de concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área. Para tal efecto, el órgano competente requerirá del informe favorable del Servicio".
De hecho, los parlamentarios pidieron votación separada para este, con la idea de que se rechazara, sin embargo, no alcanzaron los votos necesarios para ese fin.
Una "
desorientación ideológica" acusó Manouchehri en su intervención en sala. Luego, cuando el proyecto fue aprobado por 127 votos a favor, el legislador aseguró que "se permite y se consagra la industria en áreas protegidas. Lugares como Fray Jorge, Punta de Choros y Torres del Paine son lugares protegidos en donde han aprobado para poder contemplar industria en ellos. Y, en segundo término, hemos dado un paso tremendo para la privatización de nuestros parques nacionales".
Asimismo, indicó que "no puede ser posible que haya un proyecto que diga proteger el medioambiente y la biodiversidad y que contemple la industria dentro de estas zonas. Permite concesiones sectoriales, como la salmonicultura, no resguarda el subsuelo, es decir tenemos espacio para proyectos mineros en algunos lugares".
Su compañero, en tanto, añadió: "Hacemos un emplazamiento al Gobierno y un llamado al Presidente de la República a que vete este artículo para evitar que las concesiones sectoriales se lleven adelante. Aún tenemos tiempo para mejorar este proyecto de ley para que, en definitiva, se cumplan los objetivos que son: proteger la biodiversidad y los ecosistemas de nuestro país".
Con todo, calificó de "contrasentido" el proyecto desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y la protección de la biodiversidad, "puesto que el artículo 92 sobre concesiones sectoriales permite, por ejemplo, que la industria del salmón siga funcionando en zonas protegidas en la zona sur del país".
Respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, impulsor del proyecto, aseguraron que si bien "el veto es una opción que tiene el Presidente en cualquier proyecto de ley para eliminar o modificar algún artículo en particular, luego de que termine su tramitación en el Congreso Nacional", de todas formas consideran "que en una eventual Comisión Mixta podremos discutir y resolver de buena manera estos temas pendientes".
Sin embargo, no concuerdan con los parlamentarios oficialistas, ya que "
una supuesta neoliberización de los parques nacionales no es correcta. En el actual proyecto de ley, las áreas protegidas y su administración siempre recaerán en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)".
De hecho, enfatizaron en sentido contrario, mencionando que "este proyecto de ley, al crear un servicio público que administra todas las áreas protegidas, fortalece el rol del Estado en la protección de la naturaleza".
La iniciativa pasará ahora al Senado para ser aprobado o rechazado con las modificaciones que le hizo la Cámara Baja. De no ser visado pasaría a tercer trámite en una Comisión Mixta –diputados y senadores- para resolver las diferencias entre ambas corporaciones.
