El Gobierno de Gabriel Boric presentó este lunes la "hoja de ruta" con una serie de medidas que derivaron del acuerdo en seguridad que suscribieron sin el apoyo de los partidos opositores.
El documento presentado por el Ejecutivo pone foco en la prevención de delitos y cuidado de las víctimas, control, persecución y sanción, institucionalidad y policías.
"El Gobierno de Chile ha trabajado con las fuerzas políticas, sus parlamentarios, las asociaciones de municipalidades y de gobernadores regionales en la elaboración de una agenda de medidas en seguridad para responder a esta sentida prioridad ciudadana", indicó La Moneda en un comunicado.
En esa línea, el Ejecutivo envió un mensaje a los distintos sectores que no firmaron el acuerdo: "Los legítimos debates de la democracia no pueden traducirse en postergar decisiones urgentes que el país debe tomar, ni derivar en un clima de confrontación y recriminaciones que impida avanzar con respuestas serias y fundadas en la evidencia, para prevenir la delincuencia, enfrentarla con decisión y revertir el clima de inseguridad que nos afecta".
"Por ello, superando diferencias, impulsaremos este conjunto de iniciativas legales y de política pública que significarán un salto relevante en las capacidades del país en la materia. E
l Gobierno de Chile se compromete con esta agenda e invita a los diversos actores a enriquecerla y suscribirla", agregó.
Prevención y víctimas
En esta materia, y como primer punto, el acuerdo pone énfasis en niños, niñas y adolescentes, cuya circunstancias de vida "puede derivar en una carrera delictual". " La deserción y el fracaso escolar, el contexto de maltrato y violencia familiar, la ausencia de liderazgos positivos, la falta de alternativas sanas para el tiempo libre y la falta de oportunidades son gatillantes de esos procesos", señalaron.
Para atender esta necesidad, se extenderá el "Programa Lazos" a 95 comunas -actualmente abarca 56- durante los próximos 3 años: "Este programa está evaluado como la mejor política pública en materia de prevención con niños, niñas y adolescentes".
En esa línea, los Municipios y Gobiernos regional tendrán una labor "fundamental en la prevención de delitos". "se avanzará hacia una función compartida entre los tres niveles de gobierno asegurando su consistencia mediante los lineamientos de la política y los estándares técnicos establecidos desde el Ministerio del Interior y, a futuro, desde el Ministerio de Seguridad".
En este punto, el acuerdo también contempla un trabajo en la recuperación de espacios públicos, en el reconocimiento, prevención y respuesta a la violencia intrafamiliar; y una indicación al proyecto de ley que crea el Servicio de Atención a Víctimas.
Control
En esa materia, el acuerdo contempla un aumento de la pena para personas que sean sorprendidas portando armas sin el debido permiso: "Poner suma urgencia durante marzo de 2023 al proyecto de ley presentado".
Se buscará mejorar el control y fiscalización de armas de fuego y municiones mediante el aumento de la cobertura y la incorporación de "modelos de riesgo que permitan focalizar los recursos en la fiscalización de grupos y territorios más vulnerables al desvío de armas".
En control fronterizo, se habilitará el control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas, con exclusión de los centros urbanos, incorporando la posibilidad de registro de vestimentas y equipaje (10 km). El Ejecutivo presentará el proyecto en junio de 2023.
Para infraestructura crítica, en febrero de 2023 se dictará un decreto que regulará las atribuciones de las Fuerzas Armadas para el resguardo de zonas fronterizas: "De esta manera las FFAA podrán realizar controles de identidad, registro a personas y detenciones con el único fin de poner a disposición de las policías".
Para el tráfico y trata de personas, se presentará un proyecto de ley que entregue mejores herramientas para la persecución de este tipo de delito, como el ingreso de una "Ley Anti-Coyotes" para extender la detención de sospechosos mediante diversas vías cuando hay casos de trata de personas.
Persecución y sanción
En esa materia, el Gobierno indicó que seguirán impulsando el proyecto de crimen organizado que se encuentra en el Senado. Asimismo, en 2023 presentará un proyecto de ley complementario que permita levantar el secreto bancario cuando hay sospecha de este tipo de ilícitos.
Ante la ocupación ilegal de predios e inmuebles, se presentará una iniciativa que facilita la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales.
Policías
Se establecerá el Ministerio de Seguridad con las "competencias efectivas para llevar adelante el control civil de las policías de manera profesional y con continuidad institucional más allá de los ciclos políticos".
Además, se modernizará la carrera e institucionalidad policial de Carabineros y se aumentará la dotación de la Policía de Investigaciones, donde 200 nuevos oficiales policiales profesionales serán contratados.
También se considera el aumento de 900 plazas del personal de Carabineros.
