Los diputados de RN Hugo Rey, Marcia Raphael, Carla Morales y Diego Schalper, solicitaron a la Contraloría que instruya un sumario administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), luego del retraso en el proceso de licitaciones vinculadas a programas de alimentación.
Se trataría del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación Párvulos (PAP), así como también, del proceso de licitación de los denominados vales de colación correspondiente a la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).
Según el escrito de los diputados de RN esta situación "constituiría una seria vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes".
Los parlamentarios de RN piden al contralor Jorge Bermúdez, que solicite la información necesaria tanto de la directora nacional de la Junaeb, Camila Rubio como al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, disponiendo de un sumario administrativo.
Esto pues argumentaron que "la falta de continuidad de un servicio que beneficia a miles de niños, niñas y adolescentes transgrede directamente normas de carácter fundamental, que dicen relación con la obtención del bien común y su rol instrumental en pro de la dignidad de la persona".
“Sin duda el panorama parece alarmante y merece profundos cuestionamientos que el Estado, contando con los recursos suficientes para llevar adelante los procesos de licitación, llegue al punto de precarizar –producto de malas gestiones administrativas– las condiciones alimenticias de millones de niños, niñas y adolescentes que esperan que dicha prestación sea proveída por el Estado en el marco del programa educacional", sostuvieron.
Asimismo, se agrega que "se trata de una condición esencial en el desarrollo del proceso educativo de millones de niños, niñas y adolescentes, particularmente de aquellos con menores recursos".
Para los parlamentarios queda en "evidencia una transgresión al principio de celeridad que rige para los procedimientos administrativos y a los principios de eficiencia y eficacia que son reconocidos en nuestro ordenamiento a través de la Ley N° 18.575, constituyendo un imperativo para la Administración, cuya inobservancia puede llegar a constituir una transgresión del principio de probidad administrativa, el cual se encuentra extensamente recogido en nuestra Constitución y en leyes que informan la función pública como la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".
Esta dilación injustificada de un procedimiento, acotan "como es el caso de las fallidas licitaciones, podría inclusive configurar un quebrantamiento a la probidad, ya que la responsabilidad de llevar adelante un proceso en un momento determinado recaería exclusivamente en el jefe de la unidad respectiva", Para los diputados, se trataría de una vulneración del principio de servicialidad.
