La Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) abordó este miércoles la publicación del pasado 13 de febrero de El Mercurio, donde se daba cuenta de un importante aumento de licencias médicas al interior del organismo.
En dicha publicación, se detalló que las licencias médicas crecieron un 48% en el último año, siendo el número de funcionarios se ha mantenido constante. De hecho, se presentaron más licencias que en los años más álgidos de la emergencia sanitaria. Los justificativos fueron tantos (2.485) que más que duplicaron al número de funcionarios (914).
El texto también señala que algunos funcionarios habrían denunciado que el año pasado estaban "colapsados", debido a que "ningún equipo está completo", mientras que otros apuntaron a que las licencias se podrían explicar por el temor "de que se produjera un recambio de personal por el nuevo Gobierno".
Frente a ello, en una carta dirigida al citado medio, la directiva de los funcionarios profundiza en las razones del alza de las licencias, descartando un uso fraudulento y apuntan a razones como poco personal -y su eventual desgaste-, además de "maltrato y acoso institucional" y problemas de gestión; todo ello, arrastrado por varias administraciones.
La carta detalla en primer lugar que "es cierto que existe un aumento importante de licencias frente a 2021 por sobre el porcentaje nacional, lo que preocupa y llama la atención, pero que requiere de mayor análisis para comprender el origen u orígenes de las mismas".
En un segundo punto, subrayan que "no existe un uso fraudulento de licencias, como lo esboza la publicación; aquí no hay otros fines que no sean el reposo por enfermedad; no es una forma que las y los trabajadores tengamos de "cuidar el trabajo", por lo que le convocamos a denunciar los casos que conozca ante los organismos competentes".
En tercer lugar, aclaran que efectivamente, son "pocos trabajadores" -alrededor de 900 a nivel país-, "con una insuficiente dotación conocida por autoridades y parlamentarios de todo el espectro político por años, pero sin solución ni mejora, pese a las dificultades que implican en el control y supervisión de los programas".
Asimismo, subrayan que "las situaciones de preocupación que hoy se publican no son nuevas, muchas de las dificultades y enfermedades sufridas durante 2022 dicen relación con decisiones y un estilo de gestión anteriores que dañaron fuertemente la institucionalidad como a las personas".
"El maltrato y acoso institucional, sumados a un deslegitimado proceso de reestructuración interna, que fue invalidado por la Contraloría General de la República por no ajustarse a la legalidad y que durante 2022 hubo que revertir, impactaron en la salud de las y los trabajadores como en la estabilidad y continuidad de las funciones, pudiendo también impactar la gestión institucional", agrega la carta.
Por último, hacen énfasis en que "el desgaste institucional ha sido un proceso paulatino de diversas administraciones, que ha precarizado el trabajo como las facultades institucionales, haciendo de la debilidad de Junaeb un gran negocio".
"Se requieren esfuerzos serios para fortalecer la institucionalidad, facultades, roles y dotación, una nueva ley que dé forma a una Junaeb del futuro y permita superar estas dificultades a la altura de la institución que brinda el principal soporte de la educación en Chile", cierran.
La misiva está firmada por la presidenta nacional, Carolina Pizarro; el secretario nacional, Dantón Vera; la tesorera, Natalia Ramos; y el director nacional de la Asociación de Funcionarios de la Junaeb, Daniel Bayona.
