El secretario de Estado detalló además los plazos en los que se desarrollará el proceso.
El Mercurio.
El
ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró este jueves que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir los requerimientos presentados para impugnar los indultos que el Presidente Gabriel Boric otorgó a 12 presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna ayudará a ordenar el debate jurídico que surgió sobre la materia.
Tras participar en la cuenta pública de las fiscalías regionales, el secretario de Estado comentó que "habíamos señalado días atrás que la discusión del indulto se había trabado jurídicamente, en una presentación a Contraloría y en el TC. Con la admisibilidad del TC
más menos se tiende a ordenar esa discusión jurídica".
Asimismo, sobre el proceso, indicó que "lo primero es que el TC ha dado 10 días de plazo para formular las observaciones. Luego, vendrán los alegatos en el mes de marzo y el Estado, en este caso el Ministerio de Justicia, t
endrá la obligación de defender la legalidad de los actos administrativos y de los procedimientos que se han instruido al efecto".
En cuanto a si el Ejecutivo solicitará mayor celeridad en el proceso, Cordero explicó que "el procedimiento ante el TC está relativamente estandarizado, el plazo es el que establece la ley y el tribunal probablemente nos va a comunicar el calendario.
Va a ser en marzo, porque en febrero tienen cierto receso en el tribunal".Cabe destacar que esta jornada, el tribunal declaró admisible los requerimientos
presentados por parlamentarios de Chile Vamos y del movimiento Demócratas, quienes buscan que el organismo revoque la entrega del beneficio, sobre todo en aquellos casos de los reos que contaban con condenas previas al estallido social.
En ese grupo, especificaron la necesidad de revisar los indultos dados a Bastián Ignacio Campos; Claudio Anatanael Romero; Jordano Jesús Santander; Brandon Sebastián Rojas, Felipe Eduardo Santana y
Luis Arturo Castillo, este último caso el más controvertido por su amplio prontuario penal y judicial.