Luego de los reclamos de la oposición, las aprensiones de las Fuerzas Armadas y una forzosa Comisión Mixta que terminó durante la noche del miércoles, el Congreso despachó el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica del país y zonas fronterizas.
El trámite culminó este mediodía, con la aprobación en la Cámara por 110 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones.
Pero para eso primero se tuvo que rechazar en general en la Cámara, donde los diputados argumentaron que había quedado un "Frankenstein jurídico" luego de las distintas indicaciones aprobadas por la oposición en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y se debió formular una Comisión Mixta que destrabó el proyecto solo después de la firma de un protocolo de acuerdo para despejar distintos temas por los que presionó la centroderecha.
Este protocolo de acuerdo, firmado por el Ejecutivo y los parlamentarios de oficialismo y oposición, compromete que desde febrero se van a constituir mesas técnicas de trabajo para analizar propuestas sobre las reglas de uso de fuerza, con el fin de elaborar un proyecto a enviar, con suma urgencia, la primera semana de abril de este año.
Asimismo, se acordó desarrollar una propuesta para la especialización de las policías o FF.AA en protección de fronteras, cuyas conclusiones deberán estar como máximo a mitad de mayo, y a partir de eso elaborar una iniciativa legislativa.
También se reafirmó por parte del Gobierno la decisión de impulsar iniciativas legales como facultar controles de identidad en fronteras; facultades a tribunales para que puedan, en circunstancias de reincidencia, considerar penas en el extranjero; o habilitar al Ministerio Público a realizar actuaciones ante embajadas y organismos consulares ante una detención, pudiendo pedir aumento de plazo de detención de hasta 96 horas.
El debate
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las críticas de algunos sectores por las atribuciones que se están dando a las FF.AA, ante lo que dijo, acompañada de la ministra Maya Fernández y el subsecretario Manuel Monsalve, que "en esta mesa tenemos muchas razones para temer al militarismo, pero esto no es militarismo, es empleo democrático de las FF.AA para una labor que debiera ser parte natural de su misión, porque tiene que ver con la seguridad del país".
Hubo también una intervención del diputado Diego Schalper (RN), que remarcó que los problemas que tenía el proyecto los resolvieron en una tarde, e hizo alusión a la mesa de seguridad que está convocando nuevamente la ministra Tohá. "Dejémonos de chamuyar con la mesa, ¿por qué no traemos los proyectos al Congreso?", dijo.
Tohá, en tanto, aseguró que "hay sectores políticos aquí que se suben y se bajan de la mesa según si se va a sentar un parlamentario u otro, porque hay competencia respecto a quién va a ser el protagonista. No importa el protagonista, importa el resultado".
"Si sirve para esa mesa que no esté esta ministra y esté otra persona, hagámoslo. Pero no subamos y bajamos la prioridad ciudadana de acuerdo a quién va a salir ganando entre los protagonistas políticos", pidió.
Al final del debate se provocó otra discusión: Tohá afirmó que "la panacea de la seguridad
no está en los aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras. Lo que sirve es hacer un trabajo sistemático, silencioso, que no implica buscar réditos pequeños, sino construir ladrillo a ladrillo un cambio en esta sociedad", lo que fue interpretado por la diputada S
ofía Cid (RN) como que estaba llamando "mentirosos" a los parlamentarios y de hecho pidió por esto que la ministra se disculpara.
"No quisiera que nadie entendiera que dije que acá hay un grupo de mentirosos. Lo que he dicho es que en seguridad se buscan aplausos diciendo mentiras. Es una realidad y es una manera en la que se ha discutido los temas de seguridad históricamente. Si alguien sintió a que me estaba refiriendo personalmente, disculpas", aclaró.
El contenido del proyecto
En concreto, el proyecto permite que mediante un decreto supremo fundado suscrito por Interior y Defensa, las FF.AA se hagan cargo de la protección de infraestructura crítica nacional "cuando exista peligro grave o inminente a su respecto", determinando qué instalaciones son las que deben ser protegidas.
Según la norma aprobada, esta definición comprende "el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medioambiente o a la seguridad del país", y en específico infraestructura indispensable para la "generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria".
Esta atribución también podrá usarse para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país.
Para estos efectos, el Presidente deberá designar a un oficial general que tendrá el mando de las FF.AA y de Orden y Seguridad Pública en las áreas especificadas. Los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en estos lugares, según las instrucciones que establezca Interior en el decreto.
La medida puede durar hasta 90 días, aunque se podrá renovar con el acuerdo del Congreso Nacional mientras siga existiendo el peligro "grave o inminente" que dio lugar a su dictación.
Pero además, lo que permite esta nueva regulación es que dentro de tres meses desde publicada esta reforma, Interior y Defensa puedan establecer mediante decretos con fuerza de ley las normas necesarias para regular atribuciones y deberes de las fuerzas para el resguardo de las áreas fronterizas, las que solo podrán permitir el control de identidad y registro en las áreas de las áreas especificadas, así como la detención solo para poner a las personas a disposición de las policías.
