La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas evaluó positivamente la gestión del año pasado e informó sobre la fiscalización de extracción no autorizada de agua y la incorporación a su labor de nueva tecnología para supervisar de manera más eficiente el correcto uso del agua, además de un plan especial para monitorear ríos, tranques y lagunas este verano. Al 31 de diciembre de 2022, la DGA abrió a nivel nacional 1.654 expedientes y 1.384 fueron resueltos, incluidos algunos de años anteriores, cursando 555 multas, tanto a empresas como a personas naturales y jurídicas, por extracción ilegal de agua, modificación de cauces o construcción de obras sin permisos, las que sumaron 77.884 UTM, equivalentes a más de $2748 millones. En el organismo explicaron que la fiscalización y aplicación de multas no persiguen un fin recaudatorio, sino que disuadir a la población y titulares de derechos de incurrir en faltas al Código de Aguas, buscando un correcto uso de este recurso y velando por el equilibrio entre sus usos y el derecho humano a ella.
