Este martes fue publicado en el Diario Oficial el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) que permitirá al Gobierno desplegar a las Fuerzas Armadas en las fronteras, con miras a colaborar con las policías en el control migratorio y de seguridad en zonas que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal de personas, como la macrozona norte.
El documento, creado tras la aprobación de la ley de infraestructura crítica, establece el marco legal bajo el cual los militares pueden actuar en caso de enfrentarse a ese tipo de situaciones, el cual consta de una serie de pasos que van desde la revisión de la identidad hasta el uso de la fuerza como último recurso.
Según el decreto, las FF.AA. podrán solicitar los documentos de cualquier persona en las fronteras, registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos si es que existe alguna presunción de que esta pueda cometer un crimen o delito o algún indicio que
"permita inferir que la persona tiene orden de detención pendiente".
Asimismo, detalla que los uniformados deberán actuar bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad, junto con especificar que antes de cualquier acción debe cumplir con el deber de advertencia, evitar daño colateral y considerar la legítima defensa.
En este último punto, el texto establece que "antes de recurrir al uso de la fuerza o empleo del arma de fuego, se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona o grupo de cometer una agresión", señalando siete pasos antes de proceder a ocupar las armas de servicio.
En primer lugar, podrán emplear medios disuasivos, como desplegar vehículos y personal militar armado en la zona. Si la persona o el grupo de personas que vulnere la frontera no se detiene, los funcionarios pueden usar otros elementos como granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno.
El siguiente paso en caso de negativa a un control es el uso de armamentos no letales o antidisturbios, especificando que no se podrán disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro. Si la amenaza persiste, el DFL señala que los militares podrán
"preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla".
Si ninguna de esas acciones funciona, podrían realizar disparos de advertencia. La opción de usar el arma de fuego quedó restringida "solo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas letales o que pongan en peligro la vida de otras personas".
Tras la publicación de esas reglas, el Gobierno espera enviar esta misma semana a personal uniformado a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, tal como lo habría informado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a los líderes de los partidos oficialistas el lunes pasado.
Tras determinar las zonas específicas en las que se desplegarán las tropas y delimitar su perímetro de acción, el Ejecutivo debe crear un nuevo decreto que debe pasar por el proceso de toma de razón por parte de la Contraloría General.
Reacciones políticas
Tras la publicación del documento, los parlamentarios de la oposición, tanto de Chile Vamos como desde el Partido Republicano, lamentaron la serie de restricciones que a su juicio se le impusieron a las FF.AA. para participar en el control de las fronteras.
Por ejemplo, el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, señaló a El Mercurio que “el Gobierno todavía no entiende que posiblemente cuando se susciten situaciones de uso de la fuerza, lo que ocurrirá es que las FF.AA. estarán enfrentándose con crimen organizado".
En tanto, la senadora de la UDI,
Luz Ebensperger, cuestionó que al momento de realizar un control de identidad se haya establecido que "tiene que haber una suposición de que se va a cometer un delito o cuasidelito, lo que me parece que es insólito (…) no es lo adecuado".
Mientras, el diputado republicano Cristián Araya sostuvo que el decreto "no refleja en nada la discusión que se dio en la comisión mixta, en la que muchos insistimos en que el principio rector debía ser la racionalidad. (…) Al parecer, el Gobierno aún no entiende la gravedad de lo que se vive en el norte".
Sin embargo, desde el oficialismo valoraron el contenido del texto. Al respecto, el jefe de la bancada de diputados del PS, Marcos Ilabaca, recordó que "cuando señalamos que teníamos que entregar mayores atribuciones al Estado para poder enfrentar este tipo de situaciones, creo que estábamos en lo correcto".
"Vamos a estar apoyando y entregando todas las herramientas que podamos para poder combatir la migración ilegal, el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia", agregó, en la misma línea que su par del PC, Boris Barrera, quien destacó que se incluyó las preocupaciones de su sector sobre el respeto a los DD.HH.
"Espero que cumpla su objetivo y espero que se pueda usar de buena manera", dijo el legislador comunista.
